Autoridades en funciones de diferentes niveles, cuando 43 estudiantes de magisterio de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en México en 2014, supieron en todo momento lo sucedido, pero ocultaron y manipularon información sobre el paradero de los jóvenes, concluyó un grupo de expertos que ha acompañado la investigación del crimen durante años.
Marinos, miembros del Ejército, policías, funcionarios de Iguala, en donde sucedieron los hechos, así como del estado Guerrero, además de órganos de inteligencia supieron minuto a minuto, con monitoreo en tiempo real, la ubicación de los jóvenes, dijo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe final.
El GIEI, que se sumó a las pesquisas sobre el crimen contra los estudiantes del magisterio, la noche del 26 de septiembre del 2014, a pedido del anterior gobierno mexicano, destacó que las autoridades obstaculizaron sistemáticamente la información y construyeron una versión falsa de los hechos alrededor del crimen contra los jóvenes.
“Todos colaboraron para desaparecerlos”, acusó Carlos Beristain, experto del GIEI, quien junto con la penalista Ángela Buitrago presentó a periodistas el último reporte sobre la participación del grupo, que concluye el 31 de julio de manera definitiva.
El reporte señala que marinos y militares habrían manipulado información relevante del caso en operaciones conjuntas que mantuvieron en secreto y mencionó la existencia de videos donde se muestra cómo son amenazados, torturados y esposados presuntos involucrados en el caso. El GIEI no divulgó ninguno de ellos.
La Marina ha dicho que su papel se ha concretado, hasta ahora, en dar seguridad “periférica” durante operativos de búsqueda en torno a las pesquisas.
El año pasado, el actual gobierno mexicano calificó como “crimen de Estado” lo sucedido a los estudiantes y admitió que las evidencias apuntaban a que fueron ultimados y que no había “indicios” de que se encontraban con vida.
Decenas de personas, entre ellos militares y policías, así como funcionarios -incluido el entonces alcalde de Iguala- han sido detenidos por su presunta participación en la desaparición de los jóvenes. Sin embargo, algunos han salido libres bajo el argumento de que fueron torturados.
Desde el inicio de la investigación, padres de los estudiantes y sus abogados han acusado al Ejército y fuerzas de seguridad de ocultar información e, incluso, de estar directamente vinculados en la desaparición de los jóvenes.
Representantes de los padres, quienes atestiguaron la presentación del informe del GIEI, declinaron comentar sobre las revelaciones del documento y dijeron que fijarían una postura más adelante.
Por la mañana, antes de la divulgación del reporte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa diaria que el Gobierno continuará con la investigación, en la que “se ha avanzado mucho”.
Los hechos
En el extenso informe, el GIEI señala que durante horas cruciales del ataque a los jóvenes, previo a su desaparición, un centro de información policial recibió al menos 500 llamadas telefónicas denunciando la agresión.
El reporte indicó también que un análisis a un mapa de localización de comunicaciones reveló que soldados que habían dicho estar en descanso o en instalaciones militares la noche del ataque, estuvieron en sitios donde un grupo de los estudiantes habrían sido trasladado.
Buitrago señaló que documentos, fotografías y testimonios también revelaron que miembros de las secretarías de Marina y Defensa Nacional (Sedena) realizaron operaciones secretas en las que detuvieron a cinco presuntos criminales, de los que se desconoce su paradero, y la posible ejecución extrajudicial de otros dos detenidos.
El GIEI no dijo quienes podrían haber matado a esos dos detenidos ni explicó cómo llegaron a la presunción de que habrían sido ejecutados.
Sedena dijo que por ahora no tenía una opinión sobre lo mencionado por el GIEI, cuando se le preguntó sobre el caso. La Marina no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El informe señala que existen discrepancias en archivos internos de Sedena en los que se habla del hallazgo del cadáver del estudiante Julio César Mondragón, quien fue desollado la noche del ataque en Iguala. De acuerdo a los expertos, esos documentos generan serias dudas sobre la posible manipulación del cuerpo.
Al respecto, Sedena respondió al GIEI, de acuerdo al informe, que las diferencias de hora, lugares y batallón que informó sobre el hallazgo de Mondragón fueron registradas por un “error involuntario”.
Hasta ahora no han sido claras las razones que produjeron el ataque, de acuerdo a expertos, que aseguran que no existen documentos que demuestren que los jóvenes estuvieran vinculados con grupos criminales, pero si de la colusión de militares y otras fuerzas de seguridad sirviendo a estos grupos.
