Lo que parecía haber sido una jornada más de comparecencia en los tribunales de Comodoro Py durante la mañana, terminó con una orden de allanamiento de parte del juez federal, Claudio Bonadio, a uno de los edificios de la expresidenta Cristina Fernández, en horas de la tarde, en el barrio de la Recoleta.

En un día negro para Cristina Kirchner, un grupo de agentes de la Policía Federal ingresaron a los espacios comunes del inmueble donde reside la expresidenta para revisar sitios entre el primer y cuarto piso, sin acceder al departamento particular por estar protegido por los fueros de la actual senadora. "Van a tener un problema grande los que hicieron esto, porque no es legal", advirtió en medio del procedimiento el abogado de Cristina K, Gregorio Dalbon.

La jornada para la exmandataria comenzó con los tres escritos que presentó en la audiencia con Bonadio. Acusada de ser jefa de una "asociación ilícita", en el marco del caso de los "Cuadernos K", Fernández apuntó directamente contra la figura del Presidente Mauricio Macri y se negó a responder preguntas.

"A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como Presidente he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución", detalló en uno de los escritos, lanzando duros dardos contra la Casa Rosada.

Fernández pidió la nulidad del caso, negando "de manera terminante" los cargos y denunció una "persecución judicial en su contra".

La exmandataria, exigió que Macri y que el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, por su rol de operador político, también sean citados a declarar. Todo, tras el involucramiento de Ángelo Calcaterra, primo del Presidente, como imputado colaborador.

Y como si fuera poco, además de poner en duda la veracidad de los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, Cristina K pidió apartar al juez Bonadio y también al fiscal, Carlos Stornelli, de la investigación.

Impacto político

Mientras su imagen como figura presidencial iba en ascenso de cara a las elecciones de 2019, Fernández volvió a verse involucrada en una causa judicial que la pone contra las cuerdas.

"Puede afectarle en la capacidad de atraer votantes independientes, esto es, de obtener apoyo por fuera de su núcleo duro", dijo a La Tercera el analista político de Medley Global Advisors, Ignacio Labaqui. Según el experto, el otro impacto es sobre su estrategia: "Desde hace unos meses Cristina mantenía un silencio que buscaba reducir su alto nivel de rechazo y que la opinión pública estuviera centrada en los problemas económicos y en el gobierno".

Sin embargo, la idea de Bonadio de procesarla también podría revolucionar las fuerzas de la oposición, ante un inminente pedido de desafuero por parte de la justicia. "La dinámica judicial puede llevar a que el bloque del peronismo no K revise su postura", señaló Labaqui.

Camino judicial

En medio de esta tormenta, el Senado se reunirá mañana para tratar un pedido de allanamiento al domicilio de la expresidenta por la misma causa.

Aún así, a juicio de los expertos, el camino judicial todavía es amplio y con muchas aristas antes de eventualmente ver a Cristina tras las rejas. Para Roberto Durrieu, Doctor en Derecho Penal de la Universidad de Oxford, "en principio no hay razones para que vaya a la cárcel durante el proceso penal. Para que eso pase tiene que existir algún indicio de que se va a fugar o que va a ejercer algún tipo de influencia contra el desarrollo del proceso".

Pese a las polémicas, en lo concreto la expresidenta ha sumado un nuevo procedimiento judicial en su contra. "Ha dado signos de querer someterse a la justicia y de presentarse en el juzgado cada vez que la citan para ejercer su derecho de defensa", agregó Durrieu.