La cuestionada compra de 170 ventiladores mecánicos por cuatro veces su valor de mercado para enfrentar la pandemia se transformó en un duro revés para la mandataria interina de Bolivia, Jeanine Áñez. A las acusaciones de corrupción y ante la solicitud de devolución del dinero, la empresa española fabricante acusó acusar al Ejecutivo boliviano de “perder” los equipos, mientras el Ministerio de Salud aseguró que están en “custodia hasta que se termine el proceso judicial”.

El mismo día en que el país superó los 100 mil contagiados de Covid-19, con un total de 101.223 casos y 4.123 muertos, el gobierno interino de Áñez solicitó este martes a la justicia poner fin al contrato entre ambas partes y exigió la devolución de US$ 2,2 millones que ya habían pagado.

La polémica se remonta al 14 de mayo, cuando tras una solicitud con “carácter de urgencia” llegaron a Santa Cruz los aparatos sanitarios, que fueron recibidos por Áñez y por los que el Palacio Quemado desembolsaría un total de US$ 4,7 millones a través del proveedor IME Consulting Global Service, intermediario con la empresa catalana GPA Innova.

A los pocos días, la prensa boliviana reveló que cada ventilador básico tenía un valor de US$ 7.194, pero que el país acordó pagar cerca de US$ 28 mil por cada uno. El Ministerio Público calculó un sobreprecio total de US$ 3,3 millones.

En un año electoral y en plena crisis sanitaria, Áñez -que también es candidata- exigió la salida del entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien fue reemplazado por Eydi Roca y además determinó iniciar un proceso legal contra “los posibles responsables”, “caiga quien caiga”.

Según el diario paceño Página Siete, la empresa española en una “solución amigable” ofreció entregar otros 170 nuevos equipos si se cumplía el contrato, pero el Ejecutivo boliviano respondió que les “complica la devolución” de estos respiradores ya que se “desconoce el paradero de varios” y que no todos tenían los accesorios necesarios para funcionar.

La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) habría enviado una carta para finalizar el trato con la empresa, argumentando que “no entregaron los equipos en el plazo y lugar acordados, lo que complica la devolución, porque se desconoce el paradero de varios y que estaban incompletos”. El abogado de la firma española Ramiro Vega, señaló que se trata de una “irresponsabilidad” del gobierno al “pedir que se salten los protocolos de recepción y pedir que los respiradores vayan directamente a un acto político”, ya que para ellos la entrega oficial se realizó en Barcelona.

Sin embargo, al final de la jornada del lunes, la ministra Roca intentó calmar las dudas tras señalar que los “respiradores están en custodia”, sin ahondar la cantidad ni la ubicación. En medio del entuerto judicial, un portavoz del Ejecutivo boliviano explicó este martes que los ventiladores están localizados: “No se han utilizado y para resolver el contrato nosotros tenemos que devolver los equipos y ellos la plata”.