El Centro Carter, uno de los veedores acreditados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, declaró este martes que la elección presidencial en el país sudamericano “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”.
La organización sin fines de lucro -fundada en 1982 por el expresidente estadounidense Jimmy Carter y su esposa Rosalynn-, ha actuado de observador en 124 elecciones en 43 países, teniendo además el rol de mediador en crisis internacionales y reforzando los sistemas nacionales, regionales e internacionales dedicados a la democracia y los derechos humanos.
En Venezuela principalmente desplegó 17 expertos y observadores a partir del 29 de junio, con equipos en Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia, reuniéndose la misión con una amplia gama de actores, incluyendo el CNE, candidatos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, grupos de observación ciudadana, representantes de los medios de comunicación, funcionarios gubernamentales, las fuerzas armadas y expertos electorales.
Por medio de una declaración oficial, el Centro Carter enfatizó que “no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela”.
“El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional”.
En este sentido, el escrito indica que los comicios de desarrollaron en un ambiente de “libertades restringidas, en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación”.
Asimismo, el organismo internacional señala que, a lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición.
“En el campo específicamente electoral, la actualización del registro de electores se realizó con numerosos inconvenientes: plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas”, sostiene el pronunciamiento.
Detallaron además que el problema “se agravó en el exterior”, remarcando que los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero.
“El resultado de la restrictiva jornada especial se tradujo en cifras muy bajas de nuevos votantes en el exterior”, agrega.
A su vez, detallan que el registro de partidos y candidatos tampoco se adecuó a estándares internacionales.
“En los años recientes, partidos de la oposición han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de sus liderazgos social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas. De manera aún más importante, la inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos”, acotan.
Desequilibrio en la campaña
Desde el Centro Carter enfatizaron que la campaña electoral se desarrolló con un notable desequilibrio a favor del gobierno en todos los campos, disponiendo la candidatura oficialista de “amplios recursos”, que se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor.
“Se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos, la movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales. Asimismo, la candidatura gubernamental tuvo preponderancia en la televisión y la radio, tanto en publicidad, transmisión de eventos y cobertura noticiosa”, añade.
Sumado a ello, se indicó que las autoridades “intentaron restringir las campañas de la oposición, incluyendo la persecución e intimidación de personas que prestaron servicios o vendieron bienes para el proselitismo opositor para generar un efecto disuasivo”.
“Pese a este contexto, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para expresar sus preferencias. La jornada de votación transcurrió de una manera cívica, pese a restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales y, sobre todo, testigos de partidos, mecanismos de eventual presión sobre el electorado (puntos de control partidario gubernamental en la cercanía de los recintos para verificar la asistencia de los votantes) e incidentes de tensión o violencia reportados en algunas localidades”, repasa.
En torno al número limitado de recintos que fueron visitados por los equipos de observadores del Centro Carter, se pudo comprobar “la voluntad de la ciudadanía venezolana por participar en un proceso electoral democrático y demostrando su compromiso cívico como integrantes de mesa, testigos de partidos y observadores”.
“Estos esfuerzos fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia del CNE en la difusión de los resultados”, sentencia el documento.
Cabe precisar que el CNE firmó un memorando de entendimiento para garantizar que la misión del Centro Carter pudiera observar libremente, de acuerdo con sus estándares metodológicos.
Dada la cantidad de integrantes, las observaciones directas del organismo internacional “fueron limitadas”, especialmente el día de las elecciones.
En los próximos días, el organismo internacional anunció que publicará un informe final de su misión de observación en Venezuela, detallando todos los hallazgos de esta situación.
