Era la tercera manifestación masiva de los "chalecos amarillos" en Francia, con apenas la mitad de asistentes que en su primera movilización el 17 de noviembre, pero las llamas, los gases lacrimógenos y los escritos contra Emmanuel Macron en el símbolo parisino del Arco del Triunfo el sábado pasado, encendieron las alertas del gobierno, y esta vez con más urgencia. El diario Libération incluso señaló que "París, sin duda, ha experimentado su movilización más violenta desde los acontecimientos de mayo del 68".

Ante aquel panorama, el Presidente francés se ha limitado a señalar que respeta las protestas, condenó la violencia y felicitó a la policía. Por ahora, Macron encargó a su primer ministro, Édouard Phillipe, reunirse con los líderes de los distintos partidos políticos y mantener este martes un encuentro con representantes de los "chalecos amarillos" o "gilet jaunes", para analizar cuál será la respuesta.

Pero los tiempos son limitados y este movimiento no pretende dar tregua. De hecho, ya convocaron a una cuarta manifestación, la tercera en París, para este sábado 8 de diciembre.

Si bien el principal reclamo de los "chalecos amarillos", ha sido el alza del precio del combustible anunciado por Macron, el descontento se diversificó. Hoy, el movimiento integra un malestar más profundo que une a todos quienes se han sentido pasados a llevar por las políticas y reformas del mandatario francés, catalogado como el "Presidente de los ricos". Es esa etiqueta la que mejor resume el movimiento que se alza hoy en las calles en Francia, identificado por el famoso chaleco reflectante que los conductores franceses deben usar obligatoriamente ante algún incidente en la carretera. Se trata principalmente de personas de clase media que viven en las zonas rurales, ganan en promedio mil euros, pero que se les acaba el día 20 de cada mes. De esta manera, la protesta es también contra la pérdida del poder adquisitivo. Un descontento que superó cualquier afán político, puesto que no hay partidos políticos ni sindicatos detrás de este movimiento y las posiciones políticas de los manifestantes son transversales. Es por ese motivo que el grupo carece de estructura y de líderes reconocibles.

Una encuesta de Harris Interactive revelada este lunes, demuestra que pese a los actos de violencia, que fueron condenados por los principales portavoces del movimiento, el 72% de los franceses apoya a los "chalecos amarillos".

Entre sus demandas, además del congelamiento al alza en los precios del combustible, se menciona un aumento del salario mínimo, la organización de referendos regulares sobre las principales orientaciones sociales del país y la adopción de una votación proporcional para las elecciones parlamentarias con el fin de que la población esté mejor representada en el Parlamento, entre varias otras.

Una salida a la crisis

Pero la falta de soluciones enfadó aún más a los "chalecos amarillos", puesto que Macron anunció el 27 de noviembre una "gran consulta nacional" sobre el tema, pero sin especificar mucho más se dirigió a Argentina para participar de la Cumbre del G20. Las respuestas han demorado en llegar según los manifestantes, que también piden la disolución de la Asamblea Nacional para convocar a elecciones anticipadas, o un referendo sobre la política ecológica y fiscal de Macron. Para los analistas se trata de la más grande crisis social a la que se ha tenido que enfrentar Macron desde que asumió la Presidencia en mayo de 2017.

"Se pide un cambio de rumbo en la política económica y social, y un cambio en su actitud personal, considerada demasiado despectiva hacia las categorías sociales más afectadas por la crisis", asegura a La Tercera Jean-Yves Camus, investigador asociado del think tank francés Iris.

En esa línea, este experto asegura que "el Presidente puede superar esta crisis si anuncia rápidamente medidas concretas sobre el poder de compra", y añade que "el impuesto sobre el combustible es solo un aspecto de la manifestación de los 'chalecos amarillos'. La fractura social es el verdadero problema".

De todos modos, el Presidente canceló una visita oficial a Serbia programada para este miércoles, por lo que se esperan anuncios antes del sábado. "El gobierno no tiene derecho a un tercer sábado negro", advirtió el titular del Senado, Gérard Larcher.b