Ayer, finalmente -a 10 minutos de dejar su cargo- la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, entregó el esperado reporte, tras muchos retrasos debido a las protestas de China, que concluye que la detención arbitraria de uigures y otros grupos étnicos de mayoría musulmana en la región occidental de Xinjiang podría ser un crimen contra la humanidad.

Grupos de derechos humanos y el gobierno japonés celebraron la publicación del informe, que se había visto atrapado en un tira y afloja entre China y otros, críticos con las demoras y que presionaban para que se publicara el informe.

El documento publicado el miércoles por la noche por la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas en Ginebra concluye que China ha cometido graves violaciones de derechos humanos dentro de sus políticas contra el terrorismo y el extremismo y pide “atención urgente” de la ONU, la comunidad internacional y la propia China para corregirlas.

El reporte corrobora en gran parte reportes previos de investigadores, grupos activistas y medios noticiosos, y se mantiene cuidadosamente al margen de estimaciones y otros hallazgos que no pueden demostrarse con certeza. Además, sus conclusiones se ven reforzadas por el peso de Naciones Unidas, aunque China no dio indicios de querer retirar su rechazo general a las acusaciones y mantuvo su descripción de las críticas como una campaña politizada de desprestigio orquestada por Occidente.

En una protesta en términos firmes que la ONU incluyó en su reporte, la delegación diplomática china en Ginebra expresó su firme oposición a que se publicara el informe y afirmó que ignora los avances en derechos humanos realizados en Xinjiang y el daño causado a la población por el terrorismo y el extremismo.

“Basado en la desinformación y las mentiras elaboradas por fuerzas antichinas y en la presunción de culpabilidad, el llamado ‘análisis’ distorsiona las leyes chinas, difama y calumnia descaradamente a China e interfiere con los asuntos internos de China”, indicaba la protesta.

Human Rights Watch y Amnistía Internacional pidieron a la ONU y otros gobiernos que realizaran una investigación independiente sobre los abusos de derechos humanos.

“Nunca ha sido tan importante que el sistema de Naciones Unidas se plante ante Beijing, y se alce con las víctimas”, dijo John Fisher, subdirector de activismo global de HRW.