El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, avisó hoy de la existencia de una "nueva etapa" de la represión en Nicaragua con restricciones de derechos que apuntan a la implementación de un "estado de excepción".

"Ese camino de empezar a constituir normas de excepción a las garantías constitucionales, a las libertades, estableciendo un régimen de prohibiciones en el país, nos parece apuntar a una transformación de un Estado de derecho a un estado de excepción", afirmó el titular de la CIDH.

Abrão se posicionó así en una audiencia para evaluar denuncias de represión y violencia durante las protestas contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en el marco del 169 periodo de sesiones del organismo, que se celebran en Boulder (Colorado).

El secretario ejecutivo de la Comisión mencionó "cambios de costumbres" y la "normalización de excepciones" mediante decretos como el emitido en septiembre por la Policía Nacional para establecer que es "ilegal" organizar protestas contra Ortega.

Ese "régimen de prohibiciones" podría demostrar que Nicaragua se está sumergiendo en una nueva etapa de la represión, indicó Abrão.

El Gobierno nicaragüense no envió hoy a ningún representante a comparecer ante la CIDH porque consideró que las dos audiencias sobre su país no debían haberse celebrado.

Según explicó Antonia Urrejola, relatora de Nicaragua, el Ministerio de Exteriores envió este lunes a la Comisión una nota en la que consideraba "improcedente e innecesario" la celebración de las audiencias porque el Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) ya está actuando sobre le terreno.

El Meseni es un organismo creado por la CIDH y que tiene como objetivo vigilar la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

Además, el Ministerio de Exteriores remitió a la Comisión un informe sobre la situación de los derechos humanos.

Urrejola explicó que el Ejecutivo de Ortega no participa desde 2015 en las audiencias públicas de la Comisión para evaluar la situación de los derechos humanos en el continente americano.

En la primera de las audiencias, miembros de la ONG Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y periodistas de Radio Darío y Canal 100 % Noticias, entre otros grupos, denunciaron "el asedio frontal de fuerzas paramilitares y policiales" que tratan de impedir el flujo de la "información independiente".

Desde el inicio de las protestas, un periodista ha sido asesinado, otro fue herido de bala, cinco canales de televisión han sido censurados y 38 comunicadores han sufrido amenazas de muerte, secuestros o han visto cómo sus equipos eran robados, detalló el dueño de Radio Darío, Aníbal Toruño.

Esta radio, la emisora más importante de León (oeste de Nicaragua), fue quemada en abril supuestamente por simpatizantes de Ortega en represalia por su línea crítica con el mandatario.

Toruño, además, denunció "intimidación por parte de la policía y paramilitares" a corresponsales del diario La Prensa y lamentó la expulsión este lunes de Nicaragua de un documentalista de origen austríaco-estadounidense que trabajaba para los diarios The Guardian y The Washington Post.

En la segunda sesión, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) denunciaron las detenciones arbitrarias y falta de acceso a la justicia que sufren los defensores de derechos humanos en Nicaragua.

Los grupos dijeron haber recibido 182 denuncias de violencia contra defensores de derechos humanos, entre los que se encuentran mujeres que han padecido violencia sexual mientras eran detenidas, especialmente en la cárcel de El Chipote, uno de los penales donde hay manifestantes presos.

El comisionado Joel Hernández, relator para las personas privadas de libertad, dijo haber recibido información sobre una mujer que fue violada en El Chipote, así como denuncias de presas a las que los guardias obligaron a tomar baños de madrugada o hacer sentadillas mientras están desnudas.

"Son casos que nos preocupan y sean actos aislados o parte de un patrón generalizado, hay que documentarlo", subrayó.

En un informe presentado en junio, la CIDH documentó un "patrón" del uso de la violencia por parte de la Policía y grupos paramilitares, así como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, censura en medios de comunicación y obstáculos para la atención médica.

Desde que comenzaron las protestas el 18 de abril, la Comisión ha emitido medidas cautelares para proteger los derechos de 115 individuos y sus familiares, detalló Urrejola.