La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado este miércoles el agravamiento de la situación de inseguridad estructural en Haití, en particular los conflictos y actos de violencia armada que afectan a los barrios populares de la capital, Puerto Príncipe.

“La CIDH observa con preocupación que los enfrentamientos entre grupos armados en la zona de Cité Soleil, una comuna del área metropolitana de Puerto Príncipe, dejaron 99 muertos, 135 heridos y más de 2.500 desplazados entre el 7 y el 14 de julio, según información de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA)”, ha subrayado el organismo en un comunicado.

Así, ha hecho hincapié en que “las acciones de las bandas armadas han paralizado el popular barrio, que cuenta con más de 300.000 habitantes, y han impedido el acceso a los servicios públicos y a las actividades esenciales y de emergencia en la zona, además de afectar al funcionamiento del puerto de Varreux, que es el punto de acceso de mercancías y ayuda humanitaria en el país”.

En este contexto, la CIDH ha solicitado “el cese inmediato de la violencia de las bandas armadas y de las actividades delictivas”, y ha instado al Estado a regular “el acceso a las armas pequeñas y a las municiones en el país, a identificar y perseguir a los actores no estatales que participan en la violencia o la apoyan, y a condenar las actividades delictivas o las violaciones de los Derechos Humanos en Haití”, esgrime el comunicado.

Asimismo, ha pedido al Estado y a la comunidad internacional que implementen soluciones basadas en la protección integral de los Derechos Humanos y prevengan la introducción ilegal de armas y municiones en el país, así como su transmisión a los grupos armados.

El informe ha reclamado también que los mecanismos implementados para responder a los principales desafíos de seguridad en Haití cuenten “con los principios de participación social de los individuos, grupos y comunidades directamente afectados, sin discriminación, y con transparencia y responsabilidad”.

En este sentido, la comisión ha destacado que el Consejo de Seguridad de la ONU, que amplía el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) e insta a los Estados miembros de la OEA a promover medidas coordinadas para la protección general de los derechos humanos de la población haitiana.

Durante el primer semestre del año, 934 personas murieron, 680 fueron secuestradas y 684 resultaron heridas como consecuencia de acciones cometidas por grupos criminales, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Haití atraviesa una situación de crisis. Desde el magnicidio del presidente, Jovenel Moise, el pasado 7 de julio, la siempre convulsa situación política y económica de Haití se vio aún más golpeada. Pronto el vacío de poder degeneró en una crisis de seguridad, con asesinatos y secuestros a diario, sobre todo en amplias zonas de la capital.

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