La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes la “persecución sistemática de voces disidentes” y las detenciones “arbitrarias” de periodistas en Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio, y ha pedido a la comunidad internacional que denuncie “la censura y las prácticas represivas ejercidas como parte del patrón que busca generar terror en la población venezolana”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH ha registrado alrededor de 1.505 detenciones entre el 28 de julio y el 19 de agosto, incluidos al menos diez periodistas, “de los cuales cuatro enfrentan acusaciones infundadas de terrorismo por cubrir manifestaciones”. Además, “al menos seis periodistas y trabajadores de la prensa han decidido exiliarse por razones de seguridad”.
“La RELE condena el abuso de poder del régimen venezolano, que emplea mecanismos institucionales para silenciar y reprimir a quienes critican o disienten, especialmente en relación con el proceso electoral. Estas prácticas de violencia institucional y terrorismo de Estado (...) instauran un clima de miedo e intimidación generalizado con el objetivo de perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder”, reza un comunicado de este organismo.
Estas detenciones, ha explicado la RELE, “suelen estar precedidas por allanamientos y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad” y, en el caso de “detenciones y procesos penales contra periodistas y activistas, se llevan a cabo bajo la Ley contra el Odio, sin garantías judiciales y con severas restricciones al derecho de defensa”, según información de la sociedad civil recogida por esta institución.
Entre los cargos más comunes se incluyen “terrorismo, incitación al odio, instigación pública, asociación ilícita, alteración del orden público y obstrucción de la vía pública (...); manipulación o fabricación de pruebas por parte de las autoridades”.
Estigmatización creciente de periodistas y medios
En el contexto postelectoral, ha sido especialmente acuciante la persecución contra periodistas y medios de comunicación, que han visto incrementados los registros y cierres, la confiscación de equipos, las deportaciones de profesionales internacionales, las amenazas y despidos injustificados, la censura y la extorsión, entre otros.
“Estos actos han generado un clima de miedo entre las personas trabajadoras de la prensa, quienes se han visto obligadas a tomar medidas de seguridad para su autoprotección, tales como refugiarse en sus residencias, limitar su actividad en redes sociales y evitar cubrir temas de alto interés público”, agrega la nota de la Comisión.
En algunos casos, denuncia la CIDH, se han puesto en circulación listados con nombres, fotografías y otros datos personales de miembros de las mesas electorales, periodistas o líderes sociales a fin de facilitar su detención.
Estas acciones se han llevado a cabo a distintos niveles, llegando a recibirse “reportes de amenazas de criminalización contra periodistas por parte de alcaldes, gobernadores y grupos colectivos”, en el marco de una creciente estigmatización de periodistas y medios independientes, quienes son calificados por funcionarios públicos como ‘golpistas’, ‘cómplices’, ‘operadores de la derecha fascista’ y ‘terroristas financiados”.
Así las cosas, la Relatoría ha alertado del incremento de la “criminalización” y la “represión” en el entorno digital, haciendo hincapié en el aumento del “uso de tecnologías de vigilancia para perseguir y censurar”, así como de “campañas de propaganda oficial y militar, perfilamiento y ciberpatrullaje contra quienes critican al régimen en redes sociales o participan en protestas”.
En este contexto, “se han bloqueado selectivamente al menos 107 sitios web, incluidos 63 medios y nueve plataformas de Derechos Humanos”. Este “bloqueo extensivo de sitios web ha impuesto un cerco informativo que limita el acceso a contenido crítico y favorece la versión oficial de los resultados electorales”, sentencia la nota.
