Finalmente, tras semanas de discusión y una polémica entre el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el entonces titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrão, el organismo confirmó que inició un proceso para buscar al nuevo Secretario Ejecutivo.

La CIDH además reafirmó que es necesario que pueda elegir al sucesor del brasileño “con autonomía e independencia, en virtud de la cual tiene la potestad de seleccionar a la persona que debe asumir el cargo por un periodo de cuatro años y renovarle la confianza por una vez, de acuerdo a su Estatuto y Reglamento”.

Este concurso comenzará el próximo 25 de septiembre y hasta entonces asumirá el cargo de manera interina María Claudia Pulido.

En ese sentido, desde la entidad agradecieron la labor de Abrão durante los últimos cuatro años destacando su gestión y los avances alcanzados durante este periodo, especialmente la, “elaboración participativa del plan Estratégico 2017/2021 se ha modernizado la estructura de la Secretaría".

"Mediante la cual la CIDH logró fortalecer el acceso a una justicia interamericana más efectiva y accesible para las víctimas de violaciones de derechos humanos en las Américas, un monitoreo integrado y oportuno, el fortalecimiento de las acciones de cooperación con los Estados y la sociedad civil y el seguimiento más estructurado de sus recomendaciones”, agrega la declaración.

La disputa con la OEA

El 25 de agosto, diez días después de que se venciera el periodo de Abrão, Almagro dijo que no prorrogaría su contrato “debido a la existencia de decenas de denuncias de carácter funcional” presentadas contra el funcionario, y deploró la “falta de tramitación” de estas quejas como “un duro golpe” a la credibilidad de la entidad.

La CIDH, que consideró la decisión de Almagro como un “grave embate” en su contra, dijo este jueves que en los últimos días buscó “un diálogo institucional respetuoso” para superar este roce, apuntando a la defensa de la elección del abogado brasileño y el “debido proceso” a la tramitación de las quejas del personal.