Los recientes saqueos y actos de vandalismo en Colombia han sido cometidos por integrantes de grupos armados ilegales que infiltraron las protestas pacíficas, denunció este lunes el ministro de Defensa, mientras continúa la incertidumbre sobre el número real de víctimas fatales durante las protestas.

Los sindicatos y las organizaciones sociales iniciaron la semana pasada protestas en el país de 50 millones de habitantes para exigir al Gobierno del presidente Iván Duque el retiro de un proyecto de reforma fiscal para subir los impuestos.

Aunque Duque anunció el domingo el retiro del proyecto e insistió en que sigue siendo necesaria la reforma para mantener los programas de asistencia social y garantizar la estabilidad fiscal, las protestas continuaron el lunes en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, mientras que en otras zonas del país se produjeron bloqueos de carreteras.

“Colombia enfrenta una amenaza particular con unas organizaciones criminales que están detrás de estos actos violentos”, dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, en una conferencia de prensa que la que citó información de organismos de seguridad, sin ofrecer pruebas de su denuncia.

“No son los marchantes pacíficos, no son los ciudadanos que no han marchado y que están en sus casas, son esos vándalos que se mimetizan y han desarrollado actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC y del ELN los que buscan desestabilizar algunas regiones con propósitos particulares”, aseguró el funcionario.

Molano lamentó las muertes de civiles denunciadas por algunas organizaciones no gubernamentales y grupos de derechos humanos, pero se abstuvo de revelar cifras específicas con el argumento de que corresponde a la Fiscalía General asumir las investigaciones.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo reportó la muerte de 18 civiles y un oficial de la policía durante las manifestaciones. La Procuraduría General anunció el domingo que investigaba la relación de 14 muertes violentas con las protestas, mientras que grupos de derechos humanos reportaron previamente que más de 20 personas perdieron la vida.