Columna de Daniel Zovatto: Ecuador y Guatemala, las pruebas de fuego de sus democracias

Por Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional. @zovatto55

Después de apenas asimilar los sorprendentes resultados de las elecciones primarias (PASO) en Argentina, que tuvieron lugar el pasado domingo y en las cuales el triunfo del candidato anarcocapitalista, Javier Milei, causó un sismo político, nos encontramos a las puertas de otros dos comicios significativos. Este próximo domingo, 20 de agosto, tanto Ecuador como Guatemala celebrarán elecciones decisivas.

Ecuador, envuelto en un contexto de aguda violencia política e inseguridad, se encamina hacia sus elecciones generales anticipadas, que abarcan tanto las presidenciales como las legislativas. Mientras tanto, en Guatemala, la tendencia en la segunda vuelta presidencial parece favorecer al Movimiento Semilla. Sin embargo, surge nuevamente la incógnita: ¿El denominado “pacto de corruptos” reconocerá estos resultados y facilitará una transición pacífica en enero de 2024?

Este domingo, Ecuador celebrará elecciones generales de suma importancia, consistiendo en una primera vuelta presidencial y la elección de 137 asambleístas. Estos comicios se han adelantado a raíz de la activación del mecanismo constitucional de “muerte cruzada” por el presidente Guillermo Lasso el 17 de mayo, en un intento de evadir un juicio político que ponía en riesgo su mandato. Paralelamente, se realizarán dos referendos relacionados con temas medioambientales.

El país se enfrenta a estas elecciones inmerso en una de sus peores crisis, bajo estado de sitio y, como alertan algunos analistas, al borde de convertirse en un “Estado fallido” o en un narco Estado. Esta alarma proviene del creciente narcotráfico, las masacres en prisiones y la delicada situación económica. La violencia ha escalado a niveles alarmantes, con facciones narcocriminales tratando de infiltrarse en la política y ejecutando a políticos, independientemente de su ideología. Según datos de InSight Crime, la tasa de homicidios se ha duplicado en 2022 y podría alcanzar 40 por cada 100.000 habitantes en 2023. Este es un declive alarmante, considerando que hace menos de cinco años, Ecuador era uno de los países más seguros de la región. Y en las últimas semanas han tenido lugar tres asesinatos de políticos tanto de nivel local como nacional y de partidos de diversa ideología.

A pesar de tener la oportunidad, el presidente Lasso ha decidido no buscar la reelección, dada la fuerte erosión de su imagen durante sus primeros dos años de gestión. Ocho binomios compiten por la presidencia. El foco está en discernir si estos comicios reflejarán los resultados de 2021: si el correísmo, encabezado por Luisa González de Revolución Ciudadana y quien lidera las encuestas con un promedio del 26%, prevalecerá en una o dos vueltas, o si el “anticorreísmo” se impondrá. Cabe destacar que González es la única candidata femenina a la presidencia, se muestra firmemente en contra del aborto, ha recurrido al apoyo del expresidente Rafael Correa y aspira a capitalizar los logros del partido en las elecciones locales de febrero, donde se adjudicaron las alcaldías de Quito y Guayaquil.

Tras el lamentable asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, su aliado y compañero de lucha, Christian Zurita, ha sido habilitado para competir en su reemplazo. Actualmente, se posiciona en tercer o cuarto lugar en las encuestas. Fiel al legado de Villavicencio, Zurita presenta una firme agenda anti-corrupción y alerta sobre la infiltración de mafias en el Estado.

Existen otros tres candidatos con perspectivas de avanzar a una segunda vuelta. Jan Topić, del partido socialcristiano, ha ganado impulso con una propuesta de “mano dura” inspirada en el “modelo de Bukele”. Otto Sonnenholzner, exvicepresidente bajo la gestión de Lenín Moreno, se ubica en el espectro centro-político y promueve una plataforma de securitización y proempresarial. Por su parte, Yaku Pérez, tercer lugar en 2021, destaca una agenda centrada en la protección ambiental, la seguridad y los derechos humanos, respaldado ampliamente por las comunidades indígenas. Mientras tanto, Xavier Huertas, Daniel Noboa y Bolívar Armijos también compiten, aunque con probabilidades más reducidas.

La escena política se encuentra marcada por la incertidumbre debido a la volatilidad del contexto y al elevado porcentaje de indecisos, que según una encuesta de Cedatos del 9 de agosto, asciende al 50.6%. Asimismo, persiste la preocupación entre la ciudadanía de que, en caso de un triunfo de Luisa González, el expresidente Rafael Correa, condenado por corrupción a 8 años de cárcel, pueda intentar un retorno en las elecciones de 2025.

El reciente debate presidencial estuvo teñido por la emotiva ausencia de Fernando Villavicencio, con un atril vacío en su memoria. Los intercambios se caracterizaron más por ataques personales que propuestas concretas, siendo la inseguridad y la anticorrupción los temas centrales de discusión.

La atmósfera está cargada de tensión y estos comicios son cruciales para el futuro de Ecuador. De no lograrse una mayoría absoluta o un 40% con al menos 10 puntos de ventaja sobre el segundo, se convocará a un balotaje el 15 de octubre. Quien resulte electo presidente, junto con el nuevo Congreso, asumirá funciones el 30 de noviembre, culminando el período de Lasso en mayo de 2025. Para ese año, los ecuatorianos regresarán a las urnas en nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

Resumiendo y como bien expresa Santiago Basabe, “salvo por algunos nombres, la dinámica electoral de 2021 se replica. Se replica también el hartazgo ciudadano que no puede más con la incapacidad de nuestros actores políticos para ofrecer alternativas al país. (...) De a poco, pero secuencialmente, caminamos a una nueva crisis política”.

Este mismo domingo 20 de agosto, Guatemala se alista para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, poniendo fin a un proceso electoral que ha sido marcado por su complejidad, irregularidades, alta judicialización y tensiones. La primera vuelta, llevada a cabo el 25 de junio, tuvo como protagonistas a Sandra Torres de UNE, ex rimera dama, y a Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, destacado académico y diplomático. En ese entonces, Torres lideró el conteo con el 15,7% de los votos, mientras que Arévalo la siguió de cerca con el 11,8%. Cabe destacar que el voto en blanco y nulo sumó un 24%, con una participación electoral del 59,5%.

De cara al balotaje, las encuestas sugieren un posible giro en los resultados. Según un sondeo reciente de CID Gallup, fechado el 16 de agosto, Arévalo lleva la delantera con un 50%, en contraste con el 32% de Torres. Los votos en blanco y nulos representan un 13% y 5%, respectivamente. Si se consideran únicamente los votos válidos, Arévalo obtiene un 61% frente al 39% de Torres. Estos datos coinciden con la encuesta de Prodatos y Prensa Libre publicada el 17 de agosto, en la cual Arévalo supera a Torres por un margen de 30 puntos, 64,9% a 35,1%.

Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla optaron por una campaña sobria, sustentada principalmente por aportaciones de sus simpatizantes. Aunque este enfoque pudo haber limitado su presencia en algunos territorios, potencialmente afectando la supervisión electoral, la creciente expectativa de su triunfo impulsó la financiación. Después de cubrir solo dos regiones en la primera vuelta, para el balotaje extendieron su alcance a 17 de los 22 departamentos del país. No obstante, han enfrentado obstáculos judiciales y desinformación en redes sociales. Representando un aire renovador y de esperanza, la campaña de Arévalo se ha centrado en la lucha contra la corrupción y en el fomento del desarrollo social equitativo, resonando particularmente entre la población urbana y joven.

En contraposición, Sandra Torres, quien ya ha buscado la presidencia en ocasiones anteriores sin éxito, ha reconfigurado su plataforma política. Ahora se alinea más con líderes evangélicos, exmilitares y sectores tradicionales. Sus propuestas ponen énfasis en robustecer programas de apoyo a mujeres y niños, implementar medidas enérgicas contra la delincuencia y defender la concepción tradicional de familia, oponiéndose a políticas de derechos igualitarios.

La actual coyuntura electoral es determinante para Guatemala, que se encuentra en la encrucijada entre una posible revitalización democrática y la consolidación de prácticas autoritarias. José Rubén Zamora, destacado periodista actualmente detenido por criticar al gobierno, ha descrito a Guatemala como un “laberinto perfecto, es decir, sin salida”. Dados los desafíos post-primera vuelta, como la impugnación de candidaturas y polémicas resoluciones judiciales, se anticipa un alto riesgo de conflictividad post-electoral.

Recientemente, la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó su preocupación respecto a la delicada situación democrática en Guatemala y se comprometió a garantizar la integridad de los comicios y una transición pacífica. En las calles, el clamor por una democracia renovada suena con fuerza, aunque el “pacto de corruptos” busca boicotear ese deseo.

Finalmente, la escalada en inseguridad y violencia política pone en jaque la estabilidad democrática. Incluso, Bernardo Arévalo ha reportado amenazas directas en caso de resultar vencedor en el proceso electoral.

Ecuador y Guatemala se encuentran en momentos decisivos de sus respectivas historias democráticas, cada uno con sus propios desafíos. En Ecuador, las amenazas emergen principalmente de actores externos al sistema político, tales como mafias y carteles del crimen organizado y narcotráfico. Habrá que ver qué efectos tendrá este clima de inseguridad, violencia e impunidad en los resultados. En contraste, en Guatemala, el gobierno de Giammattei, en alianza con el denominado “pacto de corruptos”, el Ministerio Público y el Fiscal Especial, parecen decididos a mantener sus privilegios, incluso si ello significa bloquear el ascenso de la oposición. Este panorama eleva las preocupaciones no solo sobre posibles intentos de volver a judicializar los resultados, ahora los del balotaje, sino también de llegar a obstaculizar una transición pacífica prevista para el 14 de enero de 2024.

Ambas naciones están a la espera de elecciones que no solo determinarán su dirección política, sino que también reflejarán el estado de salud de la democracia en América Latina. Los dos comicios se caracterizan por un alto nivel de tensión, incertidumbre, graves amenazas y futuros desafíos en materia de gobernabilidad. Mientras que Ecuador intenta evitar convertirse en un “Estado fallido”, Guatemala busca reivindicar su democracia y erradicar un ambiente sofocante de corrupción e impunidad. Dada esta situación, es crucial que la comunidad internacional permanezca alerta, instando a que ambas contiendas electorales se lleven a cabo con integridad, justicia y transparencia. Es esencial asegurar que las elecciones continúen siendo el único medio legítimo y democrático para acceder al poder.