Por María Gabriela Trompetero, docente e investigadora de la Universidad de Bielefeld
Durante años, la sociedad civil venezolana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han denunciado el ventajismo electoral y la falta de separación de poderes que anulan la posibilidad de celebrar elecciones libres y justas en Venezuela.
Ahora, en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 contamos con pruebas fehacientes de un fraude electoral masivo. En la plataforma web creada por la oposición, se han digitalizado el 83.50% de las actas electorales, las cuales evidencian que Edmundo González ganó con una ventaja de 37 puntos sobre Nicolás Maduro. Sin embargo, los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) proclaman a Maduro como vencedor, sin publicar las actas correspondientes, incluso 12 días después de los comicios. Este es el tercer caso en los últimos 30 procesos electorales en el que no se presentan las actas.
Las actas mostradas por la oposición se consideran legítimas ya que el sistema electoral venezolano es automatizado y se validan los documentos mediante códigos QR. Varios medios y organismos internacionales como la Misión de Observación Electoral de Colombia han validado estas actas. El Centro Carter, uno de los pocos observadores independientes durante el proceso, confirmó a González como el ganador e indicó que un hackeo que habría causado la pérdida de datos, alegado por el CNE para justificar el retraso, es imposible.
Ante las manifestaciones en Venezuela frente al fraude, el gobierno ha intensificado la represión a niveles que superan los episodios de 2014 y 2017. Provea ha denunciado 24 muertes y Foro Penal 1229 detenciones entre el 29 de julio y la mañana del 8 de agosto, entre los que se encuentran 109 adolescentes. El Ministerio Público ha anunciado la aprehensión de dos fiscalas, Maglen Marín y Rosa María Mota, por negarse a imputar a algunos de los detenidos.
La sociedad civil también ha denunciado la anulación masiva de pasaportes a venezolanos, tanto dentro como fuera del país, en un eco de las prácticas nicaragüenses, así como la detención deliberada de familiares de víctimas (Sippenhaft), una táctica que ya se vivió durante las dictaduras en Argentina y Chile. Además, Maduro ordenó el bloqueo de la plataforma X y de la aplicación Signal, incrementando aún más la censura en Venezuela.
Frente a esta situación, en diversas plataformas se han suscitado debates ideológicos de derecha vs. izquierda que pierden de vista lo fundamental: la consolidación en Venezuela de una dictadura.
Como ha demostrado el presidente Boric, es crucial alinearse con los derechos humanos y las instituciones democráticas, y no con ideologías políticas. Venezuela no volverá a ser la misma después del 28 de julio y el apoyo de la comunidad internacional durante estos días es vital.
Este artículo fue escrito por María Gabriela Trompetero, docente e investigadora de la Universidad de Bielefeld, y una académica venezolana, miembro de la Red de Politólogas, que se encuentra en Caracas y ha optado por el anonimato debido a preocupaciones de seguridad relacionadas con la anulación de su pasaporte.
