Una comisión del Senado rechazó el miércoles una reforma de salud propuesta por el gobierno del Presidente colombiano Gustavo Petro, en una nueva derrota para el izquierdista, que ha luchado por impulsar nuevas leyes para sus promesas fundamentales en el Congreso del país andino.
La reforma tenía como objetivo despojar a las aseguradoras del poder y ampliar el acceso a la atención sanitaria, según el gobierno, mientras que sus detractores advirtieron que abriría la puerta a la corrupción.
Es probable que la medida, con nueve votos a favor y cinco en contra, anime a los mercados, que se han mostrado cautelosos ante los esfuerzos de reforma.
Petro lamentó la votación en la plataforma de redes sociales X, diciendo que el comité estaba enviando el mensaje de que no son posibles reformas importantes y agregando que los dueños de negocios se han convertido en “dueños de la política”.
“El gobierno respeta las reglas democráticas y dentro de los límites de las reglas democráticas insistirá en que Colombia necesita una reforma de salud”, dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
El gobierno podrá proponer una nueva versión de la reforma durante la próxima sesión legislativa, que comienza en julio.
El gobierno de Petro tomó esta semana el control de dos importantes aseguradoras -Sanitas y Nueva EPS, que en conjunto tienen unos 16 millones de asegurados- alegando que no han brindado la atención adecuada.
La oposición criticó la medida, diciendo que daría al gobierno un mayor control sobre el sistema de salud.
El gobierno podría intentar intervenir más a través de los reguladores en respuesta a la derrota legislativa, dijo Sergio Guzmán de Colombia Risk Analysis.
Petro también está impulsando una reforma de las pensiones y cambios en las leyes laborales. El Senado podría votar para rechazar el esfuerzo de pensiones más tarde el miércoles.
El proyecto de ley de salud proponía crear una agencia gubernamental que centralizaría los pagos para garantizar desembolsos rápidos a clínicas y hospitales, que con frecuencia se quejan de retrasos en los pagos.
Según el organismo que administra los pagos al sistema de salud, el gobierno debe alrededor de 2 billones de pesos colombianos (511,7 millones de dólares) a los proveedores de atención médica, aunque hospitales, clínicas y otras organizaciones dicen que la cifra es mucho mayor: alrededor de 10 billones de pesos colombianos.
La reforma también propuso la creación de centros de atención primaria para garantizar la atención oportuna a los pacientes y liberar los servicios de emergencia, pero limitó la elección de clínicas por parte de los pacientes a aquellas cercanas a su residencia.
