La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó de nuevo su preocupación por la persistencia de detenciones masivas y arbitrarias de pandilleros en El Salvador, motivo por el que le ha pedido al gobierno del país que lleve a cabo acciones de seguridad ciudadana que garanticen los derechos y libertades.

En un momento en el que se cumplen siete meses de la declaración del régimen de excepción en El Salvador, la CIDH ha instado en una misiva al Ejecutivo a garantizar la seguridad de las personas con respeto a los Derechos Humanos y a los tratados internacionales con los que se hace parte.

Por este motivo, la organización expresó su preocupación sobre las prórrogas del régimen de excepción aprobadas en la Asamblea Nacional que permiten la suspensión de derechos.

En ese sentido, la CIDH recordó que la suspensión de derechos y garantías constituye “una disposición para circunstancias extraordinarias y no un medio para enfrentar el crimen común”, por lo que el Estado de El Salvador “debe asegurar que los regímenes de excepción cumplan los requisitos del artículo 27 de la Convención Americana”, según detalló en un comunicado.

“Esto es, en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad de un Estado, y, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación y siempre que ello no sea incompatible con las demás obligaciones que les impone el Derecho Internacional y no conlleven discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”, agregó.

En ese contexto, la CIDH ha conocido reiteradas denuncias sobre las detenciones realizadas en los últimos meses, indicando que, en muchos casos, se basan en “llamadas anónimas” o percepciones sobre la pertenencia a grupos criminales en razón de su apariencia o lugar de residencia.

Asimismo, muchos familiares continúan a día de hoy enfrentando desafíos para confirmar el paradero de sus entes detenidos. La Comisión, además, ha sido informada sobre el uso desproporcionado de la fuerza en los operativos policiales, inclusive en contra de personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

Por ello, la CIDH ha hecho un llamamiento a que el Estado fundamente y acredite, en cada caso, la existencia de “indicios suficientes” que permitan suponer razonablemente la conducta delictiva de la persona y que la detención sea estrictamente necesaria

Al respecto, el Estado ha justificado a la CIDH que en El Salvador se han registrado más de 116.000 muertes producto de la actividad criminal de las pandillas y de su ejercicio sistemático de la violencia, destacando los 87 homicidios perpetrados entre el 25 y 27 de marzo de 2022.

Desde que está aprobado el régimen de excepción, según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad, 57.007 personas han sido detenidas, de las cuales, al menos 47.983 están bajo prisión preventiva.