En las universidades estatales de Uruguay, la educación no tiene arancel durante los años de estudio, pero sí lo adquiere para la mayoría de sus graduados después de recibirse. Así lo establece la normativa del Fondo de Solidaridad, que desde 1994 exige a los egresados de la Universidad de La República (Udelar), de la Universidad Tecnológica (UTEC) o la del Trabajo del Uruguay (DGETP-UTU) a realizar un aporte mensual a este fondo, que administra un sistema de becas destinadas a estudiantes de escasos recursos económicos bajo el concepto de “solidaridad intergeneracional”.
Los egresados deben pagar el impuesto más allá de que ejerzan o no la profesión, luego del quinto año de aprobada la última materia y teniendo ingresos mayores al mínimo no imponible.
Deben pagarlo todos los egresados durante 25 años -sin distinción por carrera- a menos que se cumpla alguna de las siguientes condiciones: haber ya finalizado ese período de contribución, cumplir 70 años de edad, padecer una enfermedad física o psíquica irreversible que impida realizar actividades remuneradas, o haberse jubilado y cesado en toda actividad profesional remunerada, con una jubilación servida por Caja de Profesionales Universitarios, Caja Notarial, Caja Bancaria o Banco de Previsión Social.
El sistema de becas y las condiciones para dejar de pagar el fondo solidario han sido criticados por quienes estudian o ya han egresado y contribuyen al fondo. En la opinión pública uruguaya, el principal descontento tiene relación con que es poca la gente que egresa de una carrera universitaria y, por ende, son pocos quienes contribuyen.
“Todos los que fueron a la universidad y no egresaron, que es un porcentaje bastante alto, porque la tasa de deserción en Uruguay es muy alta, no pagan”, explica a La Tercera el director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, Gonzalo Baroni.
Otra crítica recurrente es que, aunque los pagos mensuales pueden parecer manejables, su acumulación a lo largo de los años representa una carga financiera más alta que si se hubiera estudiado en una universidad privada. Por otro lado, los uruguayos critican el concepto de gratuidad en la educación, ya que en la práctica no es tal.
“Hay gratuidad en la matrícula, pero en realidad estudiar no es gratuito. Salvo que tú tengas una beca como del Fondo de Solidaridad o de las provincias que otorgan becas, o de instituciones o ONG privadas que también ofrecen, pero es una proporción muy baja de la población que recibe becas. Hay subsidio y es más económico, pero igual lo pagamos”, aclara Baroni.
“Es muy bueno el concepto de la gratuidad, pero muchas veces es una expresión de deseo, porque toda la sociedad financia la universidad pública y gratuita. Sin embargo, cuando uno mira quienes han accedido a la universidad pública y gratuita, son los quintiles más grandes, los que tienen mayores ingresos. ¿Por qué? Porque la deserción estudiantil en secundaria es muy alta. Y para entrar a la universidad, la gratuidad es muy buena para el acceso, pero no necesariamente para la retención”, valora el funcionario.
El subsidio está destinado a jóvenes de todo Uruguay que necesiten ayuda financiera para estudios terciarios en diversas universidades. Consiste en un apoyo económico mensual de 12.354 pesos uruguayos (un poco más de 300 dólares), equivalente a dos bases de prestaciones y contribuciones (BPC) en 2024. El Fondo de Solidaridad planea otorgar 9.000 becas este año, según informó la presidenta del Fondo de Solidaridad, Rosario Cerviño, y su gerente general, Leonardo Pecego, al periódico argentino Ámbito Financiero en febrero pasado.
El Fondo de Solidaridad tiene dos tipos de aportes obligatorios. El primero, llamado “Aporte Fondo”, se paga desde el quinto año después de graduarse hasta que se cumpla alguna condición de cese. El monto mensual depende de la duración de la carrera y los años transcurridos desde la graduación.
El segundo, el aporte adicional, va dirigido a la Universidad de la República (Udelar) para financiar obras en sus facultades y es obligatorio para egresados de carreras de la Udelar que tengan cinco años o más de graduados y cuyos ingresos mensuales superen los $37.062 uruguayos (casi 950 dólares, alrededor de 860 mil pesos chilenos) a valores de este año.
En abril pasado, el ministro de Educación chileno, Nicolás Cataldo, se reunió con Baroni para discutir un acuerdo de cooperación en convivencia escolar, infraestructura educativa, y agilización del reconocimiento de títulos y grados entre Chile y Uruguay. También trataron la participación de Chile en el sector educativo del Mercosur y el Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios de la Unesco, según publicó Cataldo en redes sociales.
Y durante la última cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric informó que en septiembre se anunciará un proyecto que eliminará el actual Crédito con Aval del Estado (CAE) y el Fondo Solidario. No entregó mayores detalles, pero explicó que el futuro proyecto de ley que ingresará al Congreso se tratará de un “nuevo sistema público de financiamiento” que vendría a reemplazar a los dos sistemas antes mencionados. Conocedores del debate aseguran que el modelo uruguayo es una de las alternativas que se manejan.
El Mandatario también indicó que el proyecto dará “una solución progresiva y justa pensada en los deudores, especialmente en quienes han cumplido con sus deberes de pago y quienes no han podido cumplir por no tener ingresos para hacerlo, que son la gran mayoría de los deudores. Este proyecto va a ser gradual, progresivo y autocontenido, no requiriendo recursos del Pacto Fiscal”.
Sobre la promesa de condonación del CAE, el director nacional de Educación de Uruguay y además economista opinó que al Presidente Boric “le asiste la razón, pero no le asisten las finanzas. Y ese es el principal problema, porque termina atrapado de sus propias promesas. Entonces yo creo que va a tener que buscar una solución que sea cumplir con su palabra, pero de manera progresiva y en muchos años. Si no, va a tener un problema de finanzas muy grave”.
Consultado sobre si conversaron detalles de una eventual transición del CAE junto al ministro Cataldo, Baroni precisó que “el ministro lo único que hizo fue nombrarme que están en ese proceso de discusión y que le interesaría conversar cómo funciona más en profundidad el sistema uruguayo. Pero no avanzamos más que en otros puntos”.
Respecto a qué puntos del sistema uruguayo piensa que podrían ser replicables en Chile, Baroni expresó que “lo principal es la progresividad. El cambio no puede ser de un día para el otro. Creo que ni Uruguay ni Chile resistirían -como sociedades muy similares, con las similitudes y diferencias que tenemos- un cambio completo de sistema. Y, además, creo que lo que tiene que ser claramente entendible por la sociedad chilena es que Uruguay tiene gratuidad, pero la gratuidad no funciona como fue originalmente pensada”.
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