Luego de las votaciones de este domingo, Chile se convirtió en el primer país en rechazar una nueva Constitución redactada por una asamblea o convención elegida democráticamente. Existen otros casos de países donde el rechazo triunfó frente a un texto propuesto, pero siempre viniendo directamente de las autoridades, o en forma de “Congreso constituyente”.
Con esto, de los 12 países de Sudamérica -sin considerar a Guyana Francesa-, tres tuvieron Asambleas Constituyentes y luego ratificaron sus resultados: Venezuela en 1999, Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009. En tanto, la Constitución paraguaya fue escrita por una asamblea elegida en 1991, pero que no consideró en su mecanismo de aprobación un plebiscito de salida. Caso similar fue el de la Carta Magna en Colombia, que entró en vigor el año 1991.
Felipe Ajenjo, jefe del Área de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para Chile, comenta al respecto: “La experiencia comparada muestra que, en los países donde ha sido un órgano democrático el encargado de redactar una nueva Constitución, se ha concretado el reemplazo constitucional. Sin embargo, es importante destacar que cada proceso es distinto y responde a los momentos políticos y sociales particulares de cada país, que en general son momentos complejos y de crisis, caracterizados por movilizaciones ciudadanas, donde lograr acuerdos políticos es un desafío democrático importante”.
El referéndum constitucional más reciente hasta el momento había tenido lugar en Túnez, el 25 de julio de este año. En la ocasión, el Sí ganó con un 94% de los votos válidos, pero con la participación del 30% de los tunecinos en edad para votar. Esta entró a reemplazar la Carta Magna de 2014, que tuvo su origen en la Revolución de los Jazmines, durante la Primavera Árabe.
“Cabe destacar que no todos los procesos de cambio constitucional a través de asambleas constituyentes han incorporado plebiscitos ratificatorios y que este tipo de mecanismo de democracia directa también ha sido utilizado por regímenes autoritarios que buscan legitimar procesos constituyentes poco inclusivos”, señala Ajenjo.
Un estudio del PNUD revisó los procesos constituyentes del mundo en las últimas décadas, y constató que la mayoría de las Cartas Magnas que entraron en vigor después de la Segunda Guerra Mundial habían sido escritas por “comisiones”, nombradas generalmente por el poder Ejecutivo. Sin embargo, con el avance del tiempo y ya en la última década, la tendencia en la mayoría de los países fue la de hacer elegir a los redactores de la Constitución, como ocurrió en Chile el año 2020.
“En la presente década, las Asambleas Constituyentes se han transformado nuevamente en el mecanismo predominante para impulsar cambios constitucionales; utilizados en 7 de los 17 países que han cambiado sus Constituciones entre el 2000 y el 2015″, señala el documento. Acá entran los casos de Bolivia, Ecuador, Somalia, Túnez, Timor Oriental, Nepal e Islandia.
Otro de los aspectos que reveló el estudio es que las Constituciones, considerando el comportamiento conjunto de todos los países del planeta, tienen en promedio 19 años de vigencia.
El estudio señala que la mayor cantidad de cambios constitucionales se dio entre las décadas de 1960 y 1990, y en su mayoría venían de la mano de un cambio de régimen político. Está el caso de las comisiones de expertos que escribieron la Constitución chilena, pero también en otros países de África, y las transiciones democráticas que vivieron países europeos, a través de Congresos o Asambleas Constituyentes.
“En la actualidad ha ido aumentando la cantidad de democracias que deciden impulsar procesos de cambio constitucional sin que este proceso esté vinculado a cambios de régimen de gobierno. Por ejemplo, en América del Sur se llevaron a cabo procesos constituyentes a través de Asambleas Constituyentes en las décadas de los 90 y 2000 en que surgieron movimientos políticos que exigían un cambio constitucional”, apunta Ajenjo.
Respecto de las Asambleas Constituyentes, a pesar de la experiencia boliviana y ecuatoriana, una de las cosas más comunes ha sido la inexistencia del plebiscito de salida. Tal es el caso de 21 entre las 25 asambleas investigadas, estando entre estos los casos de Italia y Portugal. En el primer país ocurrió recién saliendo de la Segunda Guerra Mundial: se llamó a los italianos a decidir si querían ser una monarquía o una república, y luego del triunfo de la segunda opción, se les hizo elegir por los constituyentes.
Como en otros casos, la Constituyente italiana tuvo atribuciones legislativas, y luego de 18 meses de funcionamiento aprobó la Carta Magna, con el siguiente primer artículo: “Italia es una República democrática fundada en el trabajo”. Hasta el día de hoy, es el texto vigente en la península.
Tanto en Portugal, en 1976, como en Camboya en 1993, el proceso no incluyó ningún plebiscito, sino la votación inmediata de los miembros para una Asamblea Constituyente. Ambas repúblicas venían de sufrir largos períodos de dictadura y violencia, y en el caso del país asiático, fue la ONU la autoridad provisional que ayudó a preparar elecciones generales libres.
Ahora bien, esta no es la primera vez que un país de la región vota “no” a una Constitución. Tal es el caso de Uruguay, que en 1980 vivió un proceso similar al chileno en ese entonces: la dictadura en el poder propuso cambiar el texto vigente, de 1967, y para eso armó una “Asamblea Constituyente”, con miembros nombrados por ellos mismos.
La difusión del texto fue muy limitada: la publicó solo un diario durante un día, mientras que otro publicó extractos y otro anunció hacerlo, pero en realidad nunca lo hizo. A pesar de la permanente propaganda que tuvo el “Sí” en los medios de comunicación uruguayos, sin posibilidad alguna de debate abierto, el 57% de los votantes se inclinó por el “No”. Esto, contradiciendo las encuestas de la empresa Gallup que le daban un 60% al “Sí”.
A la larga, este fracaso electoral terminaría dando paso al restablecimiento de la democracia uruguaya, que cuatro años después tendría sus primeras elecciones presidenciales en más de una década. Hasta el día de hoy, pero con una serie de enmiendas plebiscitadas, la Constitución uruguaya de 1967 sigue siendo la vigente en la república oriental.
Respecto a la transparencia y publicidad de un proceso constituyente, Ajenjo señala: “Permite mantener a la ciudadanía involucrada e informada de los avances del debate constitucional, y pueda aprovechar los espacios de participación. La experiencia internacional muestra que una deliberación constitucional transparente y con altos estándares de integridad contribuye a dotar de legitimidad al proceso, lo que es relevante para que su producto, una nueva Constitución, tenga respaldo amplio”.
