El Pleno del Congreso de España ha aprobado este jueves la creación de una comisión para investigar las irregularidades en la compra de mascarillas y material anticovid por parte del gobierno y otras administraciones durante la pandemia del coronavirus. La iniciativa, promovida por el PSOE, ha contado con el apoyo de todo el hemiciclo salvo el PP, que ha optado por la abstención, y de Vox, que ha votado en contra.
Fue a finales de febrero, tras salir a la luz el “caso Koldo” en el que está implicado un asesor del entonces ministro socialista José Luis Ábalos, cuando los socialistas registraron esta comisión. Con ella pretenden examinar durante cuatro meses los contratos de material anticovid de la Administración General de Estado y también revisar los procedimientos de contratación de otras administraciones.
El PP ya había adelantado que no pensaba apoyarla porque se fía más de la que se ha creado en el Senado sobre el “caso Koldo” y sus ramificaciones, y no ve posible investigar en el Congreso mientras lo presida la socialista Francina Armengol. De su lado, Vox, que dio su visto bueno a la de la Cámara Alta, también tenía decidido desde hace días votar en contra de la de Congreso, alegando que en el PSOE no están “capacitados” para exigir responsabilidades y solo buscan “esparcir dudas”.
Quieren buscar responsabilidades
En la iniciativa registrada, los socialistas fijaron como primer objetivo “establecer los hechos, responsabilidades y enseñanzas sobre las condiciones en las que se llevaron a cabo los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte del conjunto de la Administración General del Estado y sus distintos organismos”.
Pero también se busca “investigar los procedimientos de contratación llevados a cabo en las diferentes Administraciones públicas” con el fin de “estudiar y valorar posibles modificaciones de la legislación estatal en materia de contratación pública para evitar que aparezcan irregularidades en el futuro”.
Y es ahí donde los socialistas pretenden aprovechar para citar a presidentes autonómicos del PP, como al madrileña Isabel Díaz Ayuso, cuya pareja está siendo investigada por fraude fiscal tras cobrar comisiones en la venta de material anticovid. De su lado, Junts quiere llamar a Salvador Illa, entonces ministro de Salud y ahora candidato socialista a la Generalitat, pues le responsabiliza de esa corrupción por no conocerla o por consentirla.
