La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de Perú admitió el jueves a trámite una nueva denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por haber interpretado de manera supuestamente errónea un decisión del Parlamento andino.
Con 13 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención, la SAC valorará la acusación constitucional presentada por la bancada conservadora de Avanza País, la cual también incluye al ex primer ministro Aníbal Torres y a varios miembros de su gabinete, incluida la también ex primera ministra Betssy Chávez.
Según la congresista Rosselli Amuruz, quien ha promovido la medida junto a otras congresistas del mismo partido, el Ejecutivo dio una interpretación errónea sobre la postura negativa del Congreso en relación a una cuestión de confianza presentada por el Gobierno.
Concretamente, según Amuruz, el entonces presidente peruano afirmó que el Congreso había rechazado dicha cuestión de confianza, cuando realmente la decisión no se llevó a escrutinio del Parlamento, sino que fue directamente la mesa de la Cámara la que rechazó llevarla a votación.
Por esta supuesta interpretación, Avanza País acusó a casi todo el Gobierno de incumplir la Constitución al considerar que se habría cometido una infracción constitucional, ya que solo el Congreso tendría la potestad de interpretar el sentido de su decisión, y no así el Ejecutivo.
Los hechos tienen lugar después de que el entonces Consejo de Ministros, presidido por Aníbal Torres, propusiera reformar la ley que regula las convocatorias de referéndum, limitando ‘de facto’ los poderes del Parlamento en pro de que se llevaran a cabo con mayor frecuencia referendos entre la población para sacar adelante iniciativas propuestas por el gobierno.
En tanto, la SAC ya admitió a trámite una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía General contra el expresidente peruano en la que se le acusa de ser el máximo responsable de una organización criminal establecida en el seno del gobierno.
Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Juan Silva, exministro de esta cartera, con el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
