La noche del domingo, la Presidenta peruana, Dina Boluarte, pronta a cumplir dos meses en el cargo luego del fallido autogolpe de Pedro Castillo, dio un mensaje en cadena nacional a la ciudadanía, en miras a darle un últimatum al Congreso: “Si mañana no prospera el consenso para debatir el adelanto de elecciones al 2023, el Ejecutivo presentará dos iniciativas legislativas con carácter de urgencia. La primera es debatir una reforma constitucional para que las elecciones sean indefectiblemente este año 2023, la primera vuelta en octubre y una segunda, de ser el caso, en diciembre”.

Con esta medida, Boluarte trata de buscar una salida para la crisis que vive el país vecino, donde ya pasan de 60 los muertos en enfrentamientos entre manifestantes y policías. Tanto su gestión como la del Parlamento son ampliamente desaprobadas por la población, que en las marchas exige, entre otras cosas, la renuncia de la presidenta y el cierre del Legislativo.

Hasta el momento, los congresistas se habían mantenido en la idea de hacer elecciones en abril 2024, y ya han rechazado adelantarlas. De todos modos, la propuesta de la presidenta pone más presión al Congreso.

Manifestantes en un bloqueo durante las protestas en Acora, al sur de Perú. Foto: AP.

Una presión que parece haber rendido frutos, ya que este lunes, al día siguiente del mensaje a la Nación de la presidenta, el Congreso aprobó una “reconsideración” para el proyecto de adelanto de las elecciones para 2023. Con eso, la iniciativa será rediscutida en los próximos días. La votación tuvo 66 votos a favor, 49 en contra y 6 abstenciones.

Al respecto, José Williams Zapata, el presidente del Congreso, comentó en Twitter: “Nuestro país necesita recuperar la paz y darle una salida democrática a la crisis. Por ello, voté a favor de la reconsideración para el adelanto de elecciones. Saludo la decisión del Parlamento por hacer posible esta decisión”.

Por su parte, Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, pidió a las bancadas en el Congreso debatir adelanto de elecciones “con alto sentido de urgencia”, tomando en cuenta la situación que vive el país.

Una opinión similar a la manifestada este lunes por la OEA, que pidió al gobierno peruano que convoque elecciones generales prontamente. Por medio de una resolución, adoptada por todos los países miembros de la OEA con excepción de El Salvador, el Consejo Permanente del organismo solicitó a Perú “la pronta realización de elecciones justas, libres y transparentes”. También señalaron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza en respuesta a las protestas en el país.

Asimismo, en cuanto al segundo proyecto anunciado por la jefa de Estado para realizar reformas constitucionales, Otárola manifestó que esta iniciativa solo contempla modificaciones a la Carta Magna a través de la Comisión de Constitución del próximo Congreso y que no incluye una posibilidad de discutir la Asamblea Constituyente.

“En relación con el segundo proyecto referido a la reforma de la Constitución, quiero decirles en primer lugar, como lo dijo la presidenta, que esta idea contempla única y exclusivamente cualquier reforma a través de la Comisión de Constitución del futuro Congreso, no contempla bajo ningún aspecto la posibilidad de una Asamblea Constituyente”, señaló.

Reforma de la Constitución

Octubre o abril: esa es la cuestión que divide a los congresistas y al gobierno peruano. Una mayoría importante del Legislativo opina que realizar los comicios este año es demasiado apresurado, y quisieran mantener su período al menos hasta abril de 2024. Este viernes, con 65 votos en contra, 45 a favor y 2 abstenciones, se rechazó la propuesta de Fuerza Popular (partido fujimorista) para adelantar los comicios generales a 2023.

Esta propuesta, impulsada por la derecha peruana, no alcanzó a poner de acuerdo a todo el Congreso, ya que incluía el retorno de la bicameralidad y la reelección parlamentaria. Desde los colectivos de izquierda, por su parte, se apostaba a incluir en las próximas elecciones una boleta que preguntase sobre una convocatoria a una Asamblea Constituyente. Esta última ha sido una de las demandas levantadas por los movimientos sociales en Perú.

El rechazo legislativo, al final, no consiguió nada de lo propuesto, y la situación quedó donde mismo: elecciones en abril de 2024. Con el Parlamento frenado, Dina Boluarte hizo este domingo la cadena nacional en que llamó a los congresistas a aprobar luego un adelanto de las elecciones.

Un manifestante durante las protestas en Lima. Foto: Reuters

“Voten por el Perú, a favor del país, adelantando las elecciones al 2023 y digamos al Perú entero con la más alta responsabilidad que nos vamos todos”, animó la mandataria a los parlamentarias: “Señoras y señores congresistas, tienen que entender su responsabilidad histórica, el día de mañana tienen la oportunidad de ganarse la confianza del país atendiendo esta demanda tan esperada por el pueblo peruano”.

Si las elecciones para octubre volvieran a rechazarse, Boluarte anunció que presentará una reforma a la Constitución, que tendría su primera vuelta en octubre y una segunda vuelta en diciembre. Pero no fue solo el ultimátum por las elecciones lo último que la presidenta anunció.

En la cadena nacional, anunció algo muy poco esperado, pero que formaba parte de las demandas de los movimientos sociales: la reforma total de la Constitución de 1993, a través de la Comisión de Constitución del Congreso que sea elegido en los próximos comicios. Según Boluarte, el objetivo sería “zanjar de una vez por todas el debate sobre la reforma de la Constitución, tema que es permanentemente utilizado por algunas fuerzas políticas para menoscabar cualquier salida democrática a la actual situación”.

Manifestaciones en Ayacucho. Foto: Reuters

Una de esas fuerzas políticas era precisamente el expresidente Pedro Castillo. “Este proyecto de ley calza perfecto en la expectativa de otro sector del Congreso que también quiere hacer reformas políticas mediante una Asamblea Constituyente”, indicó la mandataria.

En esa misma dirección, Boluarte recordó que la “reforma total” de la Constitución ya estaba consignada como posibilidad en la Ley 27.600, de 2001, que permite al Parlamento proponer una reforma total de la Carta Magna. “Tras su aprobación por el Congreso será sometida a referéndum para que el pueblo decida si la reforma total se aprueba o no”, explicó la presidenta.

Algunos parlamentarios se mostraron ya en contra del anuncio de Boluarte, como por ejemplo Víctor Cutipa, del partido Perú Bicentenario. “Ella escucha con la boca y no con el oído. Lo que la calle está manifestando, casi en su totalidad, la renuncia de Dina Boluarte. Si bien nosotros desde el Congreso estamos en cuenta regresiva y el adelanto de elecciones considero ya es un hecho. Yo esperaba mucho que esta noche Dina Boluarte anunciara su renuncia al Ejecutivo y nosotros mañana estaremos decidiendo el adelanto de los comicios, pero es inaceptable que ella pretenda tirarnos la pelota a nosotros”, aseguró RPP Noticias el domingo.

Desde Fuerza Popular, el diputado Hernando Guerra García se mostró conforme con el discurso de la presidenta: “Ojalá esto haga reflexionar sobre todo en las bancadas que están en negación, no en las que están en el chantaje radical”.

Manifestaciones en Lima. Foto: Reuters

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, por su parte, no trae buenas noticias ni para los congresistas ni para Boluarte. La desaprobación de la mandataria subió cinco puntos en las últimas dos semanas: de 71% el 15 de enero a un 76% hoy. La zona sur de Perú es donde se concentra el rechazo a la presidenta, con un 88%.

En cambio, Lima es el sector donde Boluarte tiene mayor aprobación, muy baja de todas maneras: un 23%. Asimismo, los niveles socioeconómicos A y B, considerados los más altos en las mediciones peruanas, respaldan en un 31% la gestión de la presidenta.

Si los números de Boluarte son bajos, los del Congreso son mucho peores. Si hace dos semanas solo tenía un 9% de aprobación, hoy por hoy cuenta con un 7%. José Williams, militar en retiro y presidente del Legislativo, tiene un 76% de desaprobación.

Aproximadamente, un 56% de los peruanos cree hubo excesos de parte de las fuerzas del orden frente a las protestas recientes. Es decir, más de la mitad del país coincide en que estos agentes del Estado se excedieron al afrontar la convulsión.