"No vamos a retroceder ni un solo paso para sacar adelante estas reformas tan necesarias para el país. No permitiremos que la lucha contra la corrupción sea vapuleada por unos pocos, que lo único que pretenden es proteger a los poderosos". Con esas palabras, el Presidente de Perú, Martín Vizcarra, se dirigió el miércoles a la ciudadanía, en cadena nacional, para anunciar una moción de confianza al Congreso, que será revisada el 4 de junio, y que busca aprobar el paquete de reformas anticorrupción aprobadas en un referéndum en diciembre y que permanecen estancadas en el Legislativo de mayoría opositora.

Desde que Vizcarra asumió la Presidencia en marzo de 2018, tras la dramática salida de Pedro Pablo Kuczynski -vinculado con el caso Odebrech al igual que tres exmandatarios peruanos por delitos de corrupción (Alejandro Toledo, prófugo en Estados Unidos; Ollanta Humala, en arresto domiciliario al igual que PPK; y Alan García, que se suicidó en abril, cuando iba a ser detenido)-, ha mantenido una tensa relación con el Congreso, dominado por el Partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, en prisión preventiva.

"El mensaje del Presidente Vizcarra se da un día después que el Congreso archivó graves denuncias contra el exfiscal de la nación, Pedro Chávarry, evitando que sea destituido e investigado por el Poder Judicial. Vizcarra tuvo mucha popularidad cuando confrontó al Congreso e impulsó el referéndum, especialmente porque es un Presidente sin partido y prácticamente sin bancada, que trata de ser empático con el malestar ciudadano frente al Congreso. Esto es más que un intento por impulsar reformas, es volver a marcar la agenda", sostiene a La Tercera el politólogo peruano, Jeffrey Radzinsky.

Cinco proyectos

El mecanismo constitucional de moción de confianza, permite al Ejecutivo -a través del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar-, abogar frente al Parlamento para "aprobar sin vulnerar (la) esencia de cinco proyectos" anticorrupción: la inmunidad parlamentaria; la prohibición de ser candidatos a personas condenadas; la regulación del financiamiento de partidos y cambios en el sistema electoral.

En caso que el Congreso peruano vote a favor de la moción de confianza, los proyectos se someterán a debate. Esto mismo ocurrió en septiembre pasado, en la primera cuestión de confianza planteada por Vizcarra, que buscó que el Congreso aprobará cuatro reformas constitucionales para someterlas a referendo en diciembre.

Si hasta el fin de la legislatura, en junio, los congresistas no han aprobado el paquete de medidas anticorrupción, implicará que la confianza ha sido rechazada. Esto significa que el gabinete de ministros deberá renunciar y el Presidente Vizcarra nombrará un nuevo equipo.

Dado que el Congreso rechazó en septiembre de 2017 el primer gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, un eventual revés de la moción de confianza generaría un terremoto político. Esto, porque se trataría del segundo rechazo a la confianza y, por ende, el Legislativo podría cerrarse. Como Vizcarra reemplazó a PPK en su calidad de Vicepresidente, la moción presentada por el Presidente peruano se considera la segunda.

En caso de que el Jefe de Estado disuelva el Congreso, se deberán convocar elecciones legislativas en un plazo de cuatro meses, con el que se busca completar el período de gobierno, que finaliza en julio de 2021.

"(Esto) demuestra el ánimo confrontacional de Vizcarra. Su fórmula para subir en popularidad es usufructuar del desprestigio del Congreso. Aunque es incierto lo que ocurra en el Parlamento dado que hay posiciones encontradas. Pero los cinco puntos presentados por el Ejecutivo, no ameritan una crisis. Son puntos atendibles. El Congreso debería aceptar esta agenda sin problemas si es que no quiere caer en provocación", plantea a La Tercera Carlos Meléndez, politólogo peruano y académico de la UDP.

Sin embargo, la amenaza de la disolución del Congreso enfrenta a los peruanos con el fantasma del 5 de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori llevó a cabo un autogolpe y cerró el Congreso.

"No cabe paralelo con lo realizado por Fujimori en 1992. En esa oportunidad, se actuó en contra del mandato constitucional, con tanques en las calles y tomando los medios de comunicación.

Ahora se pueden debatir políticamente los impactos, pero el Presidente Vizcarra utiliza mecanismos constitucionales para presionar al Congreso por una situación particular. Pero esta crisis y las acciones son en el marco de la Constitución", enfatiza Radzinsky.

Aunque es incierta la decisión que tomará el Parlamento, Meléndez sostiene que el pedido de confianza es positivo. "El desenlace puede ser inocuo, si el Congreso reitera la confianza. Pero el primer paso es arrinconar al Congreso, ya que lo que importa es mantener la narrativa de la lucha contra la corrupción de Vizcarra", concluye.

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