Desde que llegó a la Casa de Pizarro hace 100 días, el Presidente de Perú, Pedro Castillo, no ha tenido un panorama alentador, sino que ha estado plagado de controversias y críticas a su liderazgo, al punto que han surgido voces que señalan que esto ha debilitado la credibilidad de su administración, deteriorando las perspectivas de crecimiento del país.

El mandatario izquierdista ha tenido que hacer frente a una serie de crisis al interior de su gobierno, que han ido desde la designación de un primer ministro investigado por apología al terrorismo, pasando por la salida del canciller a los 19 días de mandato, hasta la división en el Congreso de la bancada del partido oficialista, Perú Libre, y para culminar un segundo voto de confianza de parte de los parlamentarios para un segundo premier y su gabinete. A lo que se suman la polémica por sacar los militares a la calle para combatir la delincuencia y conflictos sociales por las minas de capitales extranjeros.

“En estos primeros 100 días del gobierno del Presidente Castillo es muy poco lo que se ha visto. Se ha visto mucho de desgobierno, de incertidumbre, de indecisiones, de no saber por dónde van las cosas. Lo peor de todo es que mientras tanto varios ministros y en varias actividades del quehacer público se está produciendo una destrucción de lo que se puede haber mejorado en el país y de avances que se estaban consiguiendo”, dijo el politólogo peruano Augusto Álvarez Rodrich, en un análisis realizado para el diario La República.

Castillo inició su mandato con una desaprobación del 45% en el mes de agosto, según un sondeo de Ipsos. Una situación que solo empeoró al subir un punto en septiembre y llegar a 48% en octubre.

Durante su campaña electoral, el mandatario prometió que realizaría una serie de medidas que iban a ser implementadas en sus primeros 100 días de gobierno, como la reactivación del empleo y la economía popular, el lanzamiento de una segunda reforma agraria y la aplicación de un nuevo impuesto a las sobreganancias mineras. Si bien logró llevar adelante el bono Yanapay (ayuda económica individual de 350 soles -unos US$ 87- otorgados a nivel nacional a personas mayores de edad en situación de pobreza o vulnerabilidad) y los subsidios a los combustibles, la reactivación de la economía de los hogares aún no se concreta.

Respecto de la segunda reforma agraria, aún no se materializan aspectos mínimos para su ejecución, como la conformación del gabinete de Desarrollo Agrario y Rural.

“El gobierno ha avanzado muy poco, quizás hasta más simbólicamente si partimos del mensaje del 28 de julio. Por dos razones: por un lado, la capacidad, que se está construyendo aún, que está siendo lenta en instalarse en la gestión de gobierno. Pero, además, también hubo dificultades y trabas que los otros actores políticos de oposición colocaron y que hicieron difícil que esta gestión se dedique a la política pública. No hemos visto grandes avances aún”, dijo la analista Paula Távara al diario El Comercio.

Ya antes de que asumiera el gobierno, Pedro Castillo, un profesor rural que no contaba con grandes apoyos al interior de Perú Libre, había tenido conflictos por el liderazgo en la colectividad, al chocar con el fundador Wladimir Cerrón, algo que fue advertido por los analistas.

Durante la campaña, Castillo se fue alejando de algunas de las promesas electorales radicales que son esenciales para Cerrón y el sector más duro de Perú Libre, como la elaboración de una nueva Constitución y las restricciones a las actividades de las empresas que explotan los recursos naturales peruanos.

La designación como primer ministro de Guido Bellido, hombre muy cercano a Cerrón, gatilló una serie de especulaciones sobre si finalmente el mandatario respondía a los requerimientos del líder de Perú Libre.

Sin embargo, Bellido, que era investigado por presunta corrupción y apología del terrorismo, terminó siendo apartado por el Presidente, que puso en su lugar a Mirtha Vásquez, que anoche buscaba obtener el voto de confianza del Congreso para su gabinete, algo que hasta el cierre de esta edición aún estaba siendo debatido. Y no existía seguridad si la premier contaba con el respaldo de los 36 legisladores que tiene la bancada oficialista.

Pero mientras Castillo trataba de sortear el voto en el Congreso, horas antes apagó otro incendio, al designar como ministro del Interior a Avelino Guillén, el tercero en ocupar ese cargo en menos de 100 días desde el inicio de su gestión. Guillén reemplazó a Luis Barranzuela, que renunció por presuntamente organizar una fiesta de Halloween pese a la prohibición que impuso el gobierno para este tipo de eventos, con el fin de evitar los contagios por el coronavirus.

Guillén, de 67 años, es conocido por su papel clave en lograr la sentencia por 25 años de cárcel contra el expresidente Alberto Fujimori tras acreditar su autoría mediata en el asesinato de 25 peruanos, a manos de un grupo militar durante su mandato (1990-2000).

También tendrá que evaluar si seguirá vigente una reciente decisión de sacar a los militares a las calles para ayudar a la policía en el combate a la delincuencia en Lima y el puerto de Callao. La polémica decisión de incorporar a las FF.AA. en el control de la delincuencia ha provocado el rechazo de organismos defensores de los derechos humanos, tanto internacionales como locales.

El gobierno también cambió el jueves de la semana pasada al jefe del Ejército y de la Aviación, sin explicar los motivos. El mandatario soporta el estallido de varios conflictos sociales donde funcionan minas de capitales internacionales, así como el incremento de la delincuencia.