Bajo el nombre de la “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas”, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió este miércoles una reforma constitucional amplia que podría darle a él y su esposa, Rosario Murillo, amplios poderes y el completo control de las tres ramas del Estado.
Entre sus características, se crearía la figura del copresidente, el que recaería en manos de la actual vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo. Tanto el “copresidente” como la “copresidenta” tendrían el mismo nivel jerárquico de poder, y serán elegidos mediante votación popular, de ser aprobada la reforma constitucional.
Algunas de las atribuciones que la pareja sandinista lograría sería que la Presidencia se convierta en “coordinadora” de los tres poderes del Estado -el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial-, además de ser la cabeza de la autoridad electoral y del Ejército de Nicaragua. En resumen, la oficina del mandatario tomaría el control del aparato estatal en su totalidad.
Con esto, la independencia de poderes que sustenta la democracia occidental moderna queda en el suelo. “La presidencia de la República dirige al Gobierno y como jefatura del Estado coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense y de lo establecido en la presente Constitución”, plantea en concreto la propuesta de modificación a la Carta Magna.
Según el diario El País, esto podría garantizar la sucesión dinástica del clan Ortega-Murillo al poder nombrar a dedo al vicepresidente. Y el nombre que automáticamente salta a la mente es el de su hijo, Laureano Ortega Murillo, apuntado desde hace años como el “delfín” de la pareja sandinista.
La propuesta fue entregada a la Asamblea Nacional, cuya representación es mayoritariamente oficialista. Del total de 90 asientos en el Congreso unicameral, 76 pertenecen al Gobierno -con 75 del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y uno de YATAMA, partido indigenista- y solo 14 están en manos de la oposición.
Ortega no quiere dilaciones, explicó la prensa local y agencias de noticias, puesto que le pidió al Legislativo una tramitación “con carácter urgente”. La denominación del gobierno de Ortega-Murillo, como muchas veces se le cita en la prensa internacional debido al creciente poder logrado por la pareja del político revolucionario, estaría más cerca que nunca de convertirse en una realidad institucionalizada.
No es la primera vez que el oficialismo retoca la Carta Magna. De hecho, ya ha sido enmendada en 12 ocasiones desde 2007, incluyendo el cambio que le permitió a Ortega ser reelegido indefinidamente. Con cuatro presidencias consecutivas, gracias a lo que logró con la reforma de 2014, esta vez la apuesta es mayor: serían más de 100 los artículos de la actual Constitución que podrían sufrir modificaciones.
Esta serie de reformas resuelven “un tema que, según fuentes sandinistas consultadas por El País, llevaba en discusión internas ya varios años: seguir, en familia, atornillados al poder”, detalló el periódico español.
En febrero de 2023, la pareja ya había adelantado sus planes, pero recién se materializó. “Aquí está la compañera Rosario Murillo, copresidenta de la República. En verdad, así es: ¡Es copresidenta de la República! En la Constitución tendremos que hacer algunas reformas”, dijo Ortega en una “rara aparición en público con Murillo”, consignó France 24.
A sabiendas de la abrumadora mayoría parlamentaria, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que posiblemente esta misma semana esté aprobada la reforma, sin más dilación que unos días de discusión. Esta rapidez, así como el alcance de las transformaciones al sistema político nicaragüense, llevaron a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) a plantear que la oficina “rechaza” la jugada del sandinismo.
“La OEA rechaza y repudia la iniciativa de ‘ley de reforma’ de la Constitución presentada por el dictador nicaragüense Daniel Ortega. A través de estas modificaciones a la norma fundamental, Ortega y sus aliados buscan incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder”
Las otras propuestas
Además de las modificaciones al corazón del ordenamiento estatal nicaragüense, la propuesta sandinista incluye otras modificaciones al quehacer del país centroamericano. Por un lado, una enmienda busca expandir el control sobre los medios locales, planteando que “el Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas”.
Pero también podría abarcar a la Iglesia, institución que se ha opuesto al gobierno sandinista en más de una ocasión en los últimos años. En el documento se lee que “al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público”.
En la misma línea, se busca que la libertad de expresión se limite a cuando esta “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución”, añade el gobierno de Ortega-Murillo.
Por otro lado, la reforma también toca elementos de la institucionalidad simbólica de Nicaragua, esta vez, mediante la inclusión de elementos oficialistas en el Estado. ¿Cómo planean hacerlo? La bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el movimiento revolucionario que se convirtió en partido político en la década de 1980, se incluirá dentro de los símbolos patrios, de aprobarse la propuesta del Ejecutivo.
Respecto a las Fuerzas Armadas, un pasaje del documento plantea que, cuando la Presidencia lo considere necesario, el Ejército podrá salir “en apoyo” de la Policía Nacional, además de permitir que oficiales, ya sean militares o policiales, puedan ocupar cargos políticos de manera temporal cuando “el interés supremo de la nación lo exija”.
Por último, una modificación, o más bien, una oficialización, podría convertirse en clave cuando de la represión a la oposición se trata. La reforma podría legalizar la figura de los “policías voluntarios” al definirlos como un “cuerpo auxiliar de apoyo a la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria”.
Estas mismas agrupaciones han sido criticadas por organismos de derechos humanos que acusan a estas brigadas informales como las responsables de atacar y reprimir a ciudadanos opositores a Ortega en las manifestaciones de 2018.
