A la periodista Carmela Longo y a su hijo, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se los llevaron desde su casa el domingo 25 de agosto. Carmela, quien además trabaja como voluntaria para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), tiene casi 40 años de experiencia laboral, y casi 20 de ellos fueron en el diario Últimas Noticias, un medio amigo del gobierno venezolano. Durante todo ese tiempo, su fuente ha sido la misma: noticias de farándula.
A su hijo lo soltaron a las horas. A ella la soltaron al mediodía del lunes, día de su cumpleaños, a pesar de que habían dicho que no sería presentada ante las autoridades hasta el martes. En la mañana del lunes tuvo una audiencia telemática, donde se le imputaron los cargos de terrorismo e incitación al odio. Quedó con medidas cautelares: prohibición de salida del país, régimen de presentación y prohibición de declarar y escribir sobre su caso.
Su detención ocurrió casi un mes después de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro sin dar los datos desglosados ni mostrar ninguna acta de votación. Gobiernos de todo el mundo han dicho que no pueden reconocer esa victoria, lo que ha provocado que Venezuela rompa relaciones con al menos seis países, Chile incluido.
Longo no fue la primera periodista en ser detenida en el contexto postelectoral, pero es la única que no tiene vinculación directa o indirecta con la política como fuente. Además de las detenciones, la ONG Espacio Público lleva una cuenta de 386 violaciones a la libertad de expresión en lo que va de año.
Ana Carolina Guaita, periodista de La Patilla, fue detenida por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) frente a su casa el pasado viernes 20 de agosto. Guaita es hija de Carlos Guaita y de Xiomara Barreto, ambos del Partido Político Social Cristiano Copei.
Guaita cubrió el derribamiento de una de las estatuas del fallecido presidente Hugo Chávez. Activistas de derechos humanos denunciaron que su detención fue una especie de “castigo”, hacia el activismo de sus padres o que la tienen como “ficha de cambio” para que uno de ellos se entregue.
Su mamá, en un audio difundido por el SNTP este domingo, dijo “¿Ustedes van a asesinar a mi hija? ¿Ustedes le van a hacer daño a una muchacha inocente? Porque no me pudieron agarrar a mí y me están acusando de barbaridades terribles por el solo hecho de ser una opositora, porque creo en un cambio”.
El 16 de agosto fue detenido Gilberto Reina, periodista y director del sitio web La sapa del Orinoco, luego de que el medio publicara un video invitando a la gente a participar en la marcha convocada por el Comando Con Venezuela del sábado 17 contra los resultados emitidos por el TSJ y para mostrar que la facción opositora divulgó las el 83,50% de las actas recogidas por testigos y voluntarios y que dan como ganador a Edmundo González con 67% de los votos.
El 3 de agosto hubo dos detenciones a trabajadores de la prensa: en Valle de la Pascua, Guárico, encapuchados, presuntamente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), se llevaron a José Gregorio Camero, periodista y activista, luego de que participara en una manifestación opositora. En Valera, Trujillo, fue detenido Fernando Chuecos, un reportero gráfico.
El día anterior, 2 de agosto, también hubo dos detenciones: Deisy Peña, reportera gráfica, fue detenida por el cuerpo de policía local del estado Miranda. A Deisy la detuvieron en una estación de servicio sin contar con ninguna orden de aprehensión. Fue acusada de terrorismo y sigue detenida en una cárcel de mujeres. Su hija grabó un video pidiendo su liberación, señalando que su mamá “fue injustamente apresada por ejercer su profesión”.
También fue detenido el periodista y activista Roland Carreño. Carreño ya había sido detenido en 2020 y solo fue liberado en 2023 luego de negociaciones entre el gobierno y la oposición. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en su beneficio el pasado 17 de agosto. Joel García, su abogado, dijo el 21 de agosto que todavía no habían podido comunicarse con él ni saber qué cargos le imputan. Solo se sabe que está en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), conocido como uno de los centros de tortura más grandes de América Latina.
A Paul León, estudiante de periodismo, tesista de la Universidad de los Andes y camarógrafo del canal VPI TV, lo detuvieron el 30 de julio mientras cubría protestas en el estado Trujillo. Sin acceso a su abogado, le imputaron terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir. Este domingo fue trasladado de la cárcel donde se encontraba y su familia todavía desconoce su paradero.
León hizo llegar a su familia una carta a principios de mes. La carta fue publicada por el medio digital La Vida de Nos y dice lo siguiente: “Mis viejos, mis abuelitos, tía Mari, mis hermanos y Daniela, estoy bien. Llegará el momento de hablar de esto, pero quiero concentrarme en decirles que ustedes son todo lo que tengo y confío en que vamos a salir de esta situación, que no les negaré me entristece me entristece mucho. Pero me llena de fuerza pensar en ustedes y en volverlos a ver pronto. Gracias por todo lo que están haciendo por mí… los amo, Dios con nosotros”.
El primer periodista detenido después de las elecciones fue Yousner Alvarado, apresado en medio de una manifestación en el estado Barinas. Yousner, que trabaja como camarógrafo en el portal Noticias Digital, fue presentado ante un tribunal el 31 de julio. También fue imputado por terrorismo.
En campaña electoral otros tres periodistas ya habían sido detenidos: Gabriel González, periodista, ex coordinador Nacional de Comunicaciones de Vente Joven (el partido de María Corina Machado) y activista LGBT, fue detenido el 17 de junio. González fue detenido en Caracas luego de participar en la visita del entonces candidato presidencial Edmundo González y acusado de incitación al odio y asociación para delinquir.
Luis López fue detenido el 14 de junio cuando se dirigía a cubrir una protesta y acusado de incitación al odio. También se encuentra en El Helicoide.
Carlos Julio Rojas fue el primero, detenido el 15 de abril mientras caminaba cerca de su casa. Según el testimonio de su familia, para llevárselo lo montaron a la fuerza en un vehículo sin placas. El Fiscal General de la República, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Maduro, dijo que Rojas estaba detenido por ser ‘instigador y operador logístico’ en un supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro el pasado 25 de marzo”.
Claudia Macero y Omar González, ambos periodistas y miembros del comando de María Corina Machado, están asilados en la Embajada de Argentina desde el pasado 20 de marzo. Ambos tienen órdenes de detención. Desde allí, junto con otros tres miembros del partido, coordinaron mucho de lo que sucedió en la campaña electoral.
Medidas extremas
Como medida de protección, muchos periodistas han abandonado el país en los últimos días, aunque aún no se tienen cifras al respecto. La mayoría de los medios digitales optaron por no firmar los trabajos que publican, para no aumentar el riesgo a sus periodistas.
Además, surgió una innovadora iniciativa: dos alianzas de medios independientes que se unieron para lanzar a “el pana” y “la chama”, avatares de inteligencia artificial que leen un resumen de las noticias, como forma de sortear la represión y persecución que solo parece ir creciendo.
