“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa”, escribió en su cuenta de Twitter la vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tras conocer la petición de la Fiscalía de ese país de una condena de 12 años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos, por su presunta participación en delitos de asociación ilícita y fraude al Estado durante su gobierno (2007-2015).

La exmandataria trasandina ha negado los cargos y sostiene que el tribunal que la juzga desde hace tres años ya tiene “escrita y hasta firmada” la sentencia en su contra, según reporta el diario Clarín de Buenos Aires.

Fernández anunció que este martes, a las 11 de la mañana, hablará por sus redes sociales para contestarle a jueces y fiscales .

En otro mensaje en Twitter manifestó sobre la imputaciones en su contra del fiscal federal Diego Luciani, “que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019. Por ello mañana (por este martes) a las 11hs, a través de mis redes voy a demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales”.

El fiscal Luciani consideró a Cristina Fernández como cabecilla de una asociación ilícita montada para la corrupción y el beneficio de Lázaro Báez, apuntado como su testaferro, en maniobras de desvío de licitaciones de obras públicas en Santa Cruz, en un desfalco que la fiscalía cifró en 1.000 millones de dólares.

“La matriz de corrupción permanece intacta y no ha podido ser desterrada... es necesario a partir de este caso producir una modificación trascendental”, sostuvo Luciani. “Es corrupción o justicia, ustedes tienen la decisión final”, agregó dirigiéndose a los jueces del tribunal.

También por Twitter, más temprano y antes de escuchar a que condena podría enfrentarse, Kirchner había reclamado en sus redes que le dieran la excepcionalidad de ampliar su indagatoria este mismo martes.

El Tribunal se lo rechazó ante dos pedidos que hiciera este lunes su abogado Carlos Beraldi en el noveno día de alegatos de la acusación, el último ante de la defensa que se retomará en septiembre.

Reacción del gobierno

Por su parte, el gobierno nacional condenó en un comunicado “la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta” y aseguró que es una “búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.

“Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal moderno”, agregó el comunicado.

La vicepresidenta argentina enfrenta otras cinco causas judiciales por presunta corrupción, desde uso irregular de aviones presidenciales hasta el pedido de sobornos a empresarios a cambio de adjudicación de obra pública.

Teniendo en cuenta los antecedentes de otras sentencias de corrupción, como el caso del fallecido expresidente Carlos Menem (1989-1999), si la vicepresidenta es condenada pueden pasar años antes de que deba cumplir con la pena. Además, la ley no le impide presentarse a cargos públicos hasta tanto la Corte Suprema -última instancia- no se pronuncie de manera definitiva.

Además, en febrero de 2023 cumplirá los 70 años y puede solicitar el beneficio del arresto domiciliario.