Un joven encapuchado provisto de un mortero de fabricación casera lanza una señal de advertencia. A su alrededor, al menos una veintena de estudiantes nicaragüenses, con sus caras igualmente tapadas, y escudos rudimentarios fabricados con material metálico de desecho. La escena ocurre en la Universidad Politécnica (Upoli) de Managua, el epicentro de las protestas que han dejado entre 32 y 63 muertos en la última semana, según varias asociaciones de la sociedad civil.

"Estamos luchando por nuestros derechos y por la libertad de expresión. Los nicaragüenses somos bien luchones. La población nos ha apoyado mucho y vamos a salir adelante", clama Michelle Arista, una de las estudiantes de medicina que colabora en una rudimentaria enfermería organizada dentro de una de las facultades del campus.

Los estudiantes iniciaron las protestas el 18 de abril contra la reforma del Seguro Social decretada por el gobierno del sandinista Daniel Ortega y que preveía, entre otras medidas, un recorte del 5% en las pensiones.

Ahora denuncian que Ortega, el ex comandante sandinista que gobernó entre 1979 y 1990 y que regresó al poder en 2007, los ha masacrado, y dicen que están dispuestos a mantener la protesta hasta conseguir la renuncia de él y la de su esposa, Rosario Murillo, Vicepresidenta desde 2017.

La Upoli es todo un hervidero en las horas más tempranas del día. La verja se abre cada pocos minutos, dejando pasar vehículos particulares que llevan provisiones a los jóvenes. Comida, suministros médicos, pero también gasolina, básica para encender los generadores que mantienen la energía eléctrica en el lugar.

Algunas madres y padres se han dado también cita en el lugar para cocinar y cuidar de sus hijos. Dicen estar dispuestas a recibir las balas por ellos. Un estudiante falleció y otros cinco fueron gravemente heridos durante un intento de toma de la universidad el fin de semana pasado.

Otros estudiantes no cuentan con tanto apoyo: "Mi padre no me apoya en nada de lo que estoy haciendo. Me ha dado la espalda. Pero yo llegué aquí para que respeten sus derechos y los de mis abuelos", dice Litzi Nicole, otra de las estudiantes.

Ortega, que contaba hasta ahora con el apoyo mayoritario de la población -ganó las elecciones de 2016 con el 72% aunque con los líderes de la oposición inhabilitados- se ha sumido en una crisis.

El ex guerrillero volvió al poder hace 11 años, tras 17 años en la oposición, y desde entonces había mantenido el monopolio de las calles y gran popularidad gracias a un gran crecimiento económico -nunca menor al 4,4% desde 2017- y a la seguridad de que disfruta el país, el más seguro de una de las regiones más peligrosas del mundo. Ahora afronta un malestar social a nivel nacional.

Buena parte de sus antiguos compañeros en el liderazgo del Frente Sandinista de Liberación Nacional critican ahora la forma de hacer política de Ortega. Algunos dejaron de militar a su lado en el partido hace ya dos décadas.

La histórica comandante guerrillera Dora María Téllez fue una de las primeras en apartarse del presidente. "Desde 1995 era claro que el FSLN estaba siendo enrumbado en una dirección perniciosa, totalitaria y autoritaria. Después terminaría en manos prácticamente de la familia Ortega Murillo. Todo lo que fue el FSLN, que prácticamente desapareció, quedó todo este proyecto de dictadura dinástica de los Ortega Murillo que es el que tiene a Nicaragua en esta crisis actual", comenta a La Tercera en una cafetería de Managua.

"A efectos prácticos Ortega es peor que el ex dictador Anastasio Somoza, que combatimos. Es una dictadura hecha en nombre de los pobres, en nombre de la revolución… con una nomenclatura revolucionaria. Nicaragua ha sufrido en la última semana la peor masacre de los últimos casi 40 años", añade Téllez.

También el ex comandante guerrillero Hugo Torres, quien se desempeñó como general del Ejército, critica a su antiguo camarada. "Este tipo de crímenes de esta semana no los mirábamos nosotros desde la dictadura de Somoza. Es difícil compararlo incluso con alguna razzia, algún crimen así tan masivo que tuviese lugar entonces. Y en aquella época los que enfrentábamos a la dictadura éramos un grupo guerrillero armado. Hoy no. Se han ensañado en jóvenes indefensos", dice.

La percepción sobre la crisis cambia en San Antonio, uno de los bastiones 'orteguistas' de la capital. Banderas del FSLN y pósters de la pareja presidencial decoran las entradas de las casas de un solo nivel del barrio.

Allí la gran mayoría defiende al gobierno: "Este gobierno es de los pobres y nosotros nos hemos sentido mejor con este gobierno. El otro bando reclama por los que ellos tienen. Pero nosotros también lo hacemos por nuestros policías y militares que han matado", dice Marta Altagracia, una de las vecinas. Dos agentes resultaron muertos en las protestas.

En San Antonio ven a muchos opositores como desagradecidos. "Aquí hay mucha gente que son ancianos y reciben sus pensiones completas y después de eso les regalan hasta su provisión. Hay mucha gente que ha sido favorecida con zinc, ha salido favorecida con casas… no saben ni qué hacen cuando critican al gobierno", añade Altagracia.

Las esperanzas de parte de la población están ahora puestas en un diálogo nacional, en el que participarán gobierno, empresarios, sociedad civil y estudiantes y contará con la iglesia católica como mediadora. La mesa de debates se instaurará en los próximos días en un ambiente de alta desconfianza.