Trump: ¿Cuáles son las acciones judiciales que puede tomar?

El Presidente Donald Trump y sus aliados se han comprometido a intensificar los esfuerzos legales esta semana para disputar las elecciones presidenciales. Muchas de las demandas que han presentado hasta ahora tienen un alcance limitado, por lo que es poco probable que produzcan grandes cambios en los votos, incluso si tienen éxito.

Trump, que enfrenta déficits de votos en estados clave, necesitaría amplias victorias legales en todos ellos para tener la oportunidad de cerrar la brecha electoral con el Presidente electo, Joe Biden, quien fue declarado ganador de la elección por The Associated Press, el sábado. Durante el fin de semana, la campaña presentó una demanda adicional en Arizona y prometió más en otros lugares en los próximos días. Los jueces de Georgia, Michigan y Nevada ya rechazaron sus casos.

Rudy Giuliani, uno de los abogados personales de Trump, dijo el domingo en Fox News que los nuevos reclamos legales girarían en torno a tres asuntos: las supuestas barreras para observar el conteo de los votos por correo, los supuestos votos emitidos por personas fallecidas y las supuestas papeletas retroactivas. No ofreció pruebas de irregularidades más allá de sugerir que una demanda se centraría en las acusaciones de decenas de testigos quienes señalaron que a los republicanos se les impidió observar el recuento de cientos de miles de votos en Pennsylvania.

En medio de la ofensiva republicana, el secretario de Justicia, William Barr, autorizó anoche a los fiscales federales de todo el país a que investiguen las “denuncias creíbles” de irregularidades.

Los republicanos ya tienen una demanda que alega que los observadores de las encuestas no pudieron acercarse lo suficiente en Pennsylvania. Los funcionarios electorales estatales dicen que a los observadores republicanos no se les negó el acceso.

Incluso si un juez se pone del lado de la afirmación de que los observadores electorales republicanos fueron tratados injustamente, es poco probable que un juez invalide los resultados electorales sin evidencia de un fraude electoral generalizado, dijo Richard H. Pildes, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Nueva York.

El equipo de Trump enfrenta un panorama legal diferente al de los abogados de George W. Bush y Al Gore en 2000, cuando la pelea judicial posterior a las elecciones fue de unos pocos cientos de votos en un estado. El conflicto actual se extiende a decenas de miles en al menos cuatro estados.

El domingo surgió un equipo legal reforzado de Trump. En Georgia, la campaña dijo que el representante republicano Doug Collins lideraría la presión para un recuento en un estado donde Biden actualmente lidera por 0,21 puntos porcentuales. La ley estatal permite que un candidato busque un recuento si el margen es 0,5 puntos o menos.

La campaña también nombró a Kory Langhofer, un abogado de la campaña de Trump de 2016, para liderar sus esfuerzos en Arizona, y Ronald Hicks, un abogado de la firma Porter Wright que ha representado a candidatos republicanos en Pennsylvania, será quien lidere los esfuerzos en ese estado. Axios informó primero sobre los movimientos del equipo legal.

El viernes, la campaña nombró al activista conservador David Bossie, que no es abogado, para dirigir su equipo legal posterior a la elección.

Algunos asesores de Trump han dicho en privado que ven que hay poco camino por delante ya sea política o legalmente. Un portavoz de la campaña no respondió a una solicitud de comentarios.

La demanda de la campaña en Arizona, presentada el sábado, alega que algunos votos emitidos el día de las elecciones fueron rechazados de forma incorrecta en el condado de Maricopa, hogar de Phoenix y más de la mitad de los residentes del estado.

La demanda, presentada horas después de que Biden fuera declarado vencedor a nivel nacional, afirmaba que una máquina de tabulación electrónica alertó a numerosos votantes de irregularidades en sus boletas, potencialmente causadas por marcas perdidas, manchas de tinta o errores de los votantes. Bajo la ley estatal, esas personas deberían haber tenido la oportunidad de arreglar su voto después de que la máquina señalara problemas. Algunos trabajadores electorales instaron a los votantes a anular el mensaje de error que provocaba que cada boleta se emitiera con el defecto, alega la demanda.

Una portavoz de la secretaria de Estado de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, dijo que el estado aún estaba revisando la demanda. Parecía ser “una demanda Sharpiegate (combinación de palabras de la marca de lápiz y escándalo)”, dijo, refiriéndose a las demandas legales de los tribunales estatales, desde que el uso de los lápices Sharpie por parte de los votantes en las boletas hizo que sus votos no fueran contados. El fiscal general de Arizona, el republicano Mark Brnovich, dijo la semana pasada que el uso de esos lápices no resultó en la privación del derecho al voto de los votantes.

Giuliani sugirió el domingo que la estrategia legal de la campaña se centraría primero en el tratamiento de los observadores de las encuestas en Pennsylvania, especialmente en Filadelfia y Pittsburgh.

En el pasado, a los observadores de ambos partidos se les permitía examinar de cerca a los trabajadores electorales, a menudo examinaban las firmas y las estampillas. Este año, algunos funcionarios electorales locales implementaron reglas de distanciamiento social debido a la pandemia, manteniendo a los observadores republicanos y demócratas más lejos de los trabajadores. En el centro de convenciones de Filadelfia, por ejemplo, algunos observadores se mantuvieron detrás de una barrera de metal de tres a cuatro metros de distancia de los trabajadores electorales que contaban los votos. Un portavoz de la junta electoral de Filadelfia dijo que esas barricadas se movieron a menos de dos metros de la primera línea de trabajadores.

En una victoria legal posterior a las elecciones para los republicanos, un juez de la corte de apelaciones estatal en Pennsylvania el 5 de noviembre dictaminó que los observadores de las urnas deben poder observar de cerca el proceso de conteo de votos.

La campaña de Trump también presentó una demanda federal alegando que a los observadores de las encuestas no se les permitió observar el conteo de votos en Filadelfia. Un juez federal cuestionó la legitimidad de las afirmaciones de la campaña y desestimó la demanda después de que la campaña y los funcionarios electorales de Filadelfia llegaron a un acuerdo sobre el acceso a las urnas durante una audiencia.

En otras demandas pendientes en el estado, los republicanos han argumentado que algunas boletas por correo y en ausencia no deben contarse porque a los votantes se les permitió corregir problemas técnicos con sus papeletas o enviar papeletas provisionales de reemplazo. Algunas de estas demandas giran en torno a unos pocos miles de votos, por lo que es poco probable que afecten el resultado en un estado en el que Biden ahora lidera por unos 41.000 votos con el 99% de los votos esperados contados.

También está pendiente una demanda republicana en la Corte Suprema que impugna la extensión de tres días de Pennsylvania para aceptar boletas con estampillas del día de las elecciones. Pero con Biden ya adelante sin los votos que llegan más tarde, el caso podría tener poco impacto práctico. Tampoco está claro a qué candidato se benefició con esas papeletas.

Si el tribunal superior accede a escuchar el caso, los republicanos tendrían que convencer al tribunal de que acepte un amplio argumento legal de que el Tribunal Supremo de Pennsylvania no tenía la autoridad para cambiar el plazo de votación establecido previamente por la legislatura estatal. La teoría legal que sustenta ese argumento no fue aceptada por la mayoría de la corte en Bush versus Gore.