Cuestionan a Milei por nombrar vía decreto a juez de la Corte Suprema de Argentina

Milei commemorate victims of the Holocaust, in Buenos Aires
El presidente argentino Javier Milei abandona el Museo del Holocausto tras participar en una ceremonia para conmemorar el Día Internacional del Holocausto, en Buenos Aires, Argentina, el 27 de enero de 2025. Foto: REUTERS.

Saltándose el Senado, Javier Milei nombró, vía decreto, a dos de sus candidatos al máximo ente de la Justicia. Si bien la medida ya ha causado polémica por el uso de un DNU en materia de elección de otro poder del Estado, la mayoría de las críticas de la oposición -e incluso de sus aliados del PRO- reside en la nominación de Ariel Lijo.


Una serie de cuestionamientos generó el nombramiento por decreto de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema que hizo el presidente de Argentina Javier Milei, luego de meses de infructuosos intentos de parte del gobierno de negociar su designación a través del Senado.

En circunstancias normales, sería el Senado el que vota los pliegos de los candidatos a llegar al máximo ente judicial del país. En este caso, el libertarismo había intentado levantar al académico Manuel García Mansilla y al juez federal Ariel Lijo como los nuevos integrantes del máximo tribunal, pero pese a los intentos por negociar, el oficialismo nunca contó con los votos necesarios. Con el nombramiento por decreto, los candidatos propuestos por La Libertad Avanza estarán en funciones por un plazo máximo de un año, tiempo límite autorizado para un nombramiento en comisión.

Legislative assembly at the National Congress, in Buenos Aires
Javier Milei previo al inicio de la sesión de una asamblea legislativa en el Congreso Nacional, en Buenos Aires, Argentina, el 29 de noviembre de 2023. Foto: REUTERS.

Ahora, se enfrenta a una tanda de críticas por una jugada política permitida, pero cuestionada. Sin embargo, más allá de la figura legal, la crisis se da por la polémica figura de Lijo.

Desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror”, escribió en redes sociales la exdiputada y fundadora de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa Carrió. “En cuanto a Lijo”, puntualizó, “es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional”.

Diez meses atrás, el 15 de abril pasado, Javier Milei anunció que el juez Lijo formaría parte de sus cartas a la Corte Suprema de Justicia, lo que desató un vendaval de opiniones contrarias. El periodista Joaquín Morales Solá señaló en una reciente columna que el candidato es “cuestionado moral e intelectualmente por distintos dirigentes políticos, importantes entidades empresarias y varias ONG vinculadas con la justicia”.

Las objeciones opositoras no provienen del kirchnerismo ni el peronismo, sino que, principalmente, surgen de la Unión Cívica Radical y los partidos cercanos de la llamada oposición dialogante. En 2018, la propia Elisa Carrió lo denunció penalmente por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias. También incluyó en la demanda a Alfredo Lijo, hermano de Ariel, cuyo nombre es constantemente apuntado como el de uno de influencia en Comodoro Py, nombre del edificio en la Ciudad de Buenos Aires que alberga a la justicia federal.

Un bloque de oposición

Una de las críticas más relevantes llegó desde el mismo corazón del Poder Judicial, luego de que Aída Tarditti, una de las vocales del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, cuestionara de manera directa la decisión de Milei. Fue en una publicación de la red social Instagram donde la penalista aseguró que “una Corte de varones completada irregularmente no es legítima”, en lo que el portal trasandino La Política Online calificó como un “infrecuente cuestionamiento a la conformación del máximo tribunal por decreto”.

No es la primera vez que Tarditti discute la nominación de Lijo. Cuando se supo que Milei quería al juez en el máximo ente judicial del país, ya había apuntado que eso no consideraba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de rango constitucional, y que “obliga a los Estados a favorecer el acceso de las mujeres a cargos públicos y funciones públicas en condiciones de igualdad”, consignó LPO.

En el arco político, a Carrió se sumaron otras voces de la oposición dialogante, donde calificaron como un “error” y de “dañina” la estrategia oficialista. Maximiliano Ferraro, mano derecha de la fundadora de CC-ARI, señaló que se trata de “una Corte adicta. Si hasta hoy (el oficialismo) no consiguió el acuerdo del Senado, no es porque ‘la casta’ esté caprichosa, sino porque Lijo carece de toda idoneidad y acumula sospechas en su trayectoria, siempre en favor de la impunidad y el corporativismo político”.

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La exdiputada Elisa Carrió. Archivo.

Juan Manuel López, diputado por la provincia de Buenos Aires de la misma tienda política, argumentó que Milei busca “garantizar su impunidad y la de su hermana con Lijo” en la Corte Suprema, pero “forzando la Constitución”.

Incluso más duro fue el legislador porteño Hernán Reyes. “Lijo, la persona más denunciada de la historia en el Consejo de la Magistratura de la Nación y que ha cajoneado casi 60 causas de corrupción a lo largo de su deplorable carrera. Nunca en la historia un candidato a la Corte fue tan cuestionado. Este acuerdo es con el peronismo de Cristina Fernández de Kirchner y la justicia corrupta”, disparó.

La mención al kirchnerismo no es al azar. Si bien el kirchnerismo estuvo dispuesto a discutir la llegada de Lijo, ahora se mostró indignado por el nombramiento vía decreto, pero la prensa argentina había indicado con anterioridad que la propia Cristina Kirchner se había mostrado abierta a negociar.

“Cristina Kirchner hizo trascender que podría negociar, pero a cambio de que pongan mujeres abogadas que le son ciegamente fieles, y que no tiene una buena formación intelectual en el campo del Derecho. ¿Qué presidente haría semejante trato? Milei debería mejorar su propuesta (la que atañe a Lijo, fundamentalmente) para diferenciarse de su adversaria política”, señaló Joaquín Morales Solá en una columna para La Nación.

De todos modos, el bloque kirchnerista, formalmente, Unión por la Patria, calificó de “inconstitucional” la jugada de Milei y, según Clarín, ya están trabajando en una estrategia para tumbar el decreto presidencial.

FILE PHOTO: Argentina's Vice President Cristina Fernandez holds a masterclass, in La Plata
La vicepresidenta y expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, gesticula mientras da una clase magistral en el Teatro Argentino, en La Plata, Argentina, el 27 de abril de 2023. Foto: REUTERS.

Aunque Milei podría recibir una mano de sus principales rivales, siempre que se negocie. Así lo informó el jefe de la bancada K, José Mayan, que la tarde del martes señaló que “en la última reunión de labor parlamentaria que se hizo en el Senado ofrecieron conversar sobre las designaciones de Lijo y García-Mansilla”, añadió el citado medio.

Si hay una coincidencia en todo el arco político, prosiguió Clarín, es que “la competencia es del Senado y no se la puede arrogar el Poder Ejecutivo”, ya que “hay que aclarar que se trata de un decreto que no necesita la aprobación del Congreso, ya que la designación en comisión es como una herramienta administrativa”.

Y en el Poder Legislativo, La Libertad Avanza no la tendrá fácil, ya que su principal aliado en el Congreso, el PRO del expresidente Mauricio Macri, previamente había manifestado su rechazo a la nominación del juez federal.

Durante la mañana del miércoles, y de urgencia, el exmandatario reunió a la cúpula del partido para definir la posición del bloque y, para la perspectiva de Milei, salió humo negro tras la cita. Macri se excusó y no entregó declaraciones a la prensa, pero Alfredo de Angeli, jefe de la bancada de senadores de PRO, anticipó que “la mayoría del bloque va a ir en contra del pliego de Lijo”, consignó La Nación.

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Mauricio Macri se reúne con Javier Milei y su equipo posterior a su victoria en las elecciones presidenciales. Archivo.

No es la primera vez que se utiliza la herramienta. El propio expresidente Macri utilizó la figura del decreto para designar a los actuales jueces de la corte, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Pero tras el revuelo causado por el uso de un DNU, fueron nombrados conforme al procedimiento establecido en el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, explicó Clarín.

El gobierno defiende su posición contra viento y marea. En la Casa Rosada aseguran que “se llegó (al decreto) después de agotar la vía parlamentaria, que es lo que siempre quiso el presidente”, dijeron cercanos de Milei a La Nación. La misma persona señaló que “Javier podría haberlos nombrado por decreto en diciembre pasado, cuando terminaron las sesiones ordinarias, pero, sin embargo, esperó, fue por extraordinarias y cuando entendió que no había más margen, fue por decreto”. Según su retórica, “se viene un nuevo equilibro de poder dentro de la Corte”, dijeron desde La Libertad Avanza al medio Perfil.

Durante la tarde del miércoles, un nuevo respiro llegó para el gobierno luego de que la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital diera el visto bueno a Ariel Lijo para que se tomara una licencia extraordinaria, paso que el propio juez federal exigía al gobierno para asumir en la Corte Suprema.

Para Eduardo van der Kooy, secretario de Redacción de Clarín, existen un “par de explicaciones” para entender por qué Milei actuó ahora. “Podría haber algo del efecto criptogate que dañó su autoridad y la del llamado Triángulo de Hierro. Lo compone junto a Karina, su hermana, y Santiago Caputo, el joven. Supone que el decreto de los jueces podría revitalizarlo”, aventuró en una columna. Por otro lado, “Milei tenía plazo hasta el viernes para formalizar su jugada. Ese día finaliza el período de sesiones extraordinarias. El sábado inaugurará el ciclo de ordinarias”, añadió.

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