De tecnología a mano dura: Los modelos de seguridad pública aplicados en el mundo

Los modelos de seguridad que el mundo ha visto ir y venir han sido numerosos. Nueva York, por ejemplo, vio pasar por sus calles la política de “tolerancia cero”. En otro extremo figuran Nayib Bukele y su guerra contra las maras en El Salvador, pero también están quienes aplicaron la tecnología. Londres, por ejemplo, es una de las ciudades con la mayor cantidad de cámaras por personas en el mundo.

Expertos coinciden en que cada medida responde al contexto local en que se aplica. Así lo cree Gloria Laycock, académica del Instituto Jill Dando de Seguridad y Ciencias del Crimen de la University College London, quien no es ajena a lo que ocurre en Chile, según dijo a La Tercera. Ella y su equipo han impartido cursos para la policía de nuestro país enfocados en lograr la resolución de problemas puntuales para controlar la delincuencia.

Según Laycock, hay una diferencia entre estrategia y táctica. En la segunda categoría se incluye la “tolerancia cero”, el uso de cámaras o el apoyo a padres de niños en situación de riesgo.

Por otro lado, están las estrategias que pueden aplicarse a nivel gubernamental o policial. Por ejemplo, persuadir a los últimos para que adopten un enfoque de resolución de problemas para controlar la delincuencia. “Esto significaría analizar el problema local y desarrollar un conjunto de soluciones” bajo distintos escenarios.

Antônio Sampaio, miembro de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, añade que si bien “no existen modelos que se puedan copiar para reducir la violencia”, sí hay “principios y lecciones” utilizables.

“Un principio importante es la mejora de la gobernanza en zonas que históricamente han sido marginadas, como asentamientos informales y periferias de bajos ingresos. Por gobernanza se entiende la implantación de servicios públicos y la capacidad del Estado para hacer cumplir el Estado de derecho de forma sostenible”.

En Dinamarca, el modelo ha apuntado por años a la prevención y a la disuasión de la criminalidad. En Latinoamérica, tras años de terror narco, Medellín, en Colombia, se sumó a esa corriente.

Sobre la estrategia del país europeo, Anna Karina Nickelsen, directora del Consejo Danés de Prevención de la Delincuencia, escribió en un informe de 2008 que la sociedad del país ha trabajado “en la prevención de la delincuencia desde los años 70″, y se basa en la idea de que “es, ante todo, una responsabilidad social. El 20% de la población considera incluso que la prevención de la delincuencia es una de las tareas más importantes de la policía”.

Según Nickelsen, “la base de la prevención de la delincuencia danesa es la cooperación intersectorial entre el sector público y el privado. Un ejemplo institucional, complementó el académico L. Jensen en un artículo titulado Prevención de la delincuencia en Dinamarca, es el Consejo de Prevención de la Delincuencia. Este “trabaja con los centros escolares y alumnos. Además de las visitas de la policía a las escuelas, el consejo se compromete a mejorar los conocimientos de los alumnos sobre normas y actitudes sociales. Se enseñan a los alumnos las implicaciones del comportamiento delictivo, y la instrucción hace hincapié en la resolución de problemas sin recurrir a comportamientos destructivos”.

En Sudamérica, Medellín, antigua capital del narco en los años de Pablo Escobar, tuvo un giro radical. En 1991 la ciudad contaba con el triste récord de más de 11.000 homicidios en la guerra frontal entre el Estado y el cartel local. Era la urbe más violenta del mundo.

Tras su muerte, el 2 de diciembre de 1993, la tendencia bajó, pero de manera limitada. Tuvieron que pasar años para su transformación. Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín en el periodo 2016 a 2019, dijo recientemente que “con un trabajo en equipo entre el sector público, el sector privado y las universidades de la sociedad civil, hemos hecho un trabajo entre todos para ser considerados una de las ciudades más innovadoras del mundo”, en línea con lo ocurrido con Dinamarca. La prevención temprana, dijo Gutiérrez, es esencial, y se obtiene mayormente “de un trabajo social con mucho enfoque sobre la educación y la contención de niños y jóvenes”.

Según Sampaio, “la inversión en infraestructuras y las mejoras del diseño urbano realizadas en Medellín en un momento de niveles de violencia relativamente bajos” son un ejemplo de gobernanza “construida normalmente con herramientas que no son únicamente, y ni siquiera principalmente, las fuerzas de seguridad”.

Es difícil pensar en un ejemplo menos icónico que el aplicado por el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Frente a un especialmente sangriento fin de semana de marzo de 2022, donde 87 personas murieron a manos de pandilleros -según reportes de investigación periodística, luego de que se quebrara un acuerdo entre estos y el propio Bukele-, el mandatario inició la aplicación de un estado de excepción vigente hasta hoy.

Junto a ello, se llevó adelante una implacable búsqueda de los miembros de pandillas, lo que dejó como resultado más de 79.000 detenidos a la fecha, pero que ha conllevado, según organismos internacionales, la detención de inocentes solo por su apariencia. Cerca de 8.000 han sido liberados tras comprobarse que fueron puestos en prisión por error.

Al margen de esto, detractores y simpatizantes concuerdan en que ha sido efectivo en mejorar la sensación de seguridad. Así lo demuestran los números y su reciente reelección con más del 80% de los votos. El Salvador pasó de una tasa de homicidios de 38 por cada 100.000 habitantes en 2019, a 7,8 en 2022 y a 2,2 en 2023, según cifras oficiales.

A sus espaldas, la megacárcel conocida por sus siglas CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) reúne a miles de pandilleros, los más peligrosos y prominentes miembros de las bandas.

En opinión de Antônio Sampaio, estos modelos deben ser observados con cautela, ya que “pueden parecer positivos a corto plazo, pero conllevan grandes riesgos”. Según el experto, “las prisiones se han convertido en incubadoras de organizaciones criminales en varios países latinoamericanos. Además, los líderes criminales son fácilmente reemplazables. Muchos fracasos de las políticas de seguridad pública, incluidas las que se basan en la vigilancia policial y el encarcelamiento, están relacionados, al menos en parte, con enfoques de seguridad inadecuados que reprimen y hacen confrontarse entre ellas a las comunidades afectadas”.

Corría la década de los 90 en Nueva York y dos hombres, un alcalde y un comisionado de policía, llevaron adelante una política de seguridad pública distinta. Se basaba en la teoría de los “vidrios rotos”, la que básicamente pregonaba que una ciudad con menor tasa de delitos menores se transformaría en una ciudad segura.

Dos nombres se transformaron en el rostro de la teoría: Rudy Giuliani, el alcalde de la “Gran Manzana” entre 1994 y 2001, y el de inmediato nombrado comisionado de la policía de Nueva York, Bill Bratton. El primero llegó al poder bajo la promesa de “recuperar las calles” de la ciudad, y para eso trajo al segundo a cooperar en su propuesta de “Zero Tolerance”, o tolerancia cero.

Dicha idea se basa en la teoría de las “ventanas rotas”, planteada en 1982 por James Q. Wilson y George L. Kelling, pero popularizada por la pareja neoyorquina. Según la propuesta, los signos visibles del decaimiento de una ciudad, de la delincuencia, el comportamiento antisocial y el desorden civil generan un entorno propicio para la realización de más delitos y desórdenes graves.

Para evitar una escalada, por tanto, los esfuerzos policiales se debían centrar en detener los delitos menores, como el vandalismo, el consumo de alcohol en la vía pública, la realización de grafitis o la evasión de impuestos y cobros de la urbe.

Una vez asignado como comisionado, Bratton partió por ordenar a la policía el cumplimiento estricto de la ley contra la evasión del metro, el consumo público de alcohol, el orinar en las calles o hacer grafitis, además de revivir una vieja normativa sobre la prohibición de bailes en establecimientos sin licencia de cabaret.

Un artículo académico de Chris Cunneen, de la Facultad de Derecho en la Universidad de Sídney, asegura que el “recuperar las calles” fue solo una de las etapas desplegadas por el entonces alcalde Giuliani. Fueron, en total, seis. “Las otras consistían en reducir la violencia juvenil, la violencia doméstica, los delitos relacionados con el automóvil, el tráfico de drogas y el número de armas en las calles”, detalló. “Recuperar las calles centrándose en los delitos contra la ‘calidad de vida’ se convirtió en el sello distintivo de la tolerancia cero policial en Nueva York”.

En términos de efectividad, su aporte está en tela de juicio con la perspectiva de los años. Por ejemplo, un estudio de 2001 sobre las tendencias delictivas aseguró que las tasas de delitos, tanto graves como menores, disminuyeron de forma significativa tras la implementación de la “tolerancia cero”, lo que continuó a la baja en los 10 años posteriores. Otros trabajos, sin embargo, muestran que no existe correlación aparente entre la efectiva reducción en la cantidad de faltas a la ley y el uso del modelo. Uno de los argumentos cita que en esos años hubo una disminución general de delitos en Estados Unidos, pese a que Nueva York tuvo el cambio más pronunciado. De todos modos, otras ciudades, con políticas distintas, también vieron una baja en la criminalidad. Además, entre 1992 y 1999, la “Gran Manzana” vio la caída en un 39% de la tasa de desempleo, lo que ayuda a la postura multifactorial.

Entre las ciudades con mayor cantidad de cámaras de videovigilancia por número de habitantes, Londres destaca por su uso en el mundo occidental. Una investigación realizada por Clarion Security Systems estima que hay más de 942.562 cámaras, lo que se traduce en que hay una por cada 10 habitantes de la capital británica. Lo más probable, por ende, es que un ciudadano promedio sea captado por estos equipos unas 70 veces por día, según cifras estimativas de 2022.

Los londinenses dieron un paso más allá en 2020, cuando los titulares de los periódicos locales anunciaron que la videovigilancia iba a utilizar reconocimiento facial en directo para detectar posibles amenazas, medida que, hasta ese momento, se utilizaba solo en China, la nación con más cámaras del mundo.

Esta herramienta se venía probando desde 2016 en la capital, pero de forma acotada. Sin embargo, en enero de 2020 se amplió a muchos más lugares de Londres. “El uso de tecnología de reconocimiento facial en vivo será guiado por inteligencia y desplegado en lugares específicos de Londres”, dijo entonces la policía metropolitana en un comunicado.

En agosto de 2023, el Ministerio del Interior anunció que expandiría una vez más el uso del reconocimiento facial en cámaras, basándose en inteligencia artificial. Pero, rápidamente, defensores de la privacidad y académicos independientes salieron a criticar la táctica por ser inexacta y parcial, particularmente contra las personas de piel oscura.

Hay un ejemplo cercano, pero fallido, de su empleo en la región. Se trata de Buenos Aires, donde en 2019 se intentó aplicar un sistema de detención e identificación de prófugos de la justicia y delincuentes, pero que falló estrepitosamente al acusar de forma errónea a un hombre que compartía el mismo nombre que un criminal. Estuvo casi una semana detenido, sin luz natural, por un delito cometido en una ciudad en la que nunca había puesto un pie.

Se estima que hubo, al menos, otros 140 errores cometidos en el sistema impulsado por Horacio Rodríguez Larreta, entonces jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La decisión judicial fue la suspensión de su uso.

Este año el sistema volvió a la palestra pública luego de que la justicia porteña mantuviera su inhabilitación. El gobierno de Javier Milei había dicho que quería utilizarlo para identificar a manifestantes y luego penalizarlos con el retiro de sus planes sociales.

En opinión de Antônio Sampaio, “las herramientas tecnológicas basadas en la vigilancia pueden lograr algunas cosas, como ayudar a la policía a investigar, pero no ayudan mucho a abordar las desigualdades socioeconómicas y la formación de bandas en zonas del sur de Londres, donde la delincuencia con arma blanca sigue siendo un problema importante entre los jóvenes de ascendencia africana y caribeña”.