Una subcomisión del Congreso peruano declaró este miércoles improcedente la denuncia constitucional por el presunto delito de lesa humanidad contra la Presidenta Dina Boluarte, a raíz de las muerte de decenas de ciudadanos durante las manifestaciones tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo en 2022.

La acusación, que había sido presentada por el economista Ciro Silva Paredes el pasado 15 de mayo, fue rechazada en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por 8 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

En la denuncia se inculpaba a Boluarte por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, genocidio y lesa humanidad, tipificado en el artículo 319 del Código Penal del país vecino, según reporta el diario limeño La República.

Cabe consignar que la mandataria peruana fue denunciada ante la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en la represión de las marchas realizadas en contra de su gobierno en diciembre del 2022 y marzo del 2023, en las masivas protestas luego del derrocamiento del expresidente izquierdista Pedro Castillo, quien actualmente cumple prisión preventiva en una cárcel de Lima.

En el intertanto, continúan las manifestaciones contra autoridades del gobierno peruano. Familiares de las víctimas que dejaron las protestas contra Boluarte en 2023, en Juliaca, Puno, se expresaron hacia el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien visitó esa zona del país.

“Este señor ha revictimizado a los familiares de las víctimas a nivel nacional. Dijo el año pasado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que nos hemos matado entre nosotros y que los fallecidos eran terroristas, vándalos, narcotraficantes”, señalaron.