El caso de ciberespionaje que agita la política española desde hace semanas dio un vuelco este lunes, después de que el gobierno anunciara que el Presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y su ministra de Defensa habían sido espiados por el programa informático israelí Pegasus, que solo está disponible para agencias gubernamentales, en una operación no autorizada.
En una conferencia de prensa convocada de urgencia en Madrid, en pleno feriado en la región, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, informó que los teléfonos celulares de Sánchez y de Margarita Robles fueron infectados en 2021 por este software espía creado por la compañía israelí NSO, objeto de numerosas investigaciones en todo el mundo.
“Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes. No son suposiciones”, aseguró Bolaños, que consideró de “enorme gravedad” estas intervenciones “ilícitas y externas”, aunque no concretó si detrás podría estar otro país.
“Tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo (...) porque en España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial”, indicó. “En este caso, no se ha producido ninguna de las dos circunstancias”, agregó el ministro, quien informó que el gobierno presentó una denuncia este mismo lunes ante la Audiencia Nacional, la alta jurisdicción encargada de los casos de relevancia nacional o internacional, como los de terrorismo.
Bolaños indicó que habían sido detectadas “dos intrusiones” en el celular de Sánchez en mayo de 2021 y una en el de Robles, en junio de 2021. En ambos casos, las intervenciones permitieron extraer “determinado volumen de datos de ambos teléfonos móviles”, añadió el ministro, sin dar más detalles.
Según el diario El País, los hackers extrajeron 2,6 gigas del teléfono del jefe del gobierno en la primera incursión y 130 megabites en la segunda, además de nueve megas del de Robles, pero aún se ignora qué tipo de información se sustrajo y su sensibilidad. En los dos casos se trata de sus teléfonos oficiales, facilitados por el Estado, y no los privados.
“Doble vara de medir”
Estas últimas revelaciones, destaca France Presse, llegan en plena agitación política en España, donde el gobierno del socialista Sánchez lleva días de fuerte tensión con los independentistas catalanes, que acusan al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de haberlos espiado con Pegasus.
El caso explotó el 18 de abril, cuando Citizen Lab, un proyecto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, hizo público un informe que identificaba a más de 60 personas de la órbita independentista (en su mayoría catalana) que habrían tenido sus teléfonos móviles atacados o infectados entre 2017 y 2020 con el software de dos empresas israelíes, Candiru y NSO Group, la desarrolladora del programa Pegasus. El software espía se infiltra en celulares o dispositivos electrónicos para recopilar datos y espiar potencialmente a sus propietarios.
Sin aclarar si los servicios secretos del Estado habían espiado o no, Sánchez anunció la semana pasada que el CNI abriría una investigación interna y se comprometió a “rendir cuentas”. El gobierno regional de Cataluña acusó a la entidad de espiar a los independentistas, y dejó “en suspenso” su relación con las autoridades centrales hasta que se ofrezcan más explicaciones y los responsables sean sancionados.
De hecho, el movimiento separatista catalán respondió con contundencia este lunes al anuncio de Bolaños. El principal aliado del gobierno en el Congreso de los Diputados, el partido independentista catalán de izquierda ERC, dijo que no apoyaría a Madrid hasta que tome medidas para restablecer la confianza.
Pere Aragonès, el presidente regional catalán separatista, dijo el lunes en un mensaje publicado en Twitter: “Cuando el espionaje masivo es contra las instituciones catalanas y el independentismo, silencio y excusas. Hoy, todo son prisas”, dijo. “No lo deseo a nadie. Pero la doble vara de medir es evidente. Contra el independentismo todo vale. Continuamos determinados para llegar hasta el final”, añadió.
Según France Presse, esta crisis tiene una dimensión muy seria para el gobierno minoritario de izquierda de Sánchez, que necesita el apoyo en el Parlamento de la formación de Aragonès para mantenerse en el poder hasta agotar la legislatura, a final de 2023. “El gobierno español es el único responsable de este caso de espionaje, sea por acción o por omisión”, criticó la portavoz del Ejecutivo regional catalán, Patricia Plaja, que volvió a reclamar “una investigación profunda, pública, independiente” sobre el caso.
Figura de la línea dura del independentismo, la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, fue más allá y se preguntó si el gobierno estaba realizando “una maniobra para pasar de verdugos a víctimas”. “No cuela”, lanzó en Twitter.
Las críticas también llegaron desde el opositor Partido Popular. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, consideró una “casualidad política no menor” que la noticia se haya conocido este lunes, coincidiendo con la festividad del Dos de Mayo en Madrid y en la misma semana en la que la ministra Robles tiene una comparecencia institucional para hablar de un asunto que además ha afectado a los apoyos del gobierno y a la salud de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
“Es la primera explicación que el gobierno nos da después de 15 días debatiendo y comentando este asunto. El gobierno ha de saber que cuenta con el apoyo inequívoco del Partido Popular para preservar la seguridad del Estado y todas sus instituciones”, dijo Feijóo. Sin embargo, el presidente del Partido Popular añadió una advertencia: da su respaldo al Ejecutivo de Sánchez, “pero no el apoyo del PP para que aquellos políticos que están en contra de la unidad del Estado participen en la seguridad del Estado”.
En tanto, el organismo de control de la protección de datos de la Unión Europea pidió que se prohíba el uso de Pegasus, por considerar que los gobiernos clientes lo han utilizado para espiar a activistas por los derechos humanos, periodistas y políticos.
NSO asegura que este programa, cuya exportación requiere de la autorización de las autoridades israelíes, solo se vende a Estados para ayudarles a luchar contra el terrorismo y la criminalidad. Pegasus y NSO son, sin embargo, objeto de graves acusaciones desde que un consorcio de medios revelara el año pasado que se había usado para espiar a centenares de políticos, periodistas, activistas de derechos humanos o empresarios.
