El Presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó personalmente la detención de opositores y críticos a su gobierno que fueron sometidos a descargas eléctricas, golpizas, asfixias y otros tratos crueles estando bajo custodia, afirmaron expertos independientes que trabajan para el máximo organismo de derechos humanos de la ONU.
El tercer informe de una misión investigadora sobre Venezuela, comisionada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue difundido el martes, y agrega nuevos detalles sobre una larga serie de violaciones a los derechos -incluyendo posibles crímenes contra la humanidad- que han tenido lugar durante el gobierno del Maduro y que los expertos documentaron por primera vez hace dos años.
Según el documento y la jefa de la misión, Maduro ordenó la tortura en algunos casos, aunque no dieron detalles de ejemplos específicos. La misión de tres personas llegó a esa conclusión principalmente mediante entrevistas con exmiembros de las agencias de inteligencia del país sudamericano.
“Nos basamos en testimonios diversos pero congruentes que recibimos de nuestras fuentes de información, y así intentamos corroborar y verificar este tipo de información”, dijo a The Associated Press la jurista portuguesa Marta Valiñas, quien preside la misión. “Pero eso es lo que recibimos sobre la implicación de altos niveles políticos, incluido el presidente, en lo tocante a determinar quién debía ser vigilado y detenido, y en algunos casos ser sometido a un trato equiparable a actos de tortura u otras formas de maltrato”.
La misión carece de facultades judiciales, pero las pruebas que ha compilado podrían ser utilizadas algún día por la Corte Penal Internacional o algún país que pudiera aplicar la “jurisdicción universal” para procesar presuntos crímenes contra la humanidad.
El gobierno no respondió de momento una solicitud de comentarios de The Associated Press. Tampoco ha respondido a más de 20 cartas que le envió la misión, que no ha recibido autorización para ingresar en el país.
El documento afirma que Maduro y el dirigente del partido gobernante Diosdado Cabello han dado órdenes de que se “identifique a personas que deban ser investigadas”, entre ellas civiles y detractores al gobierno. Las órdenes son cumplidas por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que arrestan a individuos tras “un período de vigilancia e investigación” y los torturan o someten a “tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes”. Algunos fueron torturados durante días o semanas.
El servicio de inteligencia “se sirve de una amplia gama de métodos de tortura, como golpizas, choques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico y posiciones estresantes, así como amenazas de violar o matar a los detenidos y otras formas de tortura psicológica”, dice el reporte.
Añade que entre las víctimas hay líderes opositores, estudiantes, organizadores de protestas, periodistas y personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales.
“Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos”, declaró Valiñas, quien exhortó a las autoridades venezolanas a que consideren con seriedad los hallazgos de la misión y adopten las medidas pertinentes, porque tienen la responsabilidad de investigar y procesar los casos de abusos, pero reconoció que las diversas denuncias “no garantizan que el sistema de justicia actúe de manera independiente e imparcial”.
La misión denunció que las autoridades no han hecho lo suficiente para compensar a las víctimas, y que las violaciones a los derechos continúan “hasta el día de hoy” por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del SEBIN, que está bajo el mando de Cabello.
“Las autoridades venezolanas no han hecho que los perpetradores rindan cuentas ni han brindado reparación a las víctimas en un contexto en el que las reformas judiciales anunciadas en 2021 no han atendido la falta de independencia y de imparcialidad del sistema judicial”, dijo la misión en un comunicado.
La desfachatez de los agentes de inteligencia, según el informe, incluso ha afectado al mismo Maduro. En un ejemplo descrito en el informe, el vehículo privado de Maduro fue detenido por un comando del SEBIN.
“Maduro supuestamente descendió del vehículo y les dijo que entregaran sus armas, a lo que le respondieron ‘usted no es nuestro jefe’”, según el informe. “Maduro supuestamente llamó a la DGCIM para que arrestara a los agentes y subsecuentemente reemplazó” por algún tiempo al director del SEBIN.
El equipo, que llegó a sus conclusiones en parte con base en casi 250 entrevistas, documentó un total de 122 casos de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes de la DGCIM en su sede en Caracas y en centros de detención clandestinos en otras partes del país.
El reporte documenta también violaciones de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco, una remota región del sudeste del país donde prolifera la minería ilegal de oro. La región fue creada en la última década, cuando la industria petrolera que era el sostén del país entró en crisis.
La región se ha militarizado fuertemente y allí se permite la actividad de grupos armados. Los hallazgos de la misión incluyen agresiones a poblaciones indígenas en la zona, donde se han generado oportunidades para el enriquecimiento personal de allegados al poder.
“La Misión ha evaluado información disponible públicamente según la cual miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas y la élite política se han beneficiado y continúan beneficiándose de actividades relacionadas con la minería de oro en el Arco Minero”, dice el reporte.
Los expertos tienen previsto entregar el lunes su reporte al Consejo de Derechos Humanos, que la semana pasada comenzó su sesión de otoño.
