Luego de meses de discusión, el Ministerio de Política Territorial de España ya tiene un plan para desconcentrar los organismos estatales del país. A pesar de que la logística para mudar ciertas instituciones hace el traslado inviable, y muchos sindicatos de funcionarios se han opuesto a la idea, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya encontró la mejor estrategia para fomentar la cohesión territorial: que las entidades que se creen de ahora en adelante tengan su sede fuera de Madrid. Sin embargo, el gobierno descartó sacar de la capital las instituciones centrales del Estado, según informó el diario El País.
La descentralización, reclamada por líderes como el presidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig, ha sido una de las grandes preocupaciones del gobierno de Sánchez. En el informe publicado por el ministerio, se defiende la decisión alegando que “una desconcentración bien planificada podría, además, contribuir a reducir el costo de los servicios públicos, al elegirse ciudades con costos asociados más bajos”.
Empresas como la ferrocarril Renfe ya han estado apostando en esta dirección, instalando centros tecnológicos en ciudades como Mérida, Teruel, Alcázar de San Juan y Linares (provincia de Jaén). El Centro de Estudios Penitenciarios, que abrirá el próximo año, tendrá su sede en la ciudad de Cuenca, mientras que el Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de Energía se instalará en la ciudad de Cáceres.
Uno de los objetivos de esta política es la lucha contra la despoblación: mientras en el 30% del territorio español viven 41 millones de personas, en el restante 70% solo habitan seis millones.
Otra ciudad que se verá beneficiada con este cambio de paradigma en la administración pública española es la turística Benidorm, donde se hará la Plataforma Inteligente de Destinos. Además de la cohesión territorial y la repartición de población en una “España vaciada”, esta medida busca potenciar los aspectos de cada ciudad.
En los últimos años el debate por la descentralización ha estado en las agendas de los políticos españoles, y uno de los últimos capítulos de la discusión tuvo lugar en julio, cuando Pedro Sánchez se cuestionó respecto de las instituciones públicas: “¿Por qué no pueden estar en otras partes de España?”. Esta pregunta, deslizada en una charla sobre el futuro del trabajo en Santander, reactivó la polémica.
Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig: “¿Por qué Turespaña no puede estar en Palma, la sede central del Instituto Español de Oceanografía junto a la playa en Vigo o el Centro Nacional de Danza en Sevilla? ¿Por qué Puertos del Estado no puede estar en Valencia?”.
Otros presidentes de comunidades autonómicas, como Cantabria y Andalucía, se sumaron al cuestionamiento poniéndose a favor del traslado. Sin embargo, la jefa de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se mostró en contra de la idea: “Es, nuevamente, un ataque frontal y directo contra Madrid y, desde luego, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedirlo”.
Desde la Constitución de 1978, España cuenta con una división administrativa donde las Comunidades Autónomas, como Cataluña, Andalucía, País Vasco o Galicia, cuentan con una gran cantidad de atribuciones e instituciones propias. “Cuando hablamos de la descentralización española y de lo elevada que es, nos referimos a que las comunidades autónomas españolas cuentan con muchísimas competencias y poderes de gestión y gobierno, siendo algunas tan importantes como la educación, la salud y vivienda”, comenta a La Tercera el economista Pablo Allende.
Sin embargo, la capital concentra gran parte de los tres poderes del Estado: es la sede de los 22 ministerios, del Congreso de los Diputados y el Senado, del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, entre muchas otras instituciones nacionales.
Ernest Reig, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, ha estudiado este fenómeno en profundidad. “Mientras Madrid representa el 14,2% de la población española, absorbe a estas alturas el 29% del personal total del sector público estatal, proporción que se eleva al 40,1% del personal de los ministerios y al 49,6% del empleo en las agencias estatales. La capitalidad le supone a Madrid una cifra del orden de 150.280 empleados públicos, lo que representa el doble del número de empleos en el sector público estatal que le correspondería si la distribución territorial en España de esos empleos fuera proporcional a la de la población”, asegura en entrevista con La Tercera.
Esto hace que algunos hablen de Madrid como la capital de la burocracia: su gran cantidad de empleados públicos implica una alta concentración del personal cualificado.
En las últimas décadas la migración masiva del campo a las ciudades españolas ha traído un vaciamiento de las urbes más pequeñas, sobre todo en lo que se refiere al personal cualificado. “Con ello se perdió población joven, lo que dejó a esos pueblos envejecidos. Con la pérdida de capital humano desaparecen las personas emprendedoras y la dinámica económica y, por tanto, las inversiones”, comenta Allende.
Un estudio del centro Funcas reportó este año que 23 provincias españolas, entre ellas nueve de Castilla y León, habían perdido más de la mitad de su población en los últimos 70 años, a pesar de que el país en general había duplicado sus habitantes durante el mismo período.
Allende destaca que esto ya no es un problema del mundo rural: “El caso es que lo que antes se circunscribía a los pueblos, se ha extendido a las capitales de provincias, como Soria, Zamora o Teruel, y las nuevas tendencias migratorias indican que estas no consiguen retener el talento y a los jóvenes universitarios por la falta de oportunidades”.
