La Policía Federal (PF) de Brasil desmanteló este martes una organización criminal, mayoritariamente compuesta por militares entrenados por las Fuerzas Especiales -desplegados en la cumbre del G20 en Río de Janeiro-, que planeaba el asesinato del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, para evitar la toma de posesión luego de su victoria en las elecciones de 2022.
La operación apunta a los apodados “Kids pretos” (Niños negros), que serían militares activos y de la reserva. Además de ellos, un policía federal fue arrestado.
Según la PF, había un plan de operación llamado “Daga Verde y Amarilla” para matar a Lula y a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, además del ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
La acción policial, autorizada por el propio De Moraes, cumplió este martes cinco órdenes de detención preventiva, tres de registro y 15 medidas cautelares diversas de prisión.
Uno de los blancos fue el general de la reserva Mario Fernandes, quien fue secretario ejecutivo de la Secretaría General de la Presidencia en el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) y actualmente es asesor del diputado federal Eduardo Pazuello, exministro de Salud del político ultraderechista.
También fueron detenidos los Kids pretos: teniente Coronel Helio Ferreira Lima, mayor Rodrigo Bezerra Azevedo, mayor Rafael Martins de Oliveira y el policía federal Wladimir Matos Soares.
Según la prensa brasileña, dos de los cinco detenidos trabajaban en la seguridad de la cumbre del G20. Los mayores Rafael Martins de Oliveira y Rodrigo Bezerra de Azevedo fueron detenidos en el Comando Militar Oriental, en Río de Janeiro, donde participaban de la GLO (Garantía de Ley y Orden) establecida para los jefes de Estado.
En un comunicado, el Ejército confirmó que se ejecutaron órdenes de arresto en Goiânia y Río de Janeiro y que cuatro militares fueron detenidos. Según la institución, el capitán Lucas Guerellus también fue objeto de búsquedas. “El Ejército brasileño continúa brindando apoyo a las investigaciones en curso, así como a los soldados involucrados y sus familias”, afirmó.
Las investigaciones de la PF señalan que la operación ilícita dedicada al homicidio de Lula y Alckmin estaba pensada para ser ejecutada el 15 de diciembre de 2022, 45 días después de que la fórmula del Partido de los Trabajadores resultara electa por casi el 51% en las elecciones presidenciales.
Folha de Sao Paulo informa que los sospechosos estaban conectados a través de la aplicación Signal en un grupo denominado Copa del Mundo 2022. Cada uno utilizó como nombre en clave el nombre de un país (Alemania, Austria, Brasil, Argentina, Japón y Ghana), para no ser identificados. Asimismo, los uniformados utilizaron el nombre en clave Jeca, que, según los investigadores, aludía a Lula, mientras que Alckmin se llamaba Joca.
“Para la ejecución del presidente Lula, el documento describe, teniendo en cuenta su vulnerabilidad de salud y sus frecuentes visitas a los hospitales, la posibilidad de utilizar envenenamiento o el uso de productos químicos para provocar un colapso orgánico”, detalla el texto de la PF, citando que los militares consideraron “neutralizar " también Alckmin.
Además, el plan criminal incluía la instalación de una “Oficina de Gestión de Crisis Institucional” que estaba pensada para ser integrada por los propios involucrados, y detallaba “los recursos humanos y militares necesarios” para efectuar el crimen, con “un alto nivel de conocimientos técnico-militares”, según la Policía brasileña.
La PF atribuyó participación directa al general Walter Braga Netto, exministro de Defensa de Jair Bolsonaro, en la acción de los “Kids pretos” movilizados para la Operación “Daga Verde y Amarilla”, informó el diario O Estado de Sao Paulo.
La investigación “Contragolpe” indica que Braga Netto recibió, en su casa, el 12 de noviembre de 2022, a un grupo de militares para presentar y aprobar la “planificación operativa de la operación” de una Fuerza Especial en complot golpista. Según el periódico, Braga Neto fue un actor clave en el plan de golpe de Estado: el general sería el coordinador general de una hipotética “Oficina de Gestión de Crisis Institucional” post golpe.
Según el portal G1 de Globo, el operativo, denominado “Contragolpe”, fue autorizado como parte de la investigación que investiga el intento de golpe de Estado y la secuencia de actos antidemocráticos promovidos a lo largo del proceso electoral de 2022, y que culminaron con los actos terroristas del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en un intento de forzar un golpe de Estado contra Lula.
