El gobierno de Daniel Ortega y la oposición reanudaron este viernes el diálogo con evidentes señales de desacuerdo como el rechazo oficial a la observación internacional de los derechos humanos en Nicaragua, en medio de una ola de represión que deja 165 muertos en dos meses de protestas.
En el inicio del diálogo, los obispos católicos que median las conversaciones presentaron la propuesta de la oposición de invitar a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Europea (UE), para observar la situación en el país, pero la delegación oficial se opuso.
"Es lamentable, deplorable, triste que no podamos llegar a un acuerdo", lo que pone "en peligro la estabilidad de la nación", declaró el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez, uno de los jerarcas católicos que median en el diálogo nacional.
La propuesta fue promovida por la opositora Alianza Cívica que integran estudiantes, empresarios y la sociedad civil, ante el baño de sangre que vive el país por la acción de fuerzas policiales y paramilitares contra las protestas antigubernamentales.
La oposición, por su lado, rehusó aprobar una moción del gobierno, representado por el canciller Denis Moncada, que pedía levantar los bloqueos que los manifestantes mantienen desde en las principales vías, e invitar a la ONU y OEA a brindar "acompañamiento para el fortalecimiento del diálogo".
Mientras se desarrollaban las conversaciones a puertas abiertas, al menos cuatro barrios capitalinos eran atacados por paramilitares, al tiempo que se reportaban nuevos enfrentamientos en las ciudades de Juigalpa (este) y Nindirí (sur).
Hay que "parar la represión del Estado de Nicaragua, del gobierno contra la población, ustedes tienen las armas, entregaron las armas a los paramilitares", demandó Sandra Ramos, una de las representantes de la alianza en el diálogo.
"Presidente, en sus manos está que cese la represión", demandó por su lado el líder estudiantil Lesther Alemán
El canciller Moncada lamentó en su intervención el "salvajismo inaudito" que vive el país, negando responsabilidad del gobierno en los hechos de violencia.
Los participantes tenían previsto conocer más tarde en la sesión la respuesta del presidente Ortega a la propuesta de democratización que le presentaron los obispos.