Dina Boluarte irá a fiscalía por muertes en las protestas

Por presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado, este martes 7 de marzo la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tendrá que acudir de forma presencial a la sede de la Fiscalía de la Nación en el centro de Lima. Esto, a causa de las 70 muerte que han acaecido en el contexto de las protestas sociales que siguieron a su toma del poder, en diciembre de 2022.

La abogada de la presidenta, Kelly Montenegro, aseguró que “nunca ha habido intención de querer, digamos, entorpecer u obstaculizar el trabajo que realiza la Fiscalía de la Nación”. Esto, debido a las peticiones que había hecho previamente Boluarte de que su comparecencia frente a los fiscales tuviera lugar de forma virtual. El viernes pasado, en una conferencia de prensa, la misma Boluarte aseguró que asistirá “con sumo agrado” a fiscalía, cuando esta le notificara la diligencia.

El abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera Paz, hizo pública en sus redes sociales la convocatoria, señalando que la mandataria peruana será consultada especialmente por los fallecidos en Ayacucho, Puno y otras regiones del sur de Perú. Allí, las movilizaciones sociales se sintieron con particular fuerza.

La citación fiscal cursada a Boluarte convoca a la misma sede del Ministerio Público donde, semanas atrás, declaró el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, que es investigado por los mismos delitos.

Ya en dos ocasiones Boluarte había pedido una reprogramación de la diligencia para dar su testimonio, pero según indican los medios peruanos, ya se desistió de esa opción. La cuenta de Twitter de la Presidencia del Perú aclaró al respecto: “En las dos fechas programadas por la fiscalía se solicitó que las diligencias sean realizadas vía virtual y no se obtuvo la respuesta”. Sin embargo, no habría habido respuesta a esas solicitudes.

El ministro de Justicia, José Tello, defendió la posición de Boluarte de resistirse a ir a fiscalía de manera presencial: “No es que no quiere ir a la fiscalía, está dispuesta a dar sus declaraciones de manera virtual. Hay que respetar a la presidenta en su decisión, hay que volver a dar a la figura presidencial ese talante de respeto”, aseguró al Canal N.

Según el ministro, las veces anteriores en que un fiscal convocaba al presidente, era el fiscal quien iba al Palacio de Gobierno para recibir las declaraciones, pero esa tradición se habría acabado con Pedro Castillo. Esto último, Tello lo consideró una “falta de respeto a la investidura”.

Las cifras de Defensoría del Pueblo señalan que 48 personas murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden durante las protestas, mientras que un policía murió luego de ser quemado vivo, y otras 11 personas murieron a causa de los bloqueos de carreteras.

Además, Boluarte confirmó otra muerte: la de un paciente que necesitaba llegar a Lima pero no pudo a causa de los bloqueos. En tanto, Unicef reportó la muerte de un bebé nonato, además de la muerte de una mujer en la región de La Libertad, al norte de Perú.

El 10 de enero, el Ministerio Público peruano abrió la investigación preliminar contra Boluarte y funcionarios cercanos, acusando la presunta comisión de delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, en torno a las protestas de diciembre 2022 y enero 2023 en el sur de Perú.

Entre las personas investigadas, se encuentra a ministros y exministros, tales como el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, al ministro de Defensa Jorge Chávez y a los exministros de Interior Víctor Rojas y César Cervantes. Al tratarse de hechos vinculados con altos funcionarios, la investigación la lleva adelante la fiscal de la nación, Patricia Benavides. Así mismo, el caso es visto por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

En tanto, la fiscalía abrió otra investigación preliminar: esta vez, por un supuesto caso de corrupción que pesaría, tanto sobre el ministro de Trabajo, Alfonso Ojeda, como sobre una asesora de la presidenta Dina Boluarte, Grika Asayag. En ese contexto, se investigaría un caso de “uso indebido del cargo y conflicto de intereses”.

Los mismos delitos también caerían sobre el presidente del Seguro Social de Salud, Aurelio Orellana Vicuña. En ese caso, se acusa de un presunto “interés indebido” en el pago de 41 millones de soles (más de 10 millones de dólares) a la empresa Aiona Technology Corporation SAC, que obtuvo en 2020 la licitación para realizar un millón de pruebas Covid rápidas durante la pandemia.