Dos días después de la muerte de 18 personas (17 civiles y un policía) en Puno, en un contexto de manifestaciones, la Presidenta constitucional peruana, Dina Boluarte, se reunió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Palacio de Gobierno. La razón detrás de la visita del CIDH al Perú es observar la situación de derechos humanos, en el contexto de la crisis institucional y de las protestas sociales que se desarrollan desde diciembre pasado.

La visita abarcará un periodo de tres días, que van desde este miércoles hasta el viernes 13, y la delegación estará presente tanto en Lima como en Ica, Arequipa, entre otras ciudades, con el fin de recolectar información de distintos sectores. Asimismo, la comisión asistirá a reuniones con distintas organizaciones de la sociedad civil. La delegación de la CIDH está conformada por distintos representantes, entre los que se encuentran el vicepresidente de la organización, Stuardo Ralón, y el comisionado Joel Hernández.

Esta reunión se produjo un día después de que el pleno del Congreso le otorgara el voto de confianza al gabinete ministerial encabezado por el primer ministro Alberto Otárola, a quien se le entregó la investidura con 73 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones.

Dentro de este último grupo se encuentra Enrique Wong, congresista de Podemos Perú, quien sorprendió con su decisión. Wong comentó en entrevista con la radio RPP que su voto fue con el fin de posicionarse en un espectro neutro, en un escenario donde el Poder Legislativo se encuentra altamente polarizado, y que esto no puso en riesgo la victoria de Otárola.

Por otro lado, Eduardo Salhuana, vocero alterno de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) que votó a favor del primer ministro, explicó a la misma emisora que su voto buscaba contribuir a la gobernabilidad del país frente a la crisis sociopolítica que se está viviendo en el territorio.

Enrique Castillo, periodista y analista político, dijo a RPP que existe la necesidad de conocer si Boluarte apoya o no a Otárola, después de la conferencia que realizó el primer ministro el 9 de enero, en relación a los fallecidos en Puno. “El hecho de que ella no haya aparecido anteanoche ni ayer es un indicador de que ella no está muy comprometida con la posición del primer ministro o le asalta temor por la investigación que se le ha abierto (por los fallecidos en la protesta)”, declaró.

La decisión del Congreso de entregarle el voto de confianza y la investidura a Alberto Otárola generó molestia dentro de la población, lo cual reactivó las protestas en distintas localidades del país. Los manifestantes piden la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la liberación de Castillo, que cumple prisión preventiva de 18 meses mientras lo investigan por “rebelión”, cargo que el exmandatario niega.

En Puno, una de las regiones más afectadas por las manifestaciones, los servicios de transporte urbano se encontraban paralizados debido al toque de queda impuesto el martes. Una situación similar se vivía en los terminales. Por otro lado, cientos de personas rindieron homenaje a los 17 civiles fallecidos llevando ataúdes por las calles antes de su entierro. Muchos tenían fotos de los rostros de las víctimas sobre los féretros adornados con flores y banderas peruanas, mientras culpaban al nuevo gobierno por la violencia.

“La sangre derramada jamás será olvidada”, gritaban otros cargando banderas negras en una marcha en la localidad fronteriza con Bolivia.

Dentro de Tacna, las vías principales que unen los diferentes distritos de la ciudad, incluyendo la carretera Panamericana Sur, fueron bloqueadas por los manifestantes utilizando piedras, con el fin de evitar el paso de vehículos en la zona. En Cusco, el aeropuerto Alejandro Velasco Astete se convirtió en un campo de batalla, donde los enfrentamientos se expanden hasta la Av. 28 de Julio, una de las calles principales de la ciudad. Los manifestantes intentan acceder al aeropuerto, lugar que es protegido por la fuerza policial, quienes utilizan bombas lacrimógenas para dispersar la protesta.

Como parte de un análisis sobre la crisis social y política que azota a Perú, Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, redactó un artículo en su blog “Polítika”, postulando cuál debería ser la salida política que debe realizarse dentro del gobierno.

Tuesta explica en su artículo que la consigna común es el adelanto de las elecciones y que esta puede ser la solución a la crisis: “La tensión y furia de las manifestaciones -con lamentables muertos y heridos y destrucción de propiedad pública y privada- deben ser canalizadas por un tránsito ordenado y constitucional, de lo contrario, esto puede llegar a un absoluto descontrol y fortalecer los extremismos con salidas antidemocráticas” indicó.

Entre los diferentes elementos que constituyen esta alternativa se propone plantear una fecha exacta, tanto para las elecciones como la del fin del mandato de los actuales representantes, que se realice en 2024. Aunque en este aspecto, Tuesta sostuvo que, debido a la furia que se ha cultivado en la población peruana, esta propuesta no recibe el apoyo necesario.

Por parte de los procesos políticos adyacentes, Tuesta expuso en su blog que, con el fin de tener éxito con las elecciones en el caso hipotético, deberían suspenderse las primarias de los partidos políticos, en las que participa la población, sin eliminar las elecciones internas de los partidos, ya que esto, en casos anteriores, resultó en fracaso.