El anuncio de una de las facciones de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de estar dispuesto a negociar la paz con el gobierno de Colombia es recibido como un paso positivo por analistas que también ven impedimentos en la negociación política del cese de la violencia.

La atomización de estos grupos armados y sus implicaciones aún en actividades delictivas son dos factores que podrían complicar el diálogo.

Si prosperan los acercamientos con las llamadas “disidencias” de las FARC, el desarme alcanzaría a más de 3.000 hombres, calcula el senador Ariel Ávila, del partido gobiernista Alianza Verde, quien considera que el Estado Mayor de las FARC, la organización liderada por Néstor Gregorio Vera, cuenta con esa cantidad de fuerzas activas.

Esa agrupación comunicó este fin de semana desde las selvas del Caquetá su voluntad de iniciar un proceso de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro a partir del 16 de mayo y propuso que la mesa fuera instalada en Noruega.

La organización liderada por alias “Iván Mordisco” tiene presencia principalmente en el suroccidente de Colombia, particularmente en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Vichada y el sur del Meta. También tiene influencia en la región pacífica en el Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

De acuerdo con el senador Ávila, en los últimos años esa organización también ha ganado presencia en la frontera con Venezuela, particularmente en los departamentos de Arauca y Norte de Santander.

Organizaciones criminales

“Colombia tiene al ELN (Ejército de Liberación Nacional) y a otras 52 organizaciones criminales. El grupo que se autodenomina Estado Mayor Central de las Farc reúne a 20 de los 28 grupos de disidencias y opera en unos 120 municipios”, explicó Ávila, que ha venido estudiando desde hace varios años la influencia de los grupos armados en Colombia.

Pese al paso dado para abrir un canal de diálogo, el parlamentario duda de que jurídicamente haya cabida para una negociación política. A su juicio, se trata de una banda dedicada al crimen que debería tener un tratamiento diferente, sin otra salida distinta a la del sometimiento a la justicia.

Coincide con esa visión el investigador Juan Diego Posada, de la Fundación Insight Crime que se dedica al estudio de las amenazas a la seguridad que existen en América Latina y el Caribe.

En diálogo con la AP, Posada indicó que el autodenominado Estado Mayor de las Farc tiene vínculos con organizaciones transnacionales dedicadas al narcotráfico en Brasil, como el Comando Vermelho, el PCC (Primer Comando de la Capital) y la Familia del Norte.

“Hay una profunda conexión de ese grupo con el crimen organizado”, dijo Posada. Pero aclaró que buscarán una negociación política con el gobierno partiendo de la base de que su líder ‘Iván Mordisco’, y muchos otros combatientes hoy muestran un gesto de voluntad y de que nunca se acogieron al proceso de paz de 2016.

En cambio, el senador Ariel Ávila recordó que más de 500 combatientes de la estructura liderada por alias “Iván Mordisco”, ya se habían acogido al proceso de paz con el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos. En teoría, no podrían ser incluidos de nuevo en una negociación con el Estado colombiano.

Entre ellos, están varios mandos como alias “Andrey Avendaño” o alias “Richard” y, por eso, prevé que habrá un intenso debate jurídico para resolver su situación.