Un duro impasse entre las iglesias cristianas de Jerusalén y el gobierno israelí mantiene cerrada al Santo Sepulcro desde el domingo, en una medida "sin precedentes" de protesta contra lo que los custodios del lugar consideran un "ataque contra la presencia cristiana en Tierra Santa".
El cierre de uno de los lugares más visitados por los cristianos de todo el mundo, administrado por católicos, armenios y griegos ortodoxos, se produjo "por razones de seguridad" en una acción de la policía israelí que evacuó el domingo de manera inmediata el lugar. Según el diario El País, un peregrino católico argentino dijo que "han sido muy rudos. Está feo que te echen así".
La decisión de los líderes de la iglesia católica, griega ortodoxa y armenia de Jerusalén se debe a dos iniciativas impulsadas por autoridades israelíes calificadas por ellos como "un intento de debilitar la presencia cristiana en Jerusalén".
La primera es un proyecto de ley del gobierno israelí para expropiar tierras en Jerusalén vendidas por las iglesias a empresas privadas desde 2010. Sin embargo, la propuesta que aún debe ser votada en el Parlamento, sería analizada por un comité del gabinete israelí el domingo, pero la votación se aplazó.
Según su impulsora, la diputada Rachel Asaria, del partido de centro Kulanu, la iniciativa solo afecta terrenos ya vendidos a inversores privados y que nunca se tocarán terrenos que sigan siendo propiedad de la iglesia. El objetivo es proteger las viviendas de cientos de personas que habitan en terrenos que la iglesia vendió demasiado baratos a constructores privados. Para las iglesias, principales propietarias de tierras en la ciudad, dicen que la ley les haría más difícil encontrar compradores para sus terrenos.
El patriarca griego de Jerusalén, Teófilo III, calificó la ley de "discriminatoria y racista" y afirmó que "recuerda a leyes de naturaleza similar aprobadas contra los judíos en Europa en períodos oscuros".
Respecto al impuesto municipal, se anunció hace meses el cobro del "arnona" (impuesto sobre bienes inmuebles) a las iglesias por las propiedades no destinadas al culto y recientemente comenzó a congelar cuentas ante los impagos.
El alcalde Nir Barkat defendió su decisión de que se tasen "las propiedades comerciales, como hoteles, salones y negocios", y aseguró que las iglesias deben US$ 186 millones, una suma que "no tienen que soportar los residentes de la ciudad", informó el digital Times of Israel.
Los líderes cristianos denunciaron una "campaña sistemática" que "alcanzó recientemente un nivel sin precedentes", que, consideran, "rompen los acuerdos existentes y las obligaciones internacionales que garantizan los derechos y privilegios de las Iglesias", poniendo en peligro "el delicado tejido de relaciones entre las comunidades cristianas y las autoridades durante décadas".
Según El País, "las propiedades de las diferentes iglesias de Tierras Santa siempre han estado en el ojo del huracán. Especialmente las del Patriarcado Greco-Ortodoxo, protagonista en las últimas décadas de varias polémicas ventas que incluso llevaron a la destitución del anterior patriarca de Jerusalén, Irineo, al que la comunidad local acusó de participar activamente en la judaización de Jerusalén Este. Entre los terrenos que poseen está el lugar donde se emplaza el Parlamento israelí y fueron alquiladas por el patriarcado, a principios de los años cincuenta, al recién nacido Estado israelí por 99 años, prorrogables por otros tantos".
