"Con la atención del mundo centrada en la desnuclearización de Corea del Norte, crecen las preocupaciones de que los abusos contra los derechos humanos en el país podrían pasarse por alto". En un artículo escrito hace unos días en el diario The Korea Herald, la columnista Jung Min-kyung advertía así sobre el acuerdo alcanzado entre el Presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un el 12 de junio pasado en Singapur, el cual, hizo notar, "no incluyó cláusulas para mejorar las tan criticadas condiciones de los derechos humanos en Corea del Norte".
Ya en 2014 un informe de investigación de la ONU denunciaba que el gobierno norcoreano no solo controlaba el acceso a alimentos, sino que también torturaba y enviaba personas a campos de prisioneros políticos, y que estaba detrás de "desapariciones forzadas", incluso en "la forma de secuestros de ciudadanos de otros estados". Ese mismo reporte estimaba que entre 80.000 y 120.000 presos políticos permanecían detenidos en cuatro grandes campos de prisioneros norcoreanos.
La última evaluación de las necesidades de Corea del Norte, realizada por el equipo de las Naciones Unidas en marzo de 2017, reveló que 10,5 millones de personas, o el 41% de la población, estaban desnutridas. El estudio también mostró que las raciones recibidas a través del sistema de distribución pública, de las cuales dependen 18 millones de personas, cayeron por debajo de la meta del gobierno de un promedio de 573 gramos por persona al día. Es decir, un 70% de la población sufre inseguridad alimentaria.
Condiciones críticas que son ratificadas en un nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), al que tuvo acceso La Tercera en Seúl, en el marco de una invitación del Ministerio de RR.EE. de Corea del Sur. Este estudio pone el acento en la separación involuntaria de las familias coreanas, además del fenómeno de la deserción de los norcoreanos.
"Según el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, 1.127 personas de Corea del Norte llegaron al país en 2017. Esta es una disminución con respecto a años anteriores", explicó a La Tercera Signe Poulsen, representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Seúl. Por ejemplo, se estima que en 2015 unos 1.275 norcoreanos escaparon a Corea del Sur, de los cuales el 80% correspondía a mujeres. "Una razón por la que están llegando menos personas es porque las autoridades de Corea del Norte y China han reforzado la seguridad en la frontera", comentó Poulsen.
Con todo, "la mayoría de los escapes conducen a una interrupción de los lazos familiares", destaca el informe. Tan pronto como llegan a China y a otros países del sudeste asiático, las víctimas se vuelven extremadamente vulnerables al abuso. Su inseguridad se ve agravada por el temor a la repatriación forzada que los obliga a tomar rutas peligrosas por la noche a lo largo del río Tumen para evitar ser descubiertos por los guardias fronterizos.
En la mayoría de los casos, "las personas que salen de Corea del Norte lo hacen con la ayuda de brokers chinos y coreanos que coordinan sus movimientos en ambos lados de la frontera", señala el estudio. Si bien estos intermediarios a menudo son el único acceso de las víctimas al mundo exterior, también los obligan a la explotación y el abuso en el sector informal. La situación es peor para las mujeres, y muchas se ven obligadas a casarse y prostituirse. La trata de personas es tan común en la frontera entre Corea del Norte y China que las víctimas dejan Corea del Norte plenamente al corriente de los riesgos y generalmente saben que tendrán que "negociar" el tipo de trabajo o explotación al que serán sometidos con brokers en China.
