El mes más letal en cuanto a armas de fuego en cuatro años, resumió el periódico Dagens Nyheter. Así pasó a la historia el pasado mes de septiembre en Suecia, país escandinavo ubicado al norte de Europa, que vio la pérdida de 11 personas a manos de tiroteos o incluso atentados con bombas. Y la respuesta del gobierno de derecha de Ulf Kristersson, el primer ministro sueco, será la puesta en marcha de un plan de seguridad que incluye drones, un sistema de reconocimiento facial y cerca de 2.500 cámaras de vigilancia.
Los ataques entre bandas delictuales, principalmente ligados al narcotráfico, movilizó a las fuerzas políticas afines al gobierno para encontrar una solución. A fines de septiembre, se anunció la entrada del ejército de Suecia para apoyar a la policía, asistencia que inició esta semana con la ayuda en el análisis y logística, así como en el manejo de explosivos y trabajos forenses, detalló BBC. Pero un nuevo paso se dio en ese rumbo con el anuncio del primer ministro de la inclusión de equipo tecnológico a la lucha contra la violencia entre bandas.
Este marte, el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, anunció la “ofensiva de cámaras”, la que instalará más de estos equipos en un país que, desde el cambio de milenio, no ha instalado más de unos centenares de cámaras policiales. En la actualidad, hay cerca de 11.500 en la capital, al menos en el apartado privado.
La integración de 2.500 de ellas –que se instalarían el próximo año– es un paso importante en un país que, tradicionalmente, ha visto su utilización con escepticismo, detalló el medio The Times. Ya se había planteado la adición de 1.600 de ellas, pero en vista de las circunstancias, el Ejecutivo elevó la cifra a 900 más de lo presupuestado originalmente. Según el ministro de Justicia, esto significará quintuplicar el número de cámaras desde que el gobierno actual entró al poder.
Esta vez, sin embargo, la medida es vista con buenos ojos por gran parte del arco político, excluida la izquierda y los partidos verdes, que temen sea una respuesta demasiado dura y que atente contra la privacidad de las personas, aseguró el periódico británico. Una de las medidas que se empezó a aplicar desde esta semana es que los servicios de seguridad están facultados para realizar escuchas telefónicas sin contar con pruebas preliminares sobre un presunto delito, explicó The Times.
Los potenciales cambios de ley que busca implementar el gobierno del premier Ulf Kristersson también permitirían un uso activo de drones, así como la utilización de cámaras externas, como las de la Administración Sueca de Transportes.
“Las cámaras son extremadamente importantes en una situación como esta”, planteó Strömmer, informó Euractiv. “En una situación en la que cada vez menos gente se atreve a hablar con la policía, la necesidad de pruebas técnicas es crucial, y ya sabemos que las cámaras son extremadamente importantes”, agregó.
En cambio, la oposición socialdemócrata se adhirió a la posición del premier sueco, quien dijo que las cámaras serán “integrales” en la lucha contra las bandas y que el reconocimiento facial –basado en inteligencia artificial– y el de patentes de vehículos ayudará a seguir la pista de los presuntos delincuentes.
Magdalena Andersson, líder de la oposición socialdemócrata y ex primera ministra del país escandinavo, calificó la situación como una “emergencia nacional”, justificando, entre otras cosas, la utilización del ejército para contener la crisis, consignó The Times.
El mismo medio explicó que los atentados suelen ser perpetrados por “niños soldados”, jóvenes menores de 21 años provenientes de barrios periféricos de Estocolmo, la capital sueca, Malmo y otras grandes ciudades del país, muchos ellos de familias migrantes que están a la deriva, explicó el periódico ubicado en Londres.
La comisaria de policía del condado de Estocolmo, Carin Gotblad, quien trabaja en el área más álgida de los tiroteos en la capital, aseguró que las bandas reclutan a unos mil jóvenes al año, agregó el mismo medio. Es por esto que, además del planteamiento tecnológico, el gobierno de Kristersson busca endurecer considerablemente las penas contra los miembros de bandas menores de 21 años.
