Economía, diálogo político y reinserción internacional: Los mayores desafíos para el nuevo presidente de Brasil

A 12 años de su última presidencia, Luiz Inácio Lula da Silva regresa al Palacio de Planalto. La casa de gobierno en la que ejerció dos mandatos entre 2003 y 2010, lo ve retornar a sus 77 años de vida. Sin embargo, las necesidades y preocupaciones de los brasileños que lo vieron dirigir al país en ese entonces no son las mismas que hoy, y los desafíos políticos del nuevo mandatario también deberán actualizarse.

La inflación, palabra que se repite en todo el mundo producto de los más de dos años de pandemia por el Covid-19 y los más de ocho meses de guerra entre Rusia y Ucrania, no le son ajenos a la economía más grande de Sudamérica.

Para diversos analistas, este era uno de los factores principales que los votantes miraban previo a la elección. Según Bloomberg, “el estado de la economía es, con bastante margen, la principal preocupación de los votantes brasileños”, detalló la agencia de noticias.

En conversación con La Tercera, el economista y profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Sao Paulo, Glauco Peres da Silva, aseguró que “el gasto público se ha visto comprometido”, por lo que el próximo período presidencial “tendrá dificultades para realizar las inversiones necesarias para revertir el escenario de crisis económica que atravesamos”.

Actualmente, el país cuenta con su menor nivel de desempleo en siete años, sin embargo, este aún se encuentra por sobre el 9%. Por otro lado, se espera que Brasil termine el año con una expansión del 2,7% del producto interno bruto, así como con una desaceleración de la inflación que ronde el 5,8%, superando las expectativas que economistas hacían a principio de 2022, según Bloomberg.

Frente a este último punto, uno de los ejes programáticos del líder del Partido de los Trabajadores (PT) apunta a revisar el techo de gasto fiscal y el actual régimen fiscal brasileño. Instaurada en 2016 por el gobierno de Michel Temer, esta política buscaba impedir ampliar los gastos del gobierno de turno por encima de la inflación del momento, así como congelar por dos décadas el presupuesto de la nación.

Por otro lado, para intentar reactivar los negocios de micro y medianos empresarios, Lula prometió la renegociación de deudas de empresas afectadas por la pandemia. Según el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae), cerca de un millón de esta categoría de negocios debió cerrar sus puertas debido a la crisis financiera derivaba del Covid-19.

“El futuro puede incluso esperar a que hagamos algo nuevo, pero no podemos dejarte morir por la deuda que contrajiste por la pandemia. Tendremos que tomarnos muy en serio la negociación de sus deudas”, dijo Lula en una reunión con pequeños empresarios en Sao Paulo antes de la primera vuelta, detalló Gazeta do Povo.

La tasa de interés básica, otro factor de interés ciudadano, se encuentra en los niveles más altos en seis años, alcanzando un 13,75% anual. Número que, según economistas citados por el medio G1 de Globo, debería ver una pequeña reducción en 2023, pero seguirá siendo un problema con el que el nuevo inquilino del Palacio de Planalto tendrá que lidiar. En cuanto al crecimiento económico, el que registró un 4,6% en 2021, también verá una desaceleración durante el próximo año, sumándose a la lista de tareas por enfrentar.

Tanto los tiempos en los debates sobre leyes como la discusión del presupuesto con el que el líder del PT gobernará deberán pasar por un Parlamento con el que Lula tendrá que dialogar y negociar para la aprobación de su programa. Para Glauco Peres da Silva, el gobierno entrante “deberá centrarse en retomar la negociación con el Congreso para poder impulsar una agenda positiva de políticas públicas. Esta es la más delicada y difícil de resolver”.

Según el sitio La Política Online (LPO), el gran temor del mandatario es que el órgano legislativo mantenga el mismo poder que tuvo de la mano de Jair Bolsonaro, especialmente en lo que compete al llamado “Presupuesto secreto”. Gracias a este mecanismo, el que rige desde 2020, un parlamentario se encarga cada año de sugerir a los ministerios federales cómo y dónde debe destinar las partidas presupuestarias, donde el congresista funciona como un “relator”.

Ante esta realidad, Peres da Silva dijo a este medio que “será necesario retomar la elaboración del presupuesto, donde la política del ‘Presupuesto secreto’ convierte al Presidente en rehén del Poder Legislativo, y también abogar por el restablecimiento de acuerdos creíbles con los parlamentarios”.

Con la renovación de la totalidad de la Cámara de Diputados y de la mitad del Senado, “el próximo Congreso, por tanto, jugará un papel clave en cualquier evento” dijo a LPO el analista y consultor político, Antonio Augusto de Queiroz. Y el escenario preliminar, donde aliados del vencido presidente Bolsonaro obtuvieron una histórica victoria, indica que la tarea de Lula no será fácil.

La retórica antiglobalista, uno de los pilares del discurso de Bolsonaro, buscará ser dejada atrás por el líder del Partido de los Trabajadores. El actual mandatario amenazó con retirar a Brasil de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y hacer lo propio con el Acuerdo de París sobre el clima, si bien no concretó tales medidas.

Dichas posturas de Bolsonaro llevaron a Brasil a distanciarse de la Organización de Naciones Unidas, a la que acusó de amenazar la soberanía del país, o a minimizar las consecuencias del Covid-19 en el momento más crudo de la pandemia.

Reintegración que va de la mano con una nueva política ambientalista, materia en la que Bolsonaro fue duramente cuestionado a lo largo de toda su gestión. Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil, la deforestación en la Amazonía brasileña ha aumentado en comparación a inicios de 2019, llegando a los niveles más altos desde 2008, cuando Lula era presidente.

Según Peres da Silva, uno de los factores a considerar es precisamente la gestión en materias que durante el gobierno de Bolsonaro desaparecieron del mapa, o perdieron mucho terreno. “Otro aspecto político a tratar tiene que ver con la reanudación de importantes políticas públicas. El gobierno de Bolsonaro quitó recursos a muchas políticas públicas, como los organismos para combatir la deforestación y fomentar la cultura”, aseveró.

Un informe de la Asociación Hutukara Yanomami, organización que defiende al pueblo yanomami de Brasil, aseguró que, durante 2021, la minería ilegal aumentó en un 46% en comparación al año anterior en el territorio indígena yanomami en el estado de Roraima, detalló la revista Nature.

Ante la pérdida del sitial ambientalista que ostentaba el gigante sudamericano, uno de los planes del entrante mandatario, según UOL, sería convocar rápidamente a una cumbre climática, ya sea a nivel regional o incluso mundial. Evento en el que Lula plantearía sus compromisos medioambientales y forjaría alianzas al respecto, así como disminuir la desconfianza de la comunidad internacional sobre el tema, detalló el medio brasileño.