Las autoridades penitenciarias de Ecuador han confirmado que el ex vicepresidente Jorge Glas ha sido trasladado a una cárcel de la ciudad de Guayaquil después de que esta pasada madrugada la Policía entrara en la Embajada de México para efectuar su detención, un incidente que ha provocado la ruptura inmediata de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
El comunicado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), publicado en redes sociales, anuncia que Glas -a quien identifica como “el ciudadano Jorge G.” - ha sido trasladado al Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N° 3, más conocido como la cárcel de La Roca, la prisión de máxima seguridad que alberga a algunos de los criminales más notorios del país.
El traslado tuvo lugar después de que el exvicepresidente se pasara toda esta madrugada en la Unidad de Delitos Flagrantes de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, en Quito.
Ya en La Roca, las autoridades penitenciarias le realizarán una evaluación médica que “será ubicado de conformidad con los criterios de clasificación inicial” penitenciaria, de acuerdo con la nota del SNAI, que especifica que el traslado ha tenido lugar “en medio de un estricto operativo coordinado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.
Frente a la condena de México y otros países latinoamericanos como Venezuela, Cuba, Bolivia, Brasil, Chile u Honduras, así como de la Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha defendido el operativo para detener al exvicepresidente al esgrimir que una condena previa contra Glas prevalece sobre una condición de asilado político cuya validez además fue disputada por el mandatario ecuatoriano.
Glas, cabe recordar, permanecía desde mediados de diciembre en la sede diplomática mexicana, donde ingresó argumentando temor por su seguridad y libertad personal. La Embajada lo acogió como huésped y sus abogados ya informaron hace semanas de que habían entregado una solicitud formal para el pedido de asilo político.
Esta maniobra del exvicepresidente se produjo después de que la Policía Nacional ordenara su detención para prestar declaración ante la Fiscalía por el caso de posible malversación de caudales públicos en la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016, que dejó más de 670 muertos.
