El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este miércoles un nuevo estado de excepción en siete de las 24 provincias del país, debido a un aumento en el número de delitos en esas zonas del país.

La medida, que tiene el respaldo del Consejo de Seguridad Pública y del Estado ecuatoriano (Cosepe), que se reunió en Quito, tendrá una vigencia de 60 días en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Sucumbíos, Orellana y Los Ríos, así como en una zona de la provincia de Azuay, según un decreto firmado por Noboa, quien en enero declaró a Ecuador en guerra interna y calificó a 22 bandas criminales como grupos terroristas.

En sus redes sociales, Noboa aseguró que su gobierno avanza a “una segunda etapa en la guerra” contra el crimen. El 9 de enero pasado decretó a Ecuador en conflicto armado interno para enfrentar a la delincuencia.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, en un comunicado, agregó que “el Gobierno Nacional identificó que los grupos narcoterroristas se han atrincherado y han concentrado sus acciones en estas zonas”. Agregó que así continuarán con los “operativos que permitan desmantelar estas redes criminales”, de acuerdo al reporte del medio ecuatoriano ‘Primicias’.

Las fuerzas de seguridad podrán ingresar a viviendas e interceptar correspondencia en las provincias en estado de excepción, tras las investigaciones a organizaciones criminales, de acuerdo al decreto.

Noboa culpa de la violencia -incluida la invasión en enero de una estación de televisión por parte de hombres armados y una toma masiva de rehenes de guardias penitenciarios- a las bandas de narcotraficantes que mueven cocaína desde Colombia y Perú a través de Ecuador.

Anteriormente había utilizado declaraciones de estado de excepción para aumentar las operaciones policiales y militares destinadas a combatir miles de asesinatos y otros delitos.

El gobierno dice que las muertes violentas cayeron un 28% en los primeros dos meses del año, en comparación con el mismo período de 2023, aunque ha reconocido que otros delitos como los secuestros y la extorsión aumentaron.

La oficina del fiscal general está investigando ocho casos de posibles ejecuciones extrajudiciales que supuestamente tuvieron lugar durante el estado de excepción más reciente del país, en medio de advertencias de grupos de derechos humanos respecto a que las autoridades no estaban tomando medidas para prevenir abusos.