El fiscal especial que investiga la interferencia rusa en las elecciones de noviembre de 2016, Robert Mueller, acusó a 13 rusos y tres organizaciones de ese país de usar de manera ilegal las plataformas de redes sociales para sembrar la discordia en el sistema político estadounidense y de realizar acciones que respaldaron la candidatura de Donald Trump y denigraron a su oponente, Hillary Clinton.
A estos ciudadanos rusos se les acusa de asociarse ilícitamente para obstruir las funciones legítimas del gobierno de EE.UU. mediante el fraude y el engaño, incluso mediante gastos relacionados con la elección de 2016. Los acusados también apoyaron a Bernie Sanders, rival de Clinton durante las primarias demócratas, y emprendieron acciones contra los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, rivales de Trump durante las primarias para la nominación presidencial republicana.
Según el diario The New York Times, se trata de las primeras acusaciones realizadas por Mueller en el marco de la investigación por la influencia rusa. En la acusación, el fiscal especial dice que 13 individuos conspiraron desde 2014 para violar leyes que prohíben que extranjeros inviertan dinero para influenciar elecciones federales en Estados Unidos. El diario señala que aunque es improbable que los rusos sean arrestados inmediatamente, están siendo buscados por el gobierno de Estados Unidos, lo que dificultará que viajen o que hagan negocios de manera internacional.
Para la revista The Atlantic, la acusación es una suerte de reproche implícito al Presidente Donald Trump que en reiteradas ocasiones se ha negado a reconocer el rol de Rusia en las elecciones, al señalar que muchas personas pueden haber estado involucradas. También ha rechazado la idea de que la interferencia lo podría haber ayudado. Esto complicó la relación con toda la comunidad de inteligencia estadounidense, que ha concluido que Rusia interfirió en las elecciones. El martes, de hecho, altos funcionarios, algunos de ellos designados por Trump, reafirmaron esa postura y dijeron que Rusia también podría tratar de intervenir en las elecciones de medio mandato de 2018.
De los 13 individuos contra los que presentó cargos Mueller, 12 trabajaron en algún momento para la empresa Internet Research Agency, con sede en San Petersburgo. Según el fiscal especial, los acusados se hacían pasar por activistas estadounidenses y usaban identidades ficticias en redes sociales para ponerse en contacto con ciudadanos de EE.UU. y pedirles su apoyo en diferentes causas políticas, como por ejemplo, ayudar a Trump a "reforzar las fronteras". Una vez que reunían la información sobre esos estadounidenses, Internet Research Agency se encargaba de recolectar sus identidades.
La empresa elaboró una lista y, a finales de agosto de 2016, ya disponía de información de contacto, como usuarios en redes sociales, de 100 ciudadanos de EE.UU., así como un resumen de sus preferencias políticas y la actividad de movilización política para la que había pedido su colaboración.
Según Mueller Internet Research Agency tenía millones de dólares de presupuesto a su disposición para lograr su meta declarada, que era "difundir la desconfianza hacia los candidatos y hacia el sistema político en general", según aparece en el escrito. Los acusados viajaron al menos a ocho de los 50 estados de EE.UU. y, en esos viajes, trabajaron con un estadounidense, al que no identifican.
En todo caso, el fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, dijo que la justicia no halló pruebas de que la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 haya tenido algún impacto en el resultado.
