El Gobierno de Estados Unidos condenó este lunes la decisión de las autoridades policiales de Hong Konng de ofrecer recompensas de un millón de dólares hongkoneses (unos 117.000 euros) por información que permita la detención de ocho activistas acusados de violar la ley de seguridad nacional, dictada desde Beijing y cuestionada por defensores de Derecho Humanos.
El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, manifestó que “la aplicación extraterritorial de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Beijing es un precedente peligroso que amenaza los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de personas de todo el mundo”.
“Pedimos al Gobierno de Hong Kong que retire inmediatamente esta recompensa, respete la soberanía de otros países y ponga fin a la aplicación internacional de la Ley de Seguridad Nacional”, solicitó Miller.
Asimismo, ha señalado que Washington, que apoya el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, seguirá oponiéndose “a los esfuerzos de represión transnacional” de las autoridades chinas, “que socavan los Derechos Humanos”.
Las autoridades de Hong Kong han querido relanzar la causa contra varios destacados activistas, entre ellos los exdiputados Nathan Law, Dennis Kwok y Ted Hui, el abogado Kevin Yam y el sindicalista Mung Siu Tat. La lista dada este lunes por el jefe de la Policía, Steve Li, se completa con los nombres de Finn Lau, Anna Kwok y Elmer Yuan.
Se trata en cualquier caso de personas que viven fuera de Hong Kong, en concreto en Canadá, Australia, Estados Unidos y Reino Unido, aunque Li ha denunciado que también en el extranjero han seguido llevando a cabo actividades que ponen en riesgo la seguridad nacional. “No estamos lanzando ninguna amenaza. Estamos cumpliendo la ley”, se defendió.
El Gobierno chino impuso la ley de seguridad nacional en 2020, a raíz de las protestas opositoras que pusieron en jaque el año anterior el régimen de la antigua colonia británica. Desde la entrada en vigor de esta norma, han sido detenidas al menos 260 personas, dos terceras partes de las cuales han sido imputadas.
