EE.UU. denuncia abusos de las fuerzas de seguridad y casos de corrupción en Chile

El Departamento de Estado difundió el informe llamado 2022 Human Rights Report, un sumario que evalúa anualmente la situación particular de los derechos humanos de cada país y remarca ciertas cuestiones particulares a las que prestar atención. En el caso de Chile, el informe hace alusión a abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, así como casos de corrupción gubernamental.

El Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado es uno de los informes insignia de la diplomacia norteamericana. Cada año, las embajadas y consulados de Estados Unidos recaban información sobre abusos y violaciones contra los derechos humanos en 198 países y territorios.

Según explicó el secretario de Estado Antony Blinken en una conferencia de prensa este lunes, este informe ha servido durante más de medio siglo como “un recurso vital para gobiernos, investigadores, grupos de defensa, periodistas y voces de conciencia en todo el mundo que trabajan para promover el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas por la injusticia”.

Sobre Chile, señala que hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos. “Los asuntos importantes de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: asesinatos arbitrarios o ilegales; trato cruel, inhumano y degradante por parte de agentes del orden; violencia contra los indígenas; y violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales”, detalla.

Si bien el informe reconoce que “hubo informes aislados de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales”, destaca que “el gobierno tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en actos de corrupción”. En ese sentido, detalla que “la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público investigaron si los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad eran justificables y enjuiciaron los casos de presuntos homicidios ilegítimos”.

“Aunque la Constitución y la ley prohíben tales prácticas, hubo reportes ocasionales de fuerza excesiva, abuso y trato degradante por parte de los agentes del orden”, destaca el informe del Departamento de Estado, que agrega: “Los grupos de derechos humanos informaron que la impunidad era un problema en las fuerzas de seguridad, especialmente en Carabineros. El INDH tiene la autoridad para presentar casos de derechos civiles alegando asesinatos arbitrarios”.

El reporte también aborda la situación carcelaria en Chile. Al respecto, señala que “las organizaciones de derechos humanos informaron que la atención médica deficiente, la violencia y el abuso por parte de los guardias eran problemas en varias prisiones. Según el INDH y otros observadores, las condiciones en algunas cárceles eran malas debido a la infraestructura anticuada, el hacinamiento, la infraestructura sanitaria deficiente y el suministro de agua inadecuado”. En ese sentido, el informe habla de “condiciones físicas abusivas”: “La población del sistema penitenciario estaba distribuida de manera desigual, con aproximadamente el 50% de las prisiones operando más allá de su capacidad máxima, mientras que otras estaban despobladas”.

“La Constitución prohíbe el arresto y la detención arbitrarios y establece el derecho de cualquier persona a impugnar la legalidad de su arresto o detención ante un tribunal. El gobierno no siempre observó estos requisitos”, destaca el reporte.

El Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado también incluyó los casos de corrupción gubernamental. Si bien destaca que “la ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios y, en general, el gobierno implementó la ley de manera efectiva”, reconoce que “hubo informes aislados de corrupción gubernamental durante el año”.

El Departamento de Estado hace alusión a tres casos mediáticos. “A partir de septiembre, Miguel Ángel Aguilera, exalcalde del municipio de San Ramón, se encontraba bajo arresto domiciliario pendiente de juicio. En julio de 2021 fue acusado de soborno reiterado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”, detalla.

También recuerda que los fiscales presentaron cargos contra exoficiales del Ejército acusados de corrupción. “Para el 16 de noviembre se programó una audiencia de preparación de juicio oral contra el excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, por malversación de fondos públicos y lavado de dinero. La Fiscalía Nacional también presentó una moción solicitando una sentencia de 10 años para la esposa de Fuente-Alba por su papel en el encubrimiento del uso de fondos públicos. En una audiencia preliminar de agosto de 2021, los fiscales solicitaron una sentencia de 15 años para Juan Miguel Fuente-Alba”, resume el reporte.

Asimismo, destaca que “el 13 de julio, la Fiscalía confirmó la detención de Karen Rojo, exalcaldesa de Antofagasta, quien huyó del país tras ser condenada por fraude al Fisco”.

El reporte también dedica espacio a la violencia de género, incluidas la violación y el femicidio, flagelos que cataloga como “un problema importante”. “Aunque las mujeres poseen la mayoría de los mismos derechos legales que los hombres, las organizaciones locales de derechos humanos informaron que el gobierno no hizo cumplir la ley de manera efectiva y que la discriminación persistía en el empleo, el salario, la propiedad y gestión de empresas y la educación”, consigna.

“La igualdad de trato y la no discriminación están explícitamente protegidas en la Constitución, y el Código del Trabajo prohíbe específicamente la discriminación”, apunta el Departamento de Estado. Sin embargo, alerta que “hubo informes de discriminación contra las minorías raciales y los inmigrantes en la salud pública y la educación”.

“Los migrantes haitianos y venezolanos, incluidos los afrodescendientes, denunciaron xenofobia y discriminación en sus comunidades locales. En septiembre de 2021 y en enero, varios miles de ciudadanos participaron en protestas antiinmigrantes en la ciudad norteña de Iquique, incluidos ataques a campamentos de migrantes”, recuerda.

También se alude a los indígenas, asegurando que “experimentaron discriminación social, incluso en el empleo”. “Hubo informes de incidentes en los que personas indígenas fueron atacadas y hostigadas. Se registraron denuncias de abusos policiales contra personas y comunidades mapuche, incluidos niños. El INDH inició acciones judiciales para proteger los derechos constitucionales de las personas mapuche, incluidos niños, niñas y adolescentes, en casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”, concluye.