Estados Unidos y Reino Unido anunciaron ayer nuevas sanciones contra funcionarios e instituciones del gobierno de Nicaragua, en un aparente intento de aumentar la presión diplomática contra el Presidente Daniel Ortega, tras su polémica reelección en las urnas este mes.
El mandatario centroamericano, en el poder desde 2007 tras haber gobernado en la década de 1980, acaba de ser reelegido para un cuarto mandato consecutivo en unos comicios no reconocidos por Washington y buena parte de la comunidad internacional, pero sí por Corea del Norte, Cuba y Venezuela.
El Departamento del Tesoro emitió una lista de sancionados en la que está el superintendente de bancos, el director del Instituto Nicaragüense de Energía, el presidente y el vicepresidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, además del Ministerio Público, señalado de perseguir y encarcelar a opositores a Ortega.
“Esta acción está dirigida a quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales”, dijo la dependencia gubernamental estadounidense en un comunicado, y detalló que la decisión es “en respuesta” a las elecciones del 7 de noviembre en el país centroamericano.
El gobierno de Ortega no contestó de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters sobre las sanciones, que implican el bloqueo de propiedades de esas personas en Estados Unidos o de cualquier entidad en la que tengan el 50% o más de participación.
Más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico anunció prohibiciones de viaje y congelación de activos a ocho funcionarios de alto rango de Nicaragua, entre ellos la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, el fiscal general y el presidente de la Corte Suprema.
Reino Unido explicó que las medidas fueron coordinadas con Estados Unidos y Canadá, y justificó la inclusión de Murillo “por su participación en la represión de manifestaciones respaldada por el Estado, el descrédito de periodistas independientes y la exclusión de candidatos de la oposición de las elecciones”.
Entre 2017 y 2021, Washington ha sancionado a 37 funcionarios del país centroamericano y a varias instituciones, mientras que Londres ya había impuesto esa clase de medidas contra otros siete representantes del gobierno de Ortega en los últimos años.
