El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela mediante la resolución 42/25 por un período de un año, para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014. A pocos días que se cumpliera el plazo para esa investigación, los expertos entregaron este miércoles su informe en Bruselas con un balance lapidario para el régimen de Nicolás Maduro: la misión de la ONU, por primera vez, establece responsabilidades individuales sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano, al que responsabiliza de delitos de lesa humanidad.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales - incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura - constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo la abogada portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la Misión, que también integran los abogados Paul Seils (Reino Unido) y Francisco Cox Vial (Chile). “Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, agregó Valiñas.
La Misión no pudo visitar Venezuela debido a que el gobierno “no respondió a las reiteradas solicitudes”, señala el informe. Además, el grupo de expertos se enfrentó a otras restricciones de viaje debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, realizó 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios del Estado, abogados, representantes de ONG y personal internacional. También analizó una serie de documentos confidenciales, incluidos expedientes y presentaciones de casos judiciales e información de fuente abierta.
Así, la Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, el equipo de expertos examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.
La Misión constató que el gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.
Informe Misión Internacional Independiente ONU
Al respecto, el documento afirma que “la Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los ministros del Interior (Néstor Reverol) y de Defensa (Vladimir Padrino López) tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.
La Misión, prosigue el informe, “investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad”.
Dos fuerzas de seguridad -el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) - fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe. Por ello, el reporte de la Misión es categórico: “Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas”.
La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado. “El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado”, describe el informe. Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.
“Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas”, dijo Valiñas, quien destacó: “Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó”.
Sin embargo, en la primera reacción oficial al documento, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, lo calificó como un “informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington, (que) ilustra la práctica perversa de hacer política con los DD.HH. y no política de DD.HH.”.
“Reiteramos que nuestra cooperación con el Consejo de DD.HH. de la ONU, se ha generado de manera coordinada y constructiva con la Oficina de la Alta Comisionada (de la ONU para los Derechos Humanos). Los avances han sido notorios y así lo ha reconocido la Sra. Michelle Bachelet al anunciar la renovación de nuestra relación”, indicó Arreaza. Sin embargo, Bachelet presentó en julio un informe en el que denunciaba “detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso” y casos de “tortura y desapariciones forzadas”.
