La crisis de representatividad en Perú quedó una vez más a la vista tras la divulgación de la última encuesta de alcance nacional realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Con un margen de error del 2,8%, el sondeo reveló que el 87% de la población peruana estaría de acuerdo con que saliera toda la plana mayor de la política nacional, incluyendo al Presidente Pedro Castillo y todos los congresistas, si el Parlamento inhabilitara al mandatario en alguno de los procesos que estos últimos han impulsado.
Una pugna de meses entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, la que incluyó la denegación de salida del país contra Castillo –y de paso botando la cumbre de la Alianza del Pacífico en México–, una acusación del Congreso por una supuesta traición a la patria y una denuncia constitucional, no solo ha socavado la aprobación del mandatario, sino que también del órgano legislativo. Crisis que se vio profundizada con la renuncia, el jueves pasado, del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y su posterior recontratación como asesor de la cartera por su sucesora, Betssy Chávez. Renuncia que, además, obliga a la renovación de la totalidad del gabinete de Castillo.
Con datos recolectados entre el sábado 19 y el jueves 24 de noviembre, mismo día en que renunció el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, la encuesta IEP aseguró que cerca del 87% estaría de acuerdo con adelantar las elecciones generales y elegir nuevos representantes para el cargo de presidente, pero también de todo el Congreso de Perú.
Dicha intención de renovación total se daría, consultó el sondeo, en el caso de que el Parlamento logre avanzar en uno de los dos procesos en curso actualmente que buscan inhabilitar al Presidente Castillo. Por el contrario, solo el 8% de los encuestados dijo estar a favor de que, en el mismo escenario, solo se elija a un nuevo mandatario y que se mantenga el Congreso actual hasta 2026.
Con una acusación por traición a la patria basada en la supuesta intención de Pedro Castillo de entregar una salida al mar a Bolivia, y otra denuncia constitucional que aún se discute en el Parlamento, este último órgano del Estado buscaba sacar al mandatario del poder sin tener que renovar el Congreso, pese a que la encuesta IEP muestra que la ciudadanía buscaría lo contrario.
La popularidad de la Cámara, en línea con el deseo de recambio entre los consultados, es aún más baja que la de Pedro Castillo, reveló el sondeo. Un 86% dijo reprobar el desempeño del poder Legislativo, versus un 10% que aseguró respaldar su trabajo. José Williams, presidente de dicha instancia, también se maneja en números peores que los del criticado mandatario: el 68% de los consultados dijo desaprobar su gestión, mientras que un 14% la acepta.
En la vereda contraria, Castillo vio una leve mejora en su imagen ante la ciudadanía en comparación con la anterior versión del sondeo realizada a mediados de octubre. En aquel momento, un 25% de los consultados dijo apoyar la gestión del mandatario, cifra que se elevó al 31% en esta encuesta. Por otro lado, el 61% de las personas aseguró no tener una buena impresión del trabajo del Presidente.
Según Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del IEP, “toda la serie de amenazas entre ambos poderes solo incide en un descrédito de la política. Y, tal como sucedió en agosto, los últimos ataques del Congreso y la respuesta presidencial, el hecho de que el gobierno responda o incluso tome la iniciativa en los ataques, parece ser un elemento que contribuye con el aumento de su aprobación”, dijo a El Comercio.
Consultada por el medio peruano, Zárate agregó que “las acciones del Congreso como la denuncia al presidente por traición a la patria o la denegatoria de permiso para viajes al exterior, parecen contribuir con la baja aprobación congresal”.
Crisis en el gabinete
Cuando parecía que el Tribunal Constitucional le tendía una mano al mandatario, luego de que este jueves 24 la Comisión Permanente del Congreso devolviera a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe con que el Parlamento buscaba avanzar en la inhabilidad de Castillo por una supuesta traición a la patria, otro terremoto quebró la pequeña victoria del mandatario. Aníbal Torres, el entonces presidente del Consejo de Ministros, presentaba su renuncia luego de que el Congreso rechazara “de plano” la cuestión de confianza planteada una semana atrás.
Según la mayoría de la mesa directiva del Congreso, la iniciativa del gobierno interfería “directamente” con las atribuciones exclusivas y excluyentes del Parlamento. El rechazo se dio bajo el argumento de que esto chocaba directamente con el artículo 206 de la Constitución de Perú, el que hace referencia a que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el órgano Legislativo, detalló El Comercio.
La consecuencia directa de la renuncia de Torres fue el forzamiento de la renovación del gabinete ministerial de Pedro Castillo, proceso que empezó con la designación de Betssy Chávez en el cargo de presidenta del Consejo de Ministros. Y fue la propia Chávez quien este domingo designó a su renunciado predecesor como asesor II del Despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, convirtiendo a Aníbal Torres en colaborador directo de la cartera que días atrás lideraba.
La encuesta del IEP también midió la percepción de la ciudadanía peruana frente a una posible solución a la crisis de representatividad que vive la nación, y el impacto que la visita del Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) podría tener.
Según el sondeo, un 49% de los peruanos cree que el organismo regional podría ayudar a superar la situación, mientras que un 42% opinó lo contrario. La delegación, que arribó el pasado 20 de noviembre y se marchó el 23 del mismo mes, mantuvo reuniones con distintos políticos del país, e hizo un llamado al diálogo entre el Ejecutivo y el Parlamento.
“En el marco del mandato dispuesto por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Grupo de Alto Nivel para analizar la situación en Perú hace una vez más un llamado a los actores de los poderes del Estado, otros poderes públicos, grupos y a la sociedad civil en general a iniciar un proceso de diálogo inclusivo, a fin de preservar la institucionalidad democrática, la democracia representativa y la paz social, en beneficio del pueblo peruano”, afirmaron en un comunicado posterior a la visita.
